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Francisco Alabi a magistrados de la Sala: “Las decisiones sobre la pandemia deben ser basadas en evidencia científica”
La decisión de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de declarar inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32, referente al Plan de Reapertura Económico deja al país en mayor vulnerabilidad ante la pandemia.
A juicio del ministro de Salud, Francisco Alabi, no están dadas las condiciones sanitarias para abrir de una vez la economía, con ello lo que ocurrirá es una mayor exposición de la población al virus.
“Las decisiones sobre la pandemia deben realizarse basadas en evidencia científica y priorizando la vida de los salvadoreños”, expresó el funcionario a través de un tuit.
Esta tarde la Sala de lo Constitucional, en su cuenta oficial de Twitter, hizo pública una resolución en la que declara inconstitucional dicho decreto.
La Sala inhibe el plan de reapertura económica diseñado por el Gobierno en consenso con los empresarios.
En el plan el Gobierno Central establece que la apertura de la economía se haría en cinco fases: la primera, actualmente en desarrollo; la segunda prevista para el 20 de agosto, la tercera fase el 4 de septiembre, la cuarta fase el 19 de septiembre y la quinta fase el 4 de octubre.
Sin embargo, la Sala ordena que se abra de una vez la economía el próximo 23 de agosto e instruye al Ejecutivo a que formule, en 15 días previos a esa fecha, los protocolos sanitarios auténticos para garantizar la salud de la población.
La decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional le quita todavía más las pocas herramientas legales con las que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele intenta salvaguardar la salud de los salvadoreños.
La pandemia está en fase 3 lo que significa que hay circulación del virus en todo el territorio y el riesgo de contagios masivos es alto, sobre todo, al entrar en funcionamiento el transporte público de pasajeros.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
Ganaderos del distrito de Chapeltique, en San Miguel Norte recibieron la visita de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, quienes junto a la alcaldía Municipal de San Miguel Norte, desarrollamos una campaña de vacunación y desparasitación del ganado, con el fin de combatir rastro del Gusano Barrenador, así como aplicar vitaminas a los semovientes.
«Queremos agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por estar participando junto con nosotros y nuestros ganaderos en todo San Miguel Norte, y hoy correspondió a Chapeltique estar colocando desparasitante al ganado», mencionó el alcalde de San Miguel Norte, Carlos Méndez.
Este tipo de acciones se han desarrollado en otros distritos de San Miguel Norte, que fundamentan su economía en el comercio, la agricultura y la ganadería, de momento no se ha dado a conocer el número exacto de alcance que han tenido en el hato ganadero de la zona ya que continúan trabajando.
Los ganaderos beneficiados manifestaron sentirse agradecidos con el apoyo que el MAG les ha brindado junto a la municipalidad y la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ya que estas acciones fortalecen la ganadería en la zona de San Miguel Norte y contribuyen con la economía local.
