Judicial
Alcalde de ARENA permanecerá en prisión acusado de tráfico de drogas y de personas
El alcalde arenero Lucio Ayala Flores fue enviado a prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, en el que se le acusa de tener vínculos con el narco y de tráfico de personas.
El Juzgado 14° de Paz de San Salvador celebró este día la audiencia inicial en su contra, en la que se determinó enviar el caso a la etapa de instrucción y mantener al edil en prisión en lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa desarrolla las diligencias de investigación del caso.
Ayala mientras participaba en la audiencia fue notificado de un nuevo delito que pesa en su contra – el de tráfico ilegal de personas- y este se sumó al de la acusación de distribuir drogas desde la comuna de San Antonio La Cruz, Chalatenango, donde fue reelecto el pasado 4 de marzo.
Una representante de la Fiscalía General de la República (FGR) llegó hasta donde estaba Ayala Flores para informarle del nuevo delito que se suma a las investigaciones.
El edil y el resto de implicados fueron trasladados esta mañana al Centro Judicial “Isidro Meléndez” para conocer la etapa inicial del proceso en el que se le señala de tráfico de drogas.
La investigación señala que el funcionario recibía droga proveniente de Honduras, la cual era escondida en las instalaciones de la alcaldía y posteriormente era trasladada a San Salvador, donde se distribuía en la comunidad Tutunichapa.
De esta manera el alcalde continuará detenido, pase lo que pase, luego de celebrarse la audiencia inicial en su contra en el tribunal Decimocuarto de Paz de San Salvador.
Esta mañana también se conoció que una banda de traficantes de mercadería y ganado que fue desarticulada en Metapán podría tener vínculos con Ayala Flores.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reveló recientemente que aún no se ha tomado decisión sobre el futuro de la alcaldía que Ayala Flores ganó nuevamente con la bandera de ARENA.
Investigadores del caso señalaron que luego de la captura del alcalde, quien también es conocido con el alias de “El Patrón”, se localizaron rastros de droga en carros y propiedades de este, algo que el funcionario ha desmentido en declaraciones a la prensa.
Ayala Flores intentó justificar el nivel de vida que ostenta asegurando que es un prominente ganadero de la zona.
Según fiscales a cargo del caso, entre 2013 y 2014 el alcalde compró diez terrenos los cuales están valorados en $72,500 y que podrían ser producto de actividades ilícitas.
Por: El Salvador Times
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
