Judicial
Desarrollan audiencia inicial contra acusados de la tragedia en el estadio Cuscatlán
La defensa de los tres dirigentes de Alianza y dos empleados de EDESSA señalados por la Fiscalía como responsables de la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán, el pasado 20 de mayo, llegó a un acuerdo con más de medio centenar de víctimas para conciliar por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, lo cual permitió que los cinco procesados quedaran en libertad
En la audiencia inicial realizada este viernes en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador autorizó la salida alterna por esos delitos ya que la normativa lo permite.
«Es importante determinar que se ha llegado a un arreglo conciliatorio total en relación a los homicidios culposos y las lesiones culposas a través de todas esta jornada, esta maratón que hemos tenido, creo que hemos tenido resultados que como defensa nos hemos esperado», dijo el defensor Miguel Anaya.
Los acusados por el ministerio público son: Pedro Hernández, Edwin Abarca Ventura y Zoila Córdova, presidente, gerente y financiera de Alianza FC, respectivamente; así como Reynaldo Avelar Contreras, Gerente General de EDESSA y Samuel García Montano, encargado de las llaves del Estadio.
La audiencia comenzó en horas de la tarde ya que durante la mañana las 51 personas que resultaron lesionadas y los parientes de los nueve fallecidos estuvieron reuniéndose por separado con fiscales y defensores como parte del acercamiento y determinar si acordaban la conciliación.
En las investigaciones que la Fiscalía desarrolló, se determinó que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los dirigentes y empleados de EDESSA procesados.
Los argumentos sostenidos por la representación fiscal es que los imputados estaban en la obligación de garantizar el desarrollo adecuado del encuentro futbolístico entre Alianza FC y Club Deportivo FAS como parte de los cuartos de final de la liga mayor y que definiría el club que avanzaría a las semifinales del torneo que fue dado por finalizado.
En cuanto al delito de estragos públicos culposos hubo una suspensión condicional del procedimiento que también les abrió el camino para quedar libres.
La Fiscalía había acusado por estragos públicos agravados, pero la jueza dijo que no existió dolo e intención de causar daño y por lo tanto no hay agravante y calificó el delito como estragos públicos culposos. «Todos los delitos se tipificaron como culposo y se sobreyó por todos los delitos», agregó Anaya.
El 20 de mayo, un estampida humana en el sector popular del estadio Cuscatlán provocó la muerte de 9 personas -y no 12 como se dijo en el primer momento- y provocó algún tipo de lesiones en decenas de aficionados, pero solo 51 casos de lesionados fueron judicializados.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, en el 2023.
«Este sujeto aprovechó que la menor estaba jugando con otras niñas y tenía la puerta de su casa abierta, cuando la víctima estuvo un momento a solas Pérez ingresó a la casa y la violó», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, al siguiente día ingreso nuevamente a la vivienda de la niña y abusó de ella, la amenazó y la golpeó en la cara para que no contara lo sucedido.
La fiscalía detalló que por estos hechos fue sentenciado a 20 años de prisión, la cual fue impuesta por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
