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Exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán es condenado a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas

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Narciso «Chicho» Ramírez, exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, fue condenado el jueves 1 de junio a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Junto a Ramírez fueron condenadas otras 22 personas que junto a él conformaron una banda de tráfico de personas (coyotes) que cobraban a sus víctimas para transportarlas de forma irregular a Estados Unidos.

La condena fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, que declaró culpables al exalcade y a la banda de traficantes de personas que él lideró. 

La Fiscalía General de la República aseguró que Ramírez fue uno de los cabecillas de esta «compleja» banda de coyotes que comenzó a ser investigada desde el año 2018. El fiscal que lideró la acusación en el juzgado dijo que los integrantes de la estructura tenían diferentes funciones. «Unos dirigían, otros eran los promotores de los viajes ilegales hacia los Estados Unidos, otros hacían labores de coordinación para el traslado y albergue. Los colaboradores ejercían labores de vigilancia de la presencia policial y otros eran los guías para trasladarlos a puntos ciegos de la frontera en el occidente del país», dijo.

En total, la Fiscalía logró identificar a 44 víctimas de la banda de traficantes de «Chicho» Ramírez, entre ellos menores de edad, de nacionalidad hondureña, guatemalteca y nicaragüense, que fueron engañadas por esa estructura y que llegaron a pagar entre $5,000 y $17,000 por viaje.

Ramírez fue alcalde de San Francisco Menéndez en cuatro períodos, entre 2006 y 2018, bajo la bandera de distintos partidos políticos, como PDC, Arena y GANA. El exalcalde incluso fue investigado y acusado por el mismo delito de tráfico de personas en el año 2002, antes de involucrarse en la política, pero resultó absuelto de cargos.

Siendo alcalde, en 2010, protagonizó un tiroteo en el que resultó con heridas de gravedad y fue hospitalizado y en el que murieron un guardaespaldas suyo, el empresario guatemalteco Pedro Crespín y su guardaespaldas. En esa ocasión el exalcalde tampoco tuvo consecuencias legales.

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Otro de los cabecillas de la banda del exalcalde es Pedro Alfonso Aguirre Rivas, quien recibió la condena más fuerte, 76 años de cárcel. Mientras que Wilfredo Alejandro Castro Morán fue condenado a 50 años de prisión. Ambos por los mismos delitos que «Chicho» Ramírez.

La Fiscalía informó que otros condenados fueron Walter Otoniel Aguirre Rivas, a 49 años de prisión; José Rutilio Martínez, a 47 años; Éber Ricardo Gómez, a 43 años; Ronaldo Iván Sánchez Pérez, a 41 años; Erick Adalid Silva Ramírez, a 39 años; Sara Beatriz López de Aguirre, a 25 años; Cora Maritza Alas, Mileydi Maricies Menéndez Salinas y Brenda Roxana Caishpal Valencia, a 23 años; y José Oliberto Martínez Castro, Raúl Humberto Alas Arévalo y William Ernesto Carrillo García, a 21 años.

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Prisión para mujer que estafó $8,000 por una falsa costrucción en La Libertad

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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.

Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.

Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.

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PNC captura a tres personas con marihuana en residencial Terranova de San Miguel; una de ellas había sido reportada como desaparecida

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La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres y una mujer durante un procedimiento en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde se localizó marihuana y objetos presuntamente vinculados a su distribución. Los detenidos son Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años; José Luis Méndez Argueta, de 21, y Dixma Alexander Amador Torres, de 23. Aguilar Fuentes había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes de ser localizada en el operativo.

Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana (sin especificar cantidad), una balanza electrónica, una picadora para droga, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Los tres quedaron bajo custodia y serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga.

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La PNC no ha detallado las circunstancias exactas que llevaron al operativo ni el rol específico atribuido a cada uno de los capturados. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales.

El caso se suma a los operativos que la institución realiza de forma permanente contra el tráfico y posesión de sustancias ilícitas en el oriente del país.

Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.

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Condenan a cinco años de cárcel a un hombre que amenazó de muerte a su propia madre en Santa Ana

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El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a cinco años de prisión a José Andrés Ábrego Coto, de 31 años, por los delitos de amenazas en perjuicio de su madre y resistencia. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en una vivienda de la colonia Gerardo Barrios, distrito de Santa Ana.

Ábrego Coto llegó al domicilio de su madre y la amenazó con quitarle la vida. Ante el temor de que cumpliera la amenaza, la víctima pidió auxilio a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes llegaron al lugar lo encontraron en el exterior de la vivienda y le ordenaron someterse a una requisa personal, pero el imputado se negó y debió ser neutralizado.

Durante el proceso, la madre del condenado manifestó que su hijo ya había sido procesado anteriormente por causarle lesiones y que cumplió una condena por ese delito. El caso se tramitó por la vía de juicio sumario.

La sentencia confirma la detención del imputado y cierra el proceso por estos hechos específicos. Las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de protección para la víctima.

Este tipo de casos de violencia intrafamiliar reiterada pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la actuación policial inmediata.

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