Judicial
Bessy Ríos denuncia ante la Fiscalía un supuesto pacto criminal entre los exfiscales Meléndez y Melara para protegerse las espaldas
Tomado de Diario El Salvador
Este jueves 26 de mayo, la abogada Bessy Ríos interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso en contra de los exfiscales de la república Douglas Meléndez y Raúl Melara por los delitos de incumplimiento de deberes y omisión en la investigación.
Ambos exfiscales habrían evitado que el papá de Raúl Melara, el abogado Romeo Melara Granillo fuera investigado y procesado por la compraventa de un terreno valuado en $2,500, ubicado en Ciudad Delgado, cuya «vendedora» tenía cuatro meses de fallecida, según la denunciante.
«En diciembre de 2018 se le avisó a Douglas Meléndez por parte del señor Gerardo Maltez que se había otorgado la compraventa de la señora Zoila Celestina Muñoz en el mes junio de 2018 con una corrección en noviembre del mismo año, pero que al revisar en el Centro Nacional de Registros (CNR) la señora Muñoz había fallecido en abril del 2018, por lo que era imposible que hubiera otorgado la compraventa», explicó Ríos, quien acudió a inteponer la demanda.
Agregó que el documento de la venta del inmueble se elaboró en el despacho jurídico de Romeo Melara Granillo, padre de Raúl Melara.
«El señor Douglas Meléndez todavía tuvo un mes después de recibir las correcciones para proceder en contra del abogado Melara, sin embargo, no hizo nada. Raúl Melara asume el cargo como fiscal el 3 enero de 2019, el 8 de ese mismo mes, mandó a secuestrar toda la documentación por dicho aviso», expuso Ríos.
Según la demandante, en diciembre de 2019, quien interpuso el aviso, Gerardo Maltez era jefe de registro del CNR y fue acusado por el exfiscal Melara de pertenecer a una red que había estafado y extorsionado. Maltez fue arrestado en su domicilio.
«La Fiscalía emitió varios tuits donde aseguraban que el señor Maltez es un delincuente, el propio Melara en su cuenta personal de Twitter publicó que «el señor Maltez es un delincuente». Tras ser capturado don Gerardo pasó 2 años en la cárcel acusado de 17 delitos, de los 17 él ha ganado todos los casos», indicó la abogada.
La intención del aviso es que el actual titular de la Fiscalía se abstenga de apelar estos procesos a favor del señor Maltez, «porque es evidente que aquí hubo otra cosa», segun la denunciante.
«Mi pregunta y el cuestionamiento es, haber, Douglas Meléndez tuvo un mes y no hizo nada, cuando entra Melara al que meten preso, es al que avisa de las irregularidades y el notario [Romeo Melara Granillo] donde se cartuló todo, está impune. Esperamos que el actual fiscal ya no vaya a apelar las resoluciones a favor del señor Maltez», detalló.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
