Judicial
FGR le niega procedimiento abreviado a Ana Ligia de Saca por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que no llegó a un acuerdo con la exprimera dama de la República y esposa del expresidente Antonio Saca, Ana Ligia de Saca para someterse a un procedimiento abreviado a cambio de confesar los delitos por los que se le acusa. Saca quería menos de cinco años, el ministerio público se negó a aceptarlo.
«Ellos solicitaron el procedimiento abreviado, pero luego del análisis de la Fiscalía se le negó porque ellos solicitaron una pena inferior a las expectativas de la representación fiscal, consideramos que un procedimiento abreviado al que se le puede aplicar en este tipo de casos es de cinco años, pero ella pedía menos de cinco» explicó el fiscal del caso.
Agregó que la FGR no descarta la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado, pero la condición es que sea por una pena de cinco años. De todos los acusados en esta ocasión, solo la esposa de Elías Antonio Saca solicitó el beneficio a cambio de la confesión.
«Lo mismo puede suceder en el caso de la señora Ana Ligia y las otras catorce personas, se tiene hasta la etapa previa del inicio de la presentación de pruebas y vista pública que se puede acceder a darles el procedimiento abreviado. No es una negociación, es lo que la ley manda», añadió el representante del ministerio público.
La audiencia se lleva a cabo en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador contra 15 personas ligadas al caso «Destape a la Corrupción II», además de la esposa del expresdiente Saca, actualmente condenado por delitos de corrupción, están acusados el hermano de ella, Óscar Edgardo Mixco Sol.
Ana Ligia de Saca es acusada de lavar unos 22 millones de dólares, que eran parte de los $300 millones que el expresidente Saca confesó haber malversado en su administración y por lo cual fue condenado a diez años de prisión. Saca se sometió al mismo procedimiento que su esposa solicitó a las autoridades.
La opción de juicio abreviado está contemplada por el Código Procesal Penal salvadoreño e indica reducción de la pena, desde la tercera parte del mínimo por los delitos hasta el mínimo propiamente o incluso, dependiendo de lo que se acuse, el arresto domiciliar, a cambio de confesar los delitos y saltarse el proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, en el 2023.
«Este sujeto aprovechó que la menor estaba jugando con otras niñas y tenía la puerta de su casa abierta, cuando la víctima estuvo un momento a solas Pérez ingresó a la casa y la violó», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, al siguiente día ingreso nuevamente a la vivienda de la niña y abusó de ella, la amenazó y la golpeó en la cara para que no contara lo sucedido.
La fiscalía detalló que por estos hechos fue sentenciado a 20 años de prisión, la cual fue impuesta por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
