Judicial
Al menos 11 fiscales, entre ellos el primo hermano del exfiscal Douglas Meléndez, Walter Ruiz, enfrenarán audiencia inicial mañana por graves delitos contra el empresario Enrique Rais
Los apoderados legales del empresario Enrique Rais han acusado al menos a 11 fiscales por fabricar y alterar supuestas pruebas en contra su patrocinador.
Según los representantes de Rais, Douglas Meléndez, ahora exfiscal de la República y el resto de fiscales intentaron “blindar” a Wil Walter Ruiz Ponce.
La acusación se hizo por un error de la Ingeniero Maricela Granados Ponce, quien “tratando de justificar lo injustificable”, al juez 5 de Paz y fue solicitada sin haber realizado ni corroborado las evidencias presentadas que sustentan la prueba, y algo que fue reconocido por la fiscal Mayra Raquel Guerra ante el juez Mario Mira Montes
Con ellos se los representantes de Enrique Rais esperan “sentar un precedente, los Fiscales no están por encima de la ley y muy por el contrario deben aplicarla con imparcialidad y justicia” dijo uno de los abogados querellante.
Estos serían los 11 fiscales acusados.
Wil Walter Ruiz Ponce :
1A ) Actos Arbitrarios art 320 Pn.
2A ) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
3A ) Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícitas art. 36 LEIT
- Julio Cesar Larrama Barahona :
1B ) Privación de Libertad por Funcionario Publico art. 290 Pn
2B ) Atentado al Derecho de Defensa art. 298 Pn
3B ) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
4B ) Actos Arbitrarios art 320 Pn.
- Xenia Lizeth Linares Rodriguez :
C1 ) Privación de Libertad por Funcionario Publico art. 290 Pn
C2 ) Atentado al Derecho de Defensa art. 298 Pn
C3 ) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
C4 ) Falsedad Documental Agravada art. 284 y 285 Pn
C5 ) Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícita art. 36 LEIT
C6 ) Fraude Procesal art. 306 Pn
C7 ) Actos Arbitrarios art. 320 Pn
- D) Mayra Raquel Guerra de Quintanilla :
D1) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
D2) Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícita art. 36 LEIT
D3) Actos Arbitrarios art. 320 Pn
D4) Falsedad Documental Agravada art. 284 y 285 Pn
D5) Fraude Procesal art. 306 Pn
- E) Froilán Francisco Coto Cabrera :
E1) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
- F) Sigfrido Alcides Campos Crespo :
F1) Desobediencia art. 322 Pn
F2) Falsedad Documental Agravada art. 284 y 285 Pn
F3) Falsedad Ideológica art. 285 Pn
F4) Fraude Procesal art. 306 Pn
F5) Intervenciones Telefónicas Ilícitas art 35 LEIT
F6) Uso de Intervenciones Ilícitas art. 36 LEIT
F7) Actos Arbitrarios art. 320 Pn
- G) Maricela Granados Ponce, Ingeniero en Sistemas de la FGR :
Estos son los delitos que desfilaran ante el Juez 5 de Paz.
G1) Divulgación Dolosa de Material Reservado art. 34 LEIT
G2) Fraude Procesal art. 306 Pn
Información proveniente del requerimiento Fiscal presentado al Juzgado 5 de Paz
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
