Judicial
FOTO – Si usted maneja ebrio su multa podría ser de $2 mil dólares, según propuesta de la PNC
Policía busca alternativas que frenen causas de accidentabilidad en el país
Mediante la implementación de medidas severas, las cuales tocarán el bolsillo de los que infringen la Ley, la División de Transito de la Policía Nacional Civil (PNC), busca el consenso de los diputados de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, para aumentar las multas a quienes la violen y así reducir las estadísticas de accidentabilidad nacional.
Este incremento de las sanciones económicas, podrían no ser muy gratas para los infractores, ya que la División de Tránsito propone la cantidad de 2 mil dólares para los conductores ebrios detenidos en controles vehiculares y $4 mil para quienes sean arrestados como producto de un accidente de tránsito, donde ya existan otras consecuencias.
La comisionada Verónica Uriarte, jefa de la División de Tránsito, junto a otros oficiales de esa unidad, presentó, este lunes, ante esa Comisión, una alternativa que busca reducir estas cifras, que se mantienen, pese a los esfuerzos de las autoridades de hacer conciencia en las y los conductores de vehículos y automotores.
Así también, las autoridades de Tránsito buscan la aprobación de $500.00 en multas para las infracciones leves; $1,000 para las graves y $ 1,500 para las más graves; razón económica suficiente para evitar infringir la Ley de Tránsito, por si la razón al estar al volante falló.
“La intención no es recolectar dinero, aseveró la comisionada Uriarte, sino que corregir a los conductores”.
Las autoridades presentaron un recuento de accidentes viales de los años 2017 y 2018, así como las principales causas de los mismos, entre las que se encuentran la invasión al carril, no guardar la distancia reglamentaria, velocidad inadecuada y la distracción del conductor; todas atribuidas a la persona.
En cuanto a la accidentabilidad del año 2,018, se tiene una reducción del 5.6 por ciento, aunque la cifra de los lesionados y fallecidos haya aumentado, dijo la jefa policial, por lo cual también se buscan otras alternativas, como es la de retomar el trabajo con la Asamblea Legislativa, y el Viceministerio de Transporte (VMT), para revisar la Ley y el reglamento de Tránsito, dijo.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
