El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que la investigación contra la financiera Credicash, que operaba principalmente en Chalatenango y era dirigida por Gerson Orellana Ayala, ya suma 180 denuncias formales de personas que aseguran haber entregado dinero a la empresa.

“Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas en contra de Gerson Orellana Ayala. Estamos determinando también cuánto dinero entregó cada persona y los niveles de inversión que pudieron haber realizado”, explicó el fiscal.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de información para identificar a las víctimas del caso y agilizar el proceso de investigación. Las personas afectadas pueden acudir a cualquier sede fiscal para presentar su denuncia.

Según Delgado, cada caso será verificado para confirmar la existencia de los inversionistas y determinar la legalidad de las transacciones.
“Esto nos lleva a realizar una debida diligencia para establecer si las personas realmente existen, si no tienen vínculos con organizaciones criminales y si las inversiones han sido reales”, agregó.

Durante los allanamientos y procedimientos realizados, la Fiscalía ha logrado asegurar un total de $38,574,722. De ese monto, $27,550,750 fueron incautados en efectivo y $11,023,972 permanecen inmovilizados en cuentas bancarias.

Además, las autoridades ordenaron la inmovilización de 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a la estructura investigada.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Credicash funcionaba bajo un esquema de defraudación a la economía pública mediante un sistema piramidal. La empresa ofrecía rendimientos de hasta el 10 % mensual, una tasa que las autoridades consideran irreal para el sistema financiero formal.

La Fiscalía sostiene que los pagos a inversionistas no provenían de actividades económicas reales, sino del dinero aportado por nuevos participantes, un mecanismo típico de esquemas Ponzi.

Para generar confianza entre los clientes, el sistema utilizaba contratos de mutuo firmados ante notario, donde los inversionistas figuraban como acreedores y los administradores como deudores.

En distintos operativos realizados en Chalatenango, las autoridades incautaron dinero en efectivo en varias propiedades vinculadas al caso, incluyendo la residencia de Orellana Ayala, donde fueron encontrados más de $7.2 millones.

El principal implicado ya se encuentra detenido y, según la Fiscalía, posee antecedentes por estafa desde 2020 y presuntos vínculos con la pandilla MS-13.

El fiscal general aseguró que la institución continuará con las investigaciones para identificar a todos los responsables y recuperar la mayor cantidad de dinero posible con el fin de devolverlo a las víctimas.

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador aplicó condenas de 20 años y de 16 años de cárcel en contra de tres pandilleros de la MS 13 que extorsionaron a un empresario, en San Salvador. También los sentenció a pagar $800 a la víctima de forma solidaria.

Renán Antonio Mercadillo Villalta fue condenado a 20 años de prisión por el delito de extorsión agravada continuada; mientras que a Christopher Steven Mejía Pérez y William Antonio Martínez Cartagena les fue impuesta una pena de 16 años de cárcel por el delito de extorsión agravada.

Según el expediente judicial, la extorsión inicio desde 2014 cuando pandilleros que se identificaron como integrantes de la MS 13 llegaron al negocio de la víctima y exigieron un monto inicial de $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.

De acuerdo a la investigación fiscal, en diciembre de 2019, los imputados intentaron incrementar la cuota a $500, advirtiendo al empresario que, de no pagar, atentarían contra su vida y la de sus empleados. Luego de una negociación, el monto de la extorsión fue fijado en $400.

Después de cinco años de pagar para seguir operando con su negocio, finalmente el 17 de diciembre de 2019 la víctima denunció a los pandilleros ante la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil.

De esta manera, las autoridades policiales coordinaron dos entregas controladas de dinero, de las cuales la primera se realizó el 21 de enero de 2020 y la segunda el 18 de marzo de ese mismo año, con el fin de identificar y procesar a los delincuentes.

Según el expediente judicial, Mercadillo Villalta recolectó el dinero en ambas entregas, mientras que Mejía Pérez y Martínez Cartagena brindaron seguridad perimetral únicamente en la primera entrega.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó los avances en los trabajos que se realizan en la lotificación San José Changallo, en Ilopango, en donde las intensas lluvias han significado un problema para las familias debido al aumento del caudal del río.

«Estamos haciendo obras en este sector de Ilopango, donde hay problemas de erosión e inundaciones durante la época de invierno», explicó el funcionario en conferencia de prensa.

De acuerdo con Rodríguez, se van a intervenir tres sectores, en uno de ellos con viviendas que han sido afectadas y en donde se construirá un muro de 247 metros lineales de longitud.

«Otro será un muro de 46 metros en el margen del río, conformado entre gaviones. Y se realizará un badén de 618 metros cuadrados aproximadamente conformado por colchones reno y muros gaviones», detalló.

Las intervenciones que se realizan en el lugar son a través del Plan Nacional de Mitigación, que se implementa en diversos puntos del país previo al establecimiento del invierno para reducir riesgos.