Judicial
Exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán es condenado a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas
Narciso «Chicho» Ramírez, exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, fue condenado el jueves 1 de junio a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Junto a Ramírez fueron condenadas otras 22 personas que junto a él conformaron una banda de tráfico de personas (coyotes) que cobraban a sus víctimas para transportarlas de forma irregular a Estados Unidos.
La condena fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, que declaró culpables al exalcade y a la banda de traficantes de personas que él lideró.
La Fiscalía General de la República aseguró que Ramírez fue uno de los cabecillas de esta «compleja» banda de coyotes que comenzó a ser investigada desde el año 2018. El fiscal que lideró la acusación en el juzgado dijo que los integrantes de la estructura tenían diferentes funciones. «Unos dirigían, otros eran los promotores de los viajes ilegales hacia los Estados Unidos, otros hacían labores de coordinación para el traslado y albergue. Los colaboradores ejercían labores de vigilancia de la presencia policial y otros eran los guías para trasladarlos a puntos ciegos de la frontera en el occidente del país», dijo.
En total, la Fiscalía logró identificar a 44 víctimas de la banda de traficantes de «Chicho» Ramírez, entre ellos menores de edad, de nacionalidad hondureña, guatemalteca y nicaragüense, que fueron engañadas por esa estructura y que llegaron a pagar entre $5,000 y $17,000 por viaje.
Ramírez fue alcalde de San Francisco Menéndez en cuatro períodos, entre 2006 y 2018, bajo la bandera de distintos partidos políticos, como PDC, Arena y GANA. El exalcalde incluso fue investigado y acusado por el mismo delito de tráfico de personas en el año 2002, antes de involucrarse en la política, pero resultó absuelto de cargos.
Siendo alcalde, en 2010, protagonizó un tiroteo en el que resultó con heridas de gravedad y fue hospitalizado y en el que murieron un guardaespaldas suyo, el empresario guatemalteco Pedro Crespín y su guardaespaldas. En esa ocasión el exalcalde tampoco tuvo consecuencias legales.

Otro de los cabecillas de la banda del exalcalde es Pedro Alfonso Aguirre Rivas, quien recibió la condena más fuerte, 76 años de cárcel. Mientras que Wilfredo Alejandro Castro Morán fue condenado a 50 años de prisión. Ambos por los mismos delitos que «Chicho» Ramírez.
La Fiscalía informó que otros condenados fueron Walter Otoniel Aguirre Rivas, a 49 años de prisión; José Rutilio Martínez, a 47 años; Éber Ricardo Gómez, a 43 años; Ronaldo Iván Sánchez Pérez, a 41 años; Erick Adalid Silva Ramírez, a 39 años; Sara Beatriz López de Aguirre, a 25 años; Cora Maritza Alas, Mileydi Maricies Menéndez Salinas y Brenda Roxana Caishpal Valencia, a 23 años; y José Oliberto Martínez Castro, Raúl Humberto Alas Arévalo y William Ernesto Carrillo García, a 21 años.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.




