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Exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán es condenado a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas

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Narciso «Chicho» Ramírez, exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, fue condenado el jueves 1 de junio a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Junto a Ramírez fueron condenadas otras 22 personas que junto a él conformaron una banda de tráfico de personas (coyotes) que cobraban a sus víctimas para transportarlas de forma irregular a Estados Unidos.

La condena fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, que declaró culpables al exalcade y a la banda de traficantes de personas que él lideró. 

La Fiscalía General de la República aseguró que Ramírez fue uno de los cabecillas de esta «compleja» banda de coyotes que comenzó a ser investigada desde el año 2018. El fiscal que lideró la acusación en el juzgado dijo que los integrantes de la estructura tenían diferentes funciones. «Unos dirigían, otros eran los promotores de los viajes ilegales hacia los Estados Unidos, otros hacían labores de coordinación para el traslado y albergue. Los colaboradores ejercían labores de vigilancia de la presencia policial y otros eran los guías para trasladarlos a puntos ciegos de la frontera en el occidente del país», dijo.

En total, la Fiscalía logró identificar a 44 víctimas de la banda de traficantes de «Chicho» Ramírez, entre ellos menores de edad, de nacionalidad hondureña, guatemalteca y nicaragüense, que fueron engañadas por esa estructura y que llegaron a pagar entre $5,000 y $17,000 por viaje.

Ramírez fue alcalde de San Francisco Menéndez en cuatro períodos, entre 2006 y 2018, bajo la bandera de distintos partidos políticos, como PDC, Arena y GANA. El exalcalde incluso fue investigado y acusado por el mismo delito de tráfico de personas en el año 2002, antes de involucrarse en la política, pero resultó absuelto de cargos.

Siendo alcalde, en 2010, protagonizó un tiroteo en el que resultó con heridas de gravedad y fue hospitalizado y en el que murieron un guardaespaldas suyo, el empresario guatemalteco Pedro Crespín y su guardaespaldas. En esa ocasión el exalcalde tampoco tuvo consecuencias legales.

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Otro de los cabecillas de la banda del exalcalde es Pedro Alfonso Aguirre Rivas, quien recibió la condena más fuerte, 76 años de cárcel. Mientras que Wilfredo Alejandro Castro Morán fue condenado a 50 años de prisión. Ambos por los mismos delitos que «Chicho» Ramírez.

La Fiscalía informó que otros condenados fueron Walter Otoniel Aguirre Rivas, a 49 años de prisión; José Rutilio Martínez, a 47 años; Éber Ricardo Gómez, a 43 años; Ronaldo Iván Sánchez Pérez, a 41 años; Erick Adalid Silva Ramírez, a 39 años; Sara Beatriz López de Aguirre, a 25 años; Cora Maritza Alas, Mileydi Maricies Menéndez Salinas y Brenda Roxana Caishpal Valencia, a 23 años; y José Oliberto Martínez Castro, Raúl Humberto Alas Arévalo y William Ernesto Carrillo García, a 21 años.

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A 32 años de cárcel fue condenado ancianito que violó a menor de edad

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Jorge Alberto Ochoa fue condenado a 32 años de cárcel tras comprobarse que abusó sexualmente de una niña de 12 años desde el 2014 hasta el 2019, según estableció la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución detalló que este criminal era el empleador del padre de la víctima y que se aprovechó de la confianza que le habían brindado para ofrecerse a colaborar en tareas del hogar y mandados.

«Cuando la menor se encontraba en casa del imputado, este comenzó a agredirla sexualmente y tiempo después comenzó a violarla bajo amenazas de dejar de ayudar a sus padres», expuso la fuente fiscal sobre el comportamiento del criminal.

Ochoa fue denunciado en 2019 por los abusos y violaciones cometidos contra la menor, pues la víctima reveló a sus familiares lo sucedido tras sufrir ese mismo año un colapso nervioso al ver nuevamente al agresor. Esta familia se había mudado de un sector de Chalatenango a otro, pero Ochoa los logró ubicar.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde expuso al abusador. Las pruebas presentadas por los fiscales del caso evidenciaron la participación del acusado en los delitos de violación en menor o incapaz agravada continuada y agresión sexual en menor agravada continuada.

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Jovencita es enjuiciada por asesinar con tijeras a un hombre en Ciudad Delgado

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Por el homicidio de Rafael Antonio Rauda, de 58 años, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, comenzó el juicio a Darlyn Suleyma Ramírez, señalada por la Fiscalía General de la República de haberlo asesinado con tijeras.

Según la acusación, el 2 de abril de 2023, la imputada llegó a la habitación de un mesón en la colonia Patricia, de Ciudad Delgado, donde residía Rauda, tras una invitación que le había hecho.

Previamente el hombre le había llamado a su excompañera de vida para presumirle que a su cuarto iba llegar una mujer más joven y más bonita para pasar la noche con él.

La Fiscalía General de la República logró encontrar a un testigo con régimen de protección quien en una entrevista en sede fiscal dijo que observó a la imputada ingresar a la casa de la víctima.

Mencionó que Ramírez llegó en un taxi entre las 8:30 y 9:00 de la noche y que se retiró cerca de la medianoche, agregó que como a las 6:00 de la mañana del siguiente día, observó que la puerta de la habitación de Rafael estaba medio abierta y al ver si algo había ocurrido observó que estaba tendido en la cama con unas tijeras incrustadas en el cuello.

La vista pública continuará el próximo viernes con la presentación de más prueba que la Fiscalía ha incorporado al expediente, en el primer día del juicio la imputado dijo que no rendirá declaración.

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Envían a juicio a “Chiquillo Periquillo Power” por ejercer violencia en contra del presidente Bukele

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El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, envió a vista pública a Sigfrido Alexander Orellana Meléndez, conocido en redes sociales como «Chiquillo Periquillo Power», por los delitos de violencia contra funcionarios públicos y proposición y conspiración y apología para cometer el delito de rebelión o sedición.

Además del auto apertura a juicio, el juzgado le giró orden de captura ya que es procesado como imputado ausente, en la resolución emitida se instruye a la Policía Nacional Civil (PNC) que se hagan gestiones a nivel local e internacional para que se emita alerta roja con miras a localizarlo e iniciar un proceso de extradición.

El fiscal del caso dijo en la audiencia preliminar que el 23 de agosto de 2022 a través de Facebook, Orellana Meléndez en una transmisión en vivo emitió una serie de comentarios y aseveraciones que riñen con la Constitución y ejercen violencia en contra del presidente de la República Nayib Bukele.

«Es así como el Juzgado Segundo de Instrucción ha tomado a bien los elementos probatorios que se han puesto a disposición y por un lado ha dado por establecido que así como nosotros hemos presentado el dictamen fiscal se han establecido ambos delitos», sostuvo el representante del ministerio público.

La Fiscalía asegura que con la prueba documental, pericial y testimonial se pasó a juicio para que un tribunal de sentencia deduzca responsabilidades.

«A partir de las reformas al Código Procesal Penal, el juez ha tenido a bien seguir con el proceso penal en ausencia y ha decretado la imposición de la medida de detención provisional y librar oficio para la difusión roja», agregó el fiscal.

En febrero de 2024, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia, San Salvador lo condenó a seis años de prisión y al pago de 10 salarios mínimos concepto de responsabilidad civil.

La pena le fue impuesta por el delito de acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación, amenazas con agravación especial, así como expresiones de violencia contra las mujeres.

En ese juicio se validó todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y declaró al imputado como responsable de los delitos. El imputado se ha dedicado a realizar comentarios denigrantes en contra del colectivo de mujeres y de algunos políticos.

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