Judicial
Así fue como Funes manejó la estructura sofisticada con la que logró burlar hasta a la Sala de lo Constitucional para apropiarse de $351 millones
Durante año y medio el ministerio público estudió el plan perfecto que comandó el exmandatario para lograr borrar el rastro del dinero que sustrajo de las cuentas del Estado ayudado de tres de sus exparejas y varios familiares de ellas.
Mauricio Funes asumió la presidencia sin un dólar en la bolsa y con la promesa que a los corruptos se les había acabado la fiesta, algo que al parecer solo era parte de un meticuloso plan que comenzó a ejecutar desde su entrada al Ejecutivo, del que salió con $292,218,871.30 en la bolsa, otros $60 fueron derrochados en lujos con su amante y miembros de su familia.
Más de una decena de sus allegados, familiares y funcionarios públicos del primer gobierno de izquierda forman parte de la estructura que es señalada por la Fiscalìa de haber realizado el «saqueo público», valiéndose de varias acciones que incluso están enmarcadas en la ley.
Incluso, dentro de la estructura se encontraban hombres de confianza de Antonio Saca, quienes al parecer fueron de los que instruyeron a Funes sobre como desviar fondos del Estado, entre ellos están Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y el expresentador de noticias Jorge Hernàndez,
“Podemos decir que el mecanismo consistió en ocupar los gastos reservados de la presidencia aumentándolo para poder después extraer los fondos y los valores ilícitamente”, señaló el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, durante una conferencia ayer.
En un inicio, los Gastos Reservados de la Presidencia contaban con un fondo aproximado de $80,818,285, aprobados por la Asamblea Legislativa. Meléndez señaló que desde el inicio del mandato se solicitaron “refuerzos presupuestarios” mediante notas enviadas al Ministerio de Hacienda donde se trasladaron un monto inicial de $54,000,000.
Con la excusa que el dinero no alcanzaba, Funes le delegaba este tipo de peticiones al exsecretario Privado la Presidencia, Francisco Cáceres, quien personalmente se encargaba de los trámites a realizar en el Minsiterio de Hacienda.
Pero el «modus operandi» de Funes y compañía tuvo un giro cuando el 25 agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional a transferencia de fondos públicos de un ministerio a otro, esto sacó a relucir el lado criminal del mandatario.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Cortez, señaló que se maquillaron ciertas cuentas para solicitar más préstamos y así no levantar sospechas.
“Como había la necesidad de acudir a la Asamblea Legislativa, ellos lo que hacían era justificar que necesitaban refuerzo presupuestario y que para ello requerían de algunos préstamos y donaciones que se extrajera montos millonarios para hacerla llegar a Capres”, explicó.
Además, se creó la Unidad de Gastos Imprevistos en Casa Presidencial y en instituciones del Estado de El Salvador, instancia que recibió la mayor parte del dinero que, según los registros de contabilidad de Capres, fue utilizado a discreción.
El secretario privado de la Presidencia era el que autorizaba el traslado de fondos para “los gastos imprevistos” que podría tener en la sede presidencial. El fiscal apuntó que durante una de las entrevistas hechas este aceptó que estas transferencias se realizaban.
“Lo que hacían eran aprobar esos fondos de improvisto y de esta manera el Consejo de Ministros, a través de su secretario privado, autorizaba los traslados de los fondos sin justificación ninguna y bajo los parámetros de gastos del OIE y de Comunicaciones”, aclaró.
Durante los inicios de su gestión, se programaron en el presupuesto de la Presidencia la cantidad $80,818,285, los que fueron aumentados a $351,4000.49 para ser ejecutados como gastos reservados. En esas cuentas los fiscales solo se encontró $0.68 centavos.
Las investigaciones señalan que $292,218,871.30 fueron cobrados en 5,858 cheques cambiados en efectivo en el Banco Hipotecario, institución administrada por Manuel Rivera Castro, quien entregaba el dinero en bolsas negras de basura al personal de Capres.
Las propiedades del testaferro
Según la investigación, Miguel Meléndez, mejor conocido como “Mecafé”, era el encargado de verificar el perfil de las personas a quienes se le iba a entregar una parte del dinero para invertirlos en negocios o adquirir propiedades. Esto con el fin de lavar el dinero.
El fiscal aclaró que dentro de la investigación se logró identificar alrededor de 14 inmuebles que pertenecen al expresidente y que están a nombre de testaferros, Aunque la mayor parte de estos estaban a nombre de las empresas Serpinsa-Mecafé y Exporr Service.
Casas para Michi, los familiares de esta, fincas, ranchos de playa son algunos de los inmuebles que se adquirieron, incluso la hermana de la exprimera dama Vanda Pignato, Cristina Pignato, recibió uno de estos inmuebles para que cuidara al hijo que Funes tuvo con la ahora secretaria de Inclusión Social, esto según lo establecio por Fiscalía.
“Quiero mencionar que hemos identificados inmuebles propiedad de Mauricio Funes a nombre de testaferros en otros países como por ejemplo: en Estados Unidos en el estado de Florida, como apartamentos, que algunos de ellos ya fueron vendidos y en otros países, que por el orden de la investigación no puedo mencionar”, señaló.
