Judicial
Alcalde de ARENA permanecerá en prisión acusado de tráfico de drogas y de personas
El alcalde arenero Lucio Ayala Flores fue enviado a prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, en el que se le acusa de tener vínculos con el narco y de tráfico de personas.
El Juzgado 14° de Paz de San Salvador celebró este día la audiencia inicial en su contra, en la que se determinó enviar el caso a la etapa de instrucción y mantener al edil en prisión en lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa desarrolla las diligencias de investigación del caso.
Ayala mientras participaba en la audiencia fue notificado de un nuevo delito que pesa en su contra – el de tráfico ilegal de personas- y este se sumó al de la acusación de distribuir drogas desde la comuna de San Antonio La Cruz, Chalatenango, donde fue reelecto el pasado 4 de marzo.
Una representante de la Fiscalía General de la República (FGR) llegó hasta donde estaba Ayala Flores para informarle del nuevo delito que se suma a las investigaciones.
El edil y el resto de implicados fueron trasladados esta mañana al Centro Judicial “Isidro Meléndez” para conocer la etapa inicial del proceso en el que se le señala de tráfico de drogas.
La investigación señala que el funcionario recibía droga proveniente de Honduras, la cual era escondida en las instalaciones de la alcaldía y posteriormente era trasladada a San Salvador, donde se distribuía en la comunidad Tutunichapa.
De esta manera el alcalde continuará detenido, pase lo que pase, luego de celebrarse la audiencia inicial en su contra en el tribunal Decimocuarto de Paz de San Salvador.
Esta mañana también se conoció que una banda de traficantes de mercadería y ganado que fue desarticulada en Metapán podría tener vínculos con Ayala Flores.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reveló recientemente que aún no se ha tomado decisión sobre el futuro de la alcaldía que Ayala Flores ganó nuevamente con la bandera de ARENA.
Investigadores del caso señalaron que luego de la captura del alcalde, quien también es conocido con el alias de “El Patrón”, se localizaron rastros de droga en carros y propiedades de este, algo que el funcionario ha desmentido en declaraciones a la prensa.
Ayala Flores intentó justificar el nivel de vida que ostenta asegurando que es un prominente ganadero de la zona.
Según fiscales a cargo del caso, entre 2013 y 2014 el alcalde compró diez terrenos los cuales están valorados en $72,500 y que podrían ser producto de actividades ilícitas.
Por: El Salvador Times
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
