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Francisco Alabi a magistrados de la Sala: “Las decisiones sobre la pandemia deben ser basadas en evidencia científica”
La decisión de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de declarar inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32, referente al Plan de Reapertura Económico deja al país en mayor vulnerabilidad ante la pandemia.
A juicio del ministro de Salud, Francisco Alabi, no están dadas las condiciones sanitarias para abrir de una vez la economía, con ello lo que ocurrirá es una mayor exposición de la población al virus.
“Las decisiones sobre la pandemia deben realizarse basadas en evidencia científica y priorizando la vida de los salvadoreños”, expresó el funcionario a través de un tuit.
Esta tarde la Sala de lo Constitucional, en su cuenta oficial de Twitter, hizo pública una resolución en la que declara inconstitucional dicho decreto.
La Sala inhibe el plan de reapertura económica diseñado por el Gobierno en consenso con los empresarios.
En el plan el Gobierno Central establece que la apertura de la economía se haría en cinco fases: la primera, actualmente en desarrollo; la segunda prevista para el 20 de agosto, la tercera fase el 4 de septiembre, la cuarta fase el 19 de septiembre y la quinta fase el 4 de octubre.
Sin embargo, la Sala ordena que se abra de una vez la economía el próximo 23 de agosto e instruye al Ejecutivo a que formule, en 15 días previos a esa fecha, los protocolos sanitarios auténticos para garantizar la salud de la población.
La decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional le quita todavía más las pocas herramientas legales con las que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele intenta salvaguardar la salud de los salvadoreños.
La pandemia está en fase 3 lo que significa que hay circulación del virus en todo el territorio y el riesgo de contagios masivos es alto, sobre todo, al entrar en funcionamiento el transporte público de pasajeros.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