El Spa de la Michi era incluido en la planilla de Capres
La compañera de vida de Funes optó por dedicarse a los negocios, instalando el «Latin America Spa», ubicado en la colonia San Benito, pero al negocio no le fue tan bien que comenzó a recibir inyecciones de dinero desde las oficinas presidenciales.
«En las investigaciones hemos demostrado que el Spa de Ada Michelle Guzmán, fue constituído con fondos públicos, y el sueldo de $10,000 que tenía por ser gerente de ese Spa, también salía de la partida de Gastos Reservados del Estado», señaló el fiscal.
De acuerdo a entrevistas realizadas a empleados de Capres, Guzmán incluso recibía un trato más privilegiado que el de la primera dama, tanto así que miembros del batallón presidencial eran los que realizaban compras a su nombre en supermercados, tiendas deportivas y otros.
En super la amante del presidente gastó $92 mil, en ropa deportiva $15,000; en otras compras no detalladas $26,000. Además, se detectó el pago de $25,000 a una tarjeta a su nombre; una cuenta bancaria con $49,000 y un deposito a plazo de $17,000.
A esto hay que sumarle la compra de varios carros y las múltiples cirugías a las que se sometió y que fueron patrocinadas con fondos del Estado, solo por dos operaciones que tuvo en Estados Unidos se pagaron $60,000. «podría decirse que ella es una obra pública», valoró el fiscal general.
$218,000 en armas que fueron reportadas por $1
Funes es un aficionado a las armas, por ello autorizó que se adquirieran más de 80 armas las cuales significaron una inversión de $218,000 del presupuesto del Estado Mayor.
La mayor parte de este lote de armas fue comprado por el capitán del Estado Mayor, Luis Alfredo Maida, quien primero las ponía a su nombre y luego se las donaba por el valor significativo al mandatario.
Incluso el ministro de Defensa, David Munguía Payes, en su momento aceptó que estas donaciones se realizaron, sin aclarar que eran armas recién adquiridas por la institución.
Parte de esas armas fueron decomisados en los allanamientos ejecutados en viviendas en momentos en los que Funes decidió salir del país con rumbo a Nicaragua, donde se encuentra asilado.
Viajes de placer por $4 millones
La investigación fiscal señaló que durante el periodo presidencial se destinaron cerca de $4 millones al pago de boletos aéreos para Funes y funcionarios de Capres.
A Funes y sus familiares se les señala de haber pagado 369 viajes de placer que eran pagados como si fueran misiones oficiales, sumando $909,460.37 que fueron repartidos entre su amante, su esposa, hijos y su gente de mayor confianza como el secretario privado.
En este rubro Guzmán y su familia realizaron 31 viajes a países como Panamá, México, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala, gastando $56,076.41. Pignato también sacó raja de esto y realizó 166 viajes por un monto de $602,501.75.
El hijo de Funes y el secretario privado eran asiduos visitantes de Europa, Funes Cañas visitó Francia, Holanda y Alemania en 23 ocasiones, mientras que Cáceres viajó a España y Portugal sumando 130 viajes en total que equivalen a $151,000 que fueron pagado con dinero de impuestos.
Contratos y desvíos a cuentas privadas de funcionarios
A Miguel Menéndez, Mecafé, las autoridades han detectados que se le fueron entregados $9 millones que no tienen relación con los contratos que tenía con el gobierno, En el caso de Hugo Barrientos, propietario de la empresa Arquitectos SA de CV, recibió más de $2 millones por remodelar propiedades compradas por los supuestos testaferros de Funes.
David Rivas, secretario de comunicaciones de Funes, tiene en sus cuentas un millón de dólares que no ha podido justificar. En el caso del secretario privado, Francisco Cáceres el monto que no tiene referencia es de un millón y medio de dólares, en ambos casos se presume que son fondos del Estado.
Pese a ser exonerada de cargos en el proceso civil, las autoridades señalan que Vanda Pignato recibió $165,797.07 para el pago de préstamos, tarjetas de crédito. Además de la compra de un vehículo por $60,000 y el deposito a plazo de $46,918.19.
La Tía Bubu creó pruebas falsas
El fiscal general anunció que va a solicitar la nulidad del proceso civil que se llevó a cabo contra Funes, Funes Cañas y Pignato debido a que se detectaron irregularidades en las pruebas de descargo. Puntualmente en el caso de la conductora de televisión Regina Cañas.
«Regina Cañas, exesposa de Mauricio Funes, planificó y ejecutó un préstamo simulado por $95,000 para entregarlos a su hijo, Diego», señaló el jefe del ministerio público.
Según la investigación, el expresentador de televisión, Jorge Hernández, fue uno de los que ayudó a Cañas a conseguir el préstamo que a la larga logró que el monto por el que fuera condenado su hijo se redujera considerablemente.
«Vamos a tratar de impugnar dichos procesos», señaló Meléndez, quien aclaró que hasta el momento solo se han capturado a seis de los 31 responsables de estos actos.
En horas de la noche, las autoridades iniciaron una serie de allanamientos a viviendas e inmuebles de los imputados para tratar de recopilar información sobre otros posibles involucrados, aunque desde ya se adelantó que «son demasiados los involucrados y no se van a acusar a todos».
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
