Judicial
Amenazó de muerte con un bate al vecino por un parqueo
En un acto catalogado por las autoridades de intolerancia, dos vecinos protagonizaron momentos de confrontación que los llevaron a resolver sus diferencias en los juzgados de Santa Ana.
Según fuentes judiciales, Iván L. se disponía a sacar un vehículo de su cochera, cuando Ricardo C. se le acercó y lo amenazó de muerte junto a su familia. No conforme con eso, le quebró el vidrio de la puerta delantera al tiempo que rayó el carro.
De acuerdo a infomes judiciales, el hecho ocurrió la mañana del 23 de noviembre de este año en una colonia ubicada en el centro de Santa Ana.
Al sentirse amenazado, Iván decidió llamar a la Policía y marcó al Sistema de Emergencias 911, al llegar los agentes relató lo sucedido.
Ambos vecinos enfrentaron la audiencia inicial, realizada el lunes 9 de diciembre en el Juzgado de Paz de Santa Ana.
Durante la audiencia en el juzgado, los vecinos lograron conciliar, después de llegar a un acuerdo se dio por finalizada la disputa.
Fiscalía lo acusó de amenazas y daños
Por su parte, la Fiscalía acusó durante la audiencia a Ricardo del delito de amenazas y daños, pero tanto el ofendido como el señalado conciliaron en los siguientes términos: el agresor deberá cancelar $50 al vecino afectado, con el cual quedaron resarcidos los daños.
En lo que respecta al delito de amenazas, Iván pidió que su vecino agresor no lo vuelva a ofender, ni amenazar en público como en privado tanto para con su persona y su familia.
Además, como medida de seguridad solicitó al juzgado que ordenara al agresor no acercársele de no ser necesario ya que son vecinos.
Y para llevar la fiesta en paz, pidió que se respeten como personas.
Como plazo para el cumplimiento de las condiciones se fijaron dos meses; por lo que se le advirtió a Ricardo que de incumplir sin causa justificada a los acuerdos pactados, continuará siendo procesado judicialmente.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
