Nacionales
Fuerza Armada invirtió más de $63 millones en modernización y en equipo para soldados
Modernización, mejora de condiciones y refuerzo de herramientas son los pilares en los que la Fuerza Armada ha invertido para que el personal que combate a la violencia en el país se encuentre protegido.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, detalló recientemente que el año pasado se invirtieron $63.7 millones en diferentes áreas orientadas al beneficio del personal de la institución.
De acuerdo con el funcionario, en el 2022 se invirtieron $41 millones en modernización; $7.5 millones en equipo de protección para soldados; $3.5 millones en infraestructura orientados a mejorar las condiciones de descanso del personal y $11.7 millones fueron destinados para el hospital militar y sanidad.
«La Fuerza Armada necesita renovar todo su equipo que quedó desde la época del conflicto que es totalmente obsoleto y para eso nosotros debemos continuar con nuestro proyecto. Elaboramos un plan de 5 años al cual le venimos dando cumplimiento. Está orientado a modernización y beneficio al personal», manifestó Merino Monroy.
El Plan Control Territorial (PCT), estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele en junio de 2019, que incluye diferentes fases y que tiene como principal propósito «garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población», incluye el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con nuevos y mejores recursos y tecnología.
En los últimos tres años, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil han sido dotadas de equipo, tecnología y armamento para seguir combatiendo a las estructuras terroristas.
A las fuerzas de seguridad se les ha entregado herramientas para defensa y recursos tecnológicos. Chalecos, fusiles, armas, vehículos, drones, botas, uniformes, visores nocturnos, cinturones, lámparas, portacagadores y cargadores son parte de los nuevos accesorios y armamento que se ha entregado en los últimos años.
El funcionario aseguró que para este 2023, la institución seguirá «invirtiendo para cambiar el armamento de soldados y en su protección. Ya comenzamos el proceso de cambio de uniformes con tecnología moderna», añadió.
El año pasado trascendió que los nuevos uniformes cuentan con tecnología de punta, que permitirá, entre otras cosas, conocer el tipo de sangre del soldado, así como su nombre completo y la fecha de ingreso a la institución castrense.
En varios casos de ataques armados de pandilleros a las fuerzas del orden, los chalecos y los cascos han minimizado los daños ocasionados con armas de fuego.
«La Fuerza Armada necesita renovar su equipo y para eso vamos a continuar con nuestro plan de desarrollo con el que se van logrando los objetivos de modernización en beneficio de nuestro personal», ha reiterado Merino.
Para este año, las fuerzas del orden tiene como misión continuar entregando equipo de calidad al personal que combate frontalmente a las pandillas.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
