Judicial
Depravado sexual engañó a estudiante y abusó de ella por 15 días al mantenerla raptada en Santo Tomás
Un sujeto fue condenado a 14 años de prisión tras de haber sido declarado culpable por raptar a una estudiante de enfermería y violarla durante 15 días en su vivienda ubicada en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
El depravado sexual fue identificado por la Fiscalía como Mauricio Antonio Flores Escobar.
La institución informó que el 12 de diciembre de 2018 la estudiante de enfermería se encontraba en el parque San José, del centro capitalino, cuando el sujeto se le acercó diciendo que la podía ayudar.
Escobar le dijo a la joven que tenía algunos contactos en el Colegio Médico para que ellos le ayudaran a conseguir un trabajo en cualquier hospital del sistema público. Para poder establecer el contacto, el hombre le pidió el número de teléfono.
Delincuente pidió a la víctima su currículum
La joven, sin imaginarse lo que iba a suceder, aceptó e intercambiaron números. Transcurridos unos días, el 18 de diciembre, el hombre le pidió que le llevara su hoja de vida a la casa y que de paso le ayudara a cuidar a una persona enferma.
La joven llegó a la vivienda, tocó la puerta y el hombre abrió y la tomó por la fuerza y la introdujo a la casa en Santo Tomás.
El delincuente mantuvo privada de libertad a la estudiante durante 15 días, tiempo en el cual aprovechó para violarla en reiteradas ocasiones.
Pasados los 15 días, la víctima logró escapar y fue a interponer la denuncia contra el sujeto, por lo que la Policía lo capturó.
El caso fue a parar al Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador donde fueron admitidas las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre las que había peritajes del instituto de Medicina Legal.
El sujeto fue condenado a 14 años de cárcel por el delito de violación y privación de libertad.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
