Judicial
Al menos 11 fiscales, entre ellos el primo hermano del exfiscal Douglas Meléndez, Walter Ruiz, enfrenarán audiencia inicial mañana por graves delitos contra el empresario Enrique Rais
Los apoderados legales del empresario Enrique Rais han acusado al menos a 11 fiscales por fabricar y alterar supuestas pruebas en contra su patrocinador.
Según los representantes de Rais, Douglas Meléndez, ahora exfiscal de la República y el resto de fiscales intentaron “blindar” a Wil Walter Ruiz Ponce.
La acusación se hizo por un error de la Ingeniero Maricela Granados Ponce, quien “tratando de justificar lo injustificable”, al juez 5 de Paz y fue solicitada sin haber realizado ni corroborado las evidencias presentadas que sustentan la prueba, y algo que fue reconocido por la fiscal Mayra Raquel Guerra ante el juez Mario Mira Montes
Con ellos se los representantes de Enrique Rais esperan “sentar un precedente, los Fiscales no están por encima de la ley y muy por el contrario deben aplicarla con imparcialidad y justicia” dijo uno de los abogados querellante.
Estos serían los 11 fiscales acusados.
Wil Walter Ruiz Ponce :
1A ) Actos Arbitrarios art 320 Pn.
2A ) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
3A ) Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícitas art. 36 LEIT
- Julio Cesar Larrama Barahona :
1B ) Privación de Libertad por Funcionario Publico art. 290 Pn
2B ) Atentado al Derecho de Defensa art. 298 Pn
3B ) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
4B ) Actos Arbitrarios art 320 Pn.
- Xenia Lizeth Linares Rodriguez :
C1 ) Privación de Libertad por Funcionario Publico art. 290 Pn
C2 ) Atentado al Derecho de Defensa art. 298 Pn
C3 ) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
C4 ) Falsedad Documental Agravada art. 284 y 285 Pn
C5 ) Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícita art. 36 LEIT
C6 ) Fraude Procesal art. 306 Pn
C7 ) Actos Arbitrarios art. 320 Pn
- D) Mayra Raquel Guerra de Quintanilla :
D1) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
D2) Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícita art. 36 LEIT
D3) Actos Arbitrarios art. 320 Pn
D4) Falsedad Documental Agravada art. 284 y 285 Pn
D5) Fraude Procesal art. 306 Pn
- E) Froilán Francisco Coto Cabrera :
E1) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
- F) Sigfrido Alcides Campos Crespo :
F1) Desobediencia art. 322 Pn
F2) Falsedad Documental Agravada art. 284 y 285 Pn
F3) Falsedad Ideológica art. 285 Pn
F4) Fraude Procesal art. 306 Pn
F5) Intervenciones Telefónicas Ilícitas art 35 LEIT
F6) Uso de Intervenciones Ilícitas art. 36 LEIT
F7) Actos Arbitrarios art. 320 Pn
- G) Maricela Granados Ponce, Ingeniero en Sistemas de la FGR :
Estos son los delitos que desfilaran ante el Juez 5 de Paz.
G1) Divulgación Dolosa de Material Reservado art. 34 LEIT
G2) Fraude Procesal art. 306 Pn
Información proveniente del requerimiento Fiscal presentado al Juzgado 5 de Paz
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
