Judicial
Desarrollan audiencia inicial contra acusados de la tragedia en el estadio Cuscatlán
La defensa de los tres dirigentes de Alianza y dos empleados de EDESSA señalados por la Fiscalía como responsables de la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán, el pasado 20 de mayo, llegó a un acuerdo con más de medio centenar de víctimas para conciliar por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, lo cual permitió que los cinco procesados quedaran en libertad
En la audiencia inicial realizada este viernes en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador autorizó la salida alterna por esos delitos ya que la normativa lo permite.
«Es importante determinar que se ha llegado a un arreglo conciliatorio total en relación a los homicidios culposos y las lesiones culposas a través de todas esta jornada, esta maratón que hemos tenido, creo que hemos tenido resultados que como defensa nos hemos esperado», dijo el defensor Miguel Anaya.
Los acusados por el ministerio público son: Pedro Hernández, Edwin Abarca Ventura y Zoila Córdova, presidente, gerente y financiera de Alianza FC, respectivamente; así como Reynaldo Avelar Contreras, Gerente General de EDESSA y Samuel García Montano, encargado de las llaves del Estadio.
La audiencia comenzó en horas de la tarde ya que durante la mañana las 51 personas que resultaron lesionadas y los parientes de los nueve fallecidos estuvieron reuniéndose por separado con fiscales y defensores como parte del acercamiento y determinar si acordaban la conciliación.
En las investigaciones que la Fiscalía desarrolló, se determinó que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los dirigentes y empleados de EDESSA procesados.
Los argumentos sostenidos por la representación fiscal es que los imputados estaban en la obligación de garantizar el desarrollo adecuado del encuentro futbolístico entre Alianza FC y Club Deportivo FAS como parte de los cuartos de final de la liga mayor y que definiría el club que avanzaría a las semifinales del torneo que fue dado por finalizado.
En cuanto al delito de estragos públicos culposos hubo una suspensión condicional del procedimiento que también les abrió el camino para quedar libres.
La Fiscalía había acusado por estragos públicos agravados, pero la jueza dijo que no existió dolo e intención de causar daño y por lo tanto no hay agravante y calificó el delito como estragos públicos culposos. «Todos los delitos se tipificaron como culposo y se sobreyó por todos los delitos», agregó Anaya.
El 20 de mayo, un estampida humana en el sector popular del estadio Cuscatlán provocó la muerte de 9 personas -y no 12 como se dijo en el primer momento- y provocó algún tipo de lesiones en decenas de aficionados, pero solo 51 casos de lesionados fueron judicializados.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
