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Francisco Alabi a magistrados de la Sala: “Las decisiones sobre la pandemia deben ser basadas en evidencia científica”
La decisión de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de declarar inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32, referente al Plan de Reapertura Económico deja al país en mayor vulnerabilidad ante la pandemia.
A juicio del ministro de Salud, Francisco Alabi, no están dadas las condiciones sanitarias para abrir de una vez la economía, con ello lo que ocurrirá es una mayor exposición de la población al virus.
“Las decisiones sobre la pandemia deben realizarse basadas en evidencia científica y priorizando la vida de los salvadoreños”, expresó el funcionario a través de un tuit.
Esta tarde la Sala de lo Constitucional, en su cuenta oficial de Twitter, hizo pública una resolución en la que declara inconstitucional dicho decreto.
La Sala inhibe el plan de reapertura económica diseñado por el Gobierno en consenso con los empresarios.
En el plan el Gobierno Central establece que la apertura de la economía se haría en cinco fases: la primera, actualmente en desarrollo; la segunda prevista para el 20 de agosto, la tercera fase el 4 de septiembre, la cuarta fase el 19 de septiembre y la quinta fase el 4 de octubre.
Sin embargo, la Sala ordena que se abra de una vez la economía el próximo 23 de agosto e instruye al Ejecutivo a que formule, en 15 días previos a esa fecha, los protocolos sanitarios auténticos para garantizar la salud de la población.
La decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional le quita todavía más las pocas herramientas legales con las que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele intenta salvaguardar la salud de los salvadoreños.
La pandemia está en fase 3 lo que significa que hay circulación del virus en todo el territorio y el riesgo de contagios masivos es alto, sobre todo, al entrar en funcionamiento el transporte público de pasajeros.
En atención a varias denuncias ciudadanas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en varios bares y centros nocturnos de la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
De acuerdo con las autoridades edilicias, algunos de estos establecimientos operaban de manera ilegal y, además, generaban ruido y desorden en la zona.
Durante la intervención fueron inspeccionados ocho negocios, de los cuales tres fueron clausurados temporalmente por operar de forma ilegal.
Asimismo, las autoridades impusieron 14 esquelas por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia, la venta no autorizada de bebidas alcohólicas y acciones en contra de los delegados municipales.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acompañaron al personal de la comuna capitalina durante las inspecciones.
Además, se realizaron 12 prevenciones por obstrucción de la vía pública y para regular el orden vehicular en la zona.
La Comuna Central sigue trabajando 24/7 para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. pic.twitter.com/wXk9kR1Nmd
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 3, 2026
Con el objetivo de promover una mejor convivencia ciudadana y proteger la tranquilidad de las comunidades, la alcaldía de San Salvador Este recordó a la población la importancia de respetar los niveles de ruido permitidos en el municipio.
Según informó la comuna, en las zonas residenciales los niveles máximos autorizados son de 55 decibeles (dBA) durante el día y 45 decibeles (dBA) durante la noche. En el caso de discotecas y otros establecimientos, los límites establecidos son de 100 y 110 dBA, respectivamente.
Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma anónima los casos en los que viviendas o establecimientos excedan los niveles de ruido permitidos.
Las denuncias pueden realizarse a través del WhatsApp del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), al número 6071-6861, o mediante la página oficial de Facebook de la alcaldía.
La municipalidad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para identificar los lugares donde no se respeta la sana convivencia y contribuir al bienestar de las comunidades.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
