Judicial
Acusan a jefe del Ministerio de Trabajo por trato denigrante contra la mujer
Tres empleadas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) denunciaron a su jefe alterno, porque este las trataba de forma denigrante para burlarse de su peso; el hombre las trataba de «gordas», «cholas» y les hablaba con otros calificativos peyorativos.
Las constantes faltas de respeto se trasladaron hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en donde el sujeto fue procesado por el delito de expresiones de violencia en contra de las mujeres. Durante el desarrollo del caso, este llegó hasta el Tribunal 1° de Sentencia.
Las víctimas decidieron imponer una denuncia en contra del imputado tras la desesperación que este les provocó por el constante hostigamiento, la desacreditación pública y degradación de su reputación.
Una de ellas indicó que ingresó a un área especial del Ministerio en julio de 2006, pero a finales de 2013 fue trasladada a otra sección . Ahí comenzó su martirio, pues su nuevo jefe no tardó en comenzar a denigrarla.
“¡Qué gran calzón anda!”, “¿Por qué está tan gorda?”, “¡Qué haragana es!”, eran algunas de las frases de burla que el jefe expresaba en contra de ella; cada vez que las decía, el hombre emitía una risa sarcástica.
Por su parte, otra de las demandantes contó al juez que ingresó al Ministerio en 2008. Un año después, en 2009 fue enviada también a otra sección , pero fue hasta el 2012 que el acusado se convirtió en su jefe, quien en varias ocasiones la llamó “gorda”, según su relato ante el juez.
El irrespeto fue tal, que en una ocasión ella gestionó la asignación de un escritorio y al momento en que se lo llevaron a la oficina él le cuestionó dónde lo colocaría: “¿A dónde se lo va a poner, en la nuca?”.
Mientras que con la tercera demandante todo inició en marzo de 2014, luego de que ella fuera removida de un departamento en donde ingresó el 16 de septiembre de 2008.
A ella la comparaba con otra de sus compañeras de labores, así, a una la bautizó con el nombre de «Cholix uno» y la otra, «Cholix dos», esto en alusión a la palabra «chola», que se utiliza como sinónimo de grande.
En una ocasión, la tercera demandante le contó a su jefe que no llevaba su uniforme porque este no le quedaba. Él le respondió de na manera ofensiva: “Por ‘chola’ no le queda el uniforme”, le dijo; por si fuera poco, en lugar de buscar una solución para el problema, el hombre la reportó por no cumplir su obligación de ir uniformada.
Con el transcurso de los días, el jefe la calificó como “la manzana podrida que arruina al grupo de trabajo”. Además, la tildaba de problemática y de haragana tras regresar de un permiso solicitado.
Durante el proceso se conoció que el acusado incluso ordenó que a la tercera demandante le cambiaran el escritorio hacia una esquina de la oficina donde no podía conectar su equipo informático.
Mantendrán medidas por un año
Tras del proceso judicial, el Tribunal 1° de Sentencia ordenó la suspensión condicional del procedimiento durante un año, esto significa que luego que el jefe admitiera los hechos que se le imputan le fueron impuestas medidas que deberá cumplir durante ese tiempo. En caso que incumpla alguna de ellas, el caso volverá a los tribunales.
Luego de conocer el acuerdo, el demandado no podrá cambiar de domicilio y deberá mantener con las víctimas una relación estrictamente laboral y tratarlas con respeto, sin emitir expresiones que dañen su integridad.
Las tres mujeres afectadas podrán solicitar además el traslado hacia otra unidad del Ministerio de Trabajo para evitar relacionarse con el jefe. Las afectadas, sin embargo, no solicitaron ningún pago en concepto de responsabilidad civil.
El demandado estará bajo la observación de un juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena para que cumpla las reglas impuestas en los tribunales, de no cumplir con las mismas, el caso volverá a abrirse.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ha decidido en audiencia inicial que Karen Vanesa Flores permanecerá en detención provisional tras ser acusada de intentar asesinar a una persona bajo régimen de protección. La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, argumentando que la acusada representa un riesgo significativo para la víctima y la comunidad.
Según el informe del caso, el incidente ocurrió el pasado 2 de enero en la 20.ª avenida norte y calle Castillo, donde la imputada y la víctima se encontraban departiendo con otros individuos. Testigos entrevistados por la Policía Nacional Civil (PNC) relataron que, al retirarse la víctima, Flores sacó una navaja y le infligió múltiples cortaduras en el estómago y el cuello.
#JusticiaSV⚖️|𝗦𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗮́ 𝗲𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗰𝘂𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹𝗼́ 𝗮 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘆 𝗲𝘀𝘁𝗼́𝗺𝗮𝗴𝗼
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, la instrucción formal con… pic.twitter.com/YsPcPnjr3j
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) January 10, 2025
La víctima fue rápidamente trasladada a un centro hospitalario gracias a una llamada de emergencia que alertó sobre el ataque. En la resolución del juzgado se consideraron diversos elementos de prueba recopilados en la fase inicial de la investigación, incluyendo actas de entrevistas a testigos, que podrán ser ampliadas en la siguiente etapa del proceso.
Flores fue detenida en el lugar de los hechos por agentes de la PNC, quienes actuaron de inmediato tras recibir información sobre su implicación en el ataque. El expediente ha sido remitido a un juzgado de Instrucción de San Salvador, donde se llevará a cabo la segunda fase del proceso penal. Durante esta etapa, el ministerio público deberá presentar un dictamen de acusación que incluirá toda la evidencia recabada por fiscales y policías.
Una vez presentada la investigación, el Juzgado de Instrucción fijará una audiencia preliminar, en la cual se determinará si el caso avanza a juicio público y qué tipo de pruebas serán admitidas.
La Fiscalía General de la República (FGR) hizo posible que Héctor David López Beltrán se mantenga en prisión provisional mientras avanzan las investigaciones en su contra por maltratar a su hijo de 11 años de edad y a su compañera de vida. Los abusos se conocieron a través de un video que circuló redes sociales.
Al imputado se le acusa de haber cometido los delitos de maltrato infantil, desobediencia de medidas cautelares de protección y lesiones agravadas en perjuicio de un menor y una mujer.
En la primera audiencia en contra del imputado, la Fiscalía presentó el peritaje de reconocimiento de lesiones realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML) en el cual se estableció que las lesiones sufridas por el menor fueron de gravedad; todas las evidencias fueron valoradas por El Juzgado de Paz de San Juan Opico de La Libertad Centro y decretó que el caso pase a la etapa de instrucción.
Tras viralizarse dichos sucesos, la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó un operativo de búsqueda del agresor, quien fue detenido el pasado 19 de diciembre y la FGR actuó con las demás instituciones del Estado a favor de la protección de las víctimas.
Afectados por las retenciones de cuotas laborales y apropiaciones durante la gestión del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, han declarado ante el Tribunal Quinto de Sentencia que para solventar la mora con los bancos tuvieron que refinanciar los créditos por montos considerables.
Una de las víctimas expuso a los jueces que tramitó un refinanciamiento por $18,000 pues en la comuna durante la gestión de Muyshondt, le descontaron de su salario las cuotas de un crédito adquirido, pero nunca se trasladó el pago al banco.
Otras de las personas sostuvieron que cuando comenzaron a detectar las irregularidades reclamaron a la alcaldía la afectación que se les estaba haciendo, pero todo empleado que exigió una solución fue despedido.
Silvia Dubón, abogada que representa a cinco de las 49 víctimas, respaldó las declaraciones de los afectados. «Hasta el día de ahora, ellos siguen pagando todavía los intereses moratorios que les cobraron», expresó la acusadora particular.
