Judicial
Bessy Ríos denuncia ante la Fiscalía un supuesto pacto criminal entre los exfiscales Meléndez y Melara para protegerse las espaldas
Tomado de Diario El Salvador
Este jueves 26 de mayo, la abogada Bessy Ríos interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso en contra de los exfiscales de la república Douglas Meléndez y Raúl Melara por los delitos de incumplimiento de deberes y omisión en la investigación.
Ambos exfiscales habrían evitado que el papá de Raúl Melara, el abogado Romeo Melara Granillo fuera investigado y procesado por la compraventa de un terreno valuado en $2,500, ubicado en Ciudad Delgado, cuya «vendedora» tenía cuatro meses de fallecida, según la denunciante.
«En diciembre de 2018 se le avisó a Douglas Meléndez por parte del señor Gerardo Maltez que se había otorgado la compraventa de la señora Zoila Celestina Muñoz en el mes junio de 2018 con una corrección en noviembre del mismo año, pero que al revisar en el Centro Nacional de Registros (CNR) la señora Muñoz había fallecido en abril del 2018, por lo que era imposible que hubiera otorgado la compraventa», explicó Ríos, quien acudió a inteponer la demanda.
Agregó que el documento de la venta del inmueble se elaboró en el despacho jurídico de Romeo Melara Granillo, padre de Raúl Melara.
«El señor Douglas Meléndez todavía tuvo un mes después de recibir las correcciones para proceder en contra del abogado Melara, sin embargo, no hizo nada. Raúl Melara asume el cargo como fiscal el 3 enero de 2019, el 8 de ese mismo mes, mandó a secuestrar toda la documentación por dicho aviso», expuso Ríos.
Según la demandante, en diciembre de 2019, quien interpuso el aviso, Gerardo Maltez era jefe de registro del CNR y fue acusado por el exfiscal Melara de pertenecer a una red que había estafado y extorsionado. Maltez fue arrestado en su domicilio.
«La Fiscalía emitió varios tuits donde aseguraban que el señor Maltez es un delincuente, el propio Melara en su cuenta personal de Twitter publicó que «el señor Maltez es un delincuente». Tras ser capturado don Gerardo pasó 2 años en la cárcel acusado de 17 delitos, de los 17 él ha ganado todos los casos», indicó la abogada.
La intención del aviso es que el actual titular de la Fiscalía se abstenga de apelar estos procesos a favor del señor Maltez, «porque es evidente que aquí hubo otra cosa», segun la denunciante.
«Mi pregunta y el cuestionamiento es, haber, Douglas Meléndez tuvo un mes y no hizo nada, cuando entra Melara al que meten preso, es al que avisa de las irregularidades y el notario [Romeo Melara Granillo] donde se cartuló todo, está impune. Esperamos que el actual fiscal ya no vaya a apelar las resoluciones a favor del señor Maltez», detalló.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
