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Francisco Alabi a magistrados de la Sala: “Las decisiones sobre la pandemia deben ser basadas en evidencia científica”
La decisión de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de declarar inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32, referente al Plan de Reapertura Económico deja al país en mayor vulnerabilidad ante la pandemia.
A juicio del ministro de Salud, Francisco Alabi, no están dadas las condiciones sanitarias para abrir de una vez la economía, con ello lo que ocurrirá es una mayor exposición de la población al virus.
“Las decisiones sobre la pandemia deben realizarse basadas en evidencia científica y priorizando la vida de los salvadoreños”, expresó el funcionario a través de un tuit.
Esta tarde la Sala de lo Constitucional, en su cuenta oficial de Twitter, hizo pública una resolución en la que declara inconstitucional dicho decreto.
La Sala inhibe el plan de reapertura económica diseñado por el Gobierno en consenso con los empresarios.
En el plan el Gobierno Central establece que la apertura de la economía se haría en cinco fases: la primera, actualmente en desarrollo; la segunda prevista para el 20 de agosto, la tercera fase el 4 de septiembre, la cuarta fase el 19 de septiembre y la quinta fase el 4 de octubre.
Sin embargo, la Sala ordena que se abra de una vez la economía el próximo 23 de agosto e instruye al Ejecutivo a que formule, en 15 días previos a esa fecha, los protocolos sanitarios auténticos para garantizar la salud de la población.
La decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional le quita todavía más las pocas herramientas legales con las que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele intenta salvaguardar la salud de los salvadoreños.
La pandemia está en fase 3 lo que significa que hay circulación del virus en todo el territorio y el riesgo de contagios masivos es alto, sobre todo, al entrar en funcionamiento el transporte público de pasajeros.
Nacionales
Discusión tras partido de fútbol termina con dos lesionados y dos detenidos en Chalatenango
Luis Antonio Mancía Hernández, de 36 años de edad, y Jaime Ismael Guzmán Galdámez, de 21 años, fueron capturados luego de ser señalados como responsables de lesionar a otros dos hombres durante una pelea ocurrida al finalizar un partido de fútbol.
El hecho se registró en el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro, mientras los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.
Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se informó que su condición de salud es estable.
Tras el incidente, junto con la Fuerza Armada se inició la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron capturados en el mismo distrito.
Mancía Hernández y Guzmán Galdámez serán remitidos por el delito de lesiones.
Un hombre resultó lesionado tras verse involucrado en un fuerte siniestro vial registrado la tarde del lunes en el distrito de Ciudad Arce, del municipio de La Libertad Centro, departamento de La Libertad.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce fueron alertados sobre la emergencia y acudieron al lugar para brindar asistencia.
El percance ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura de Termos del Río, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana, donde estuvieron involucrados un pick up y una motocicleta.
“Se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo pick up, resultando lesionado el motociclista. Nuestro personal le brindó asistencia en el lugar”, detalló Comandos de Salvamento.
El Viceministerio de Transporte (VMT) realizó un dispositivo de verificación para detectar dispositivos sonoros que no son de fábrica instalados en unidades del transporte colectivo.
Las autoridades informaron que los procedimientos se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el artículo 240 del Reglamento General de Tránsito.
“Todo dispositivo que no es de fábrica está siendo desinstalado en el momento de la notificación de la falta”, detalló el VMT.
Además, durante los procedimientos, las autoridades han impuesto sanciones por exceso de ruido, a partir de verificaciones realizadas en campo y denuncias ciudadanas.
