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Gobierno del Presidente Bukele logra los recursos para reactivar a las empresas del país y recuperar la economía nacional
El Presidente de la República, Nayib Bukele, volvió a demostrar cómo se construyen soluciones a los problemas nacionales, sobre todo en un contexto en el que el COVID-19 ha generado un impacto económico que ha afectado, en gran medida, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y al sector informal (vendedores por cuenta propia), que hoy tendrán en el Fideicomiso para la Recuperación Económica de Empresas Salvadoreñas (Firempresa) un importante apoyo.
Así, la decisión del Gobierno de fondear el fideicomiso con $600 millones de una colocación de Certificados del Tesoro Público (Cetes) ratifica la actual coyuntura política que vive el país: el Presidente Bukele da respuesta a las necesidades de la población, mientras que la Asamblea Legislativa nunca aprobó los recursos ni dio alternativas para apalancar a estos sectores económicos, afectados por la pandemia.
“El fideicomiso para apoyar a las mipymes se pensó desde marzo, cuando inicio la pandemia y hasta hoy los fondos siguen retenidos en la Asamblea, no podemos seguir así, por eso nosotros ya tenemos el dinero para apoyar a las empresas con la colocación de Cetes, de los cuales vimos a la oposición política hacer un gran escándalo mientras ellos no han dado ni un dólar para apoyarlos”, dijo anoche el Presidente Bukele.
En la elaboración de la propuesta de este fideicomiso, además del aporte del Gobierno a través de instituciones como el Ministerio de Economía y el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), también participó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), cuando era presidida por Luis Cardenal, entre marzo y abril.
Además, se creó un Comité de Veeduría para garantizar la trasparencia y legalidad de estos fondos, como parte de los compromisos que adquirió el Gobierno con los salvadoreños.
Sin embargo, cuando llegó Javier Simán a encabezar dicha asociación, a inicios de mayo, fue evidente el cambio de postura política por parte del bloque de oposición en el tema de la reactivación económica, que siempre exigió “un plan” y, luego de ser presentado, nunca otorgó los fondos por casi cinco meses, en los que estuvieron traspapelados los anteproyectos de decretos. Hasta la fecha la situación no cambió.
El Firempresa, además de tener líneas de recuperación económica y de pago de planillas, también tiene $100 millones para los vendedores por cuenta propia, quienes recibirán dinero con baja tasa de interés para dejar de recurrir a los prestamistas, algo que les ayudará a iniciar su proceso de formalización.
Con todo ello se confirma la voluntad y el compromiso del Presidente Bukele y de su Gobierno de trabajar mano a mano con los salvadoreños y de ayudarles a salir adelante, en medio de la mayor crisis sanitaria en la historia reciente del país y del mundo, que ha generado un fuerte impacto económico y social, además de otros efectos colaterales.
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Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.
