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FOTOS: Presentan a cabecillas implicados en múltiples homicidios
Las autoridades del Gabinete de Seguridad en conjunto con el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentaron a tres cabecillas de pandillas implicados en múltiples homicidios cometidos en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y La Libertad.
Uno de los arrestados es Juan Carlos Martínez Ascencio, alias «Gánsterboy» de la Mara Salvatrucha, quien según la Policía tiene antecedentes penales por los delitos de homicidio agravado, intento de homicidio, agrupaciones ilícitas y robo. Otro de los aprehendidos por homicidios es Brandon Roberto Mejía Cabrera, alias «Stomper», de la pandilla 18, por el mismo ilícito también detuvieron a Kevin José de la O Zuniga, alias «Pitbull», de la Mao Mao. Estos jefes pandilleros también traficaban con drogas.
Los arrestos se llevaron a cabo en diferentes zonas del país, como resultado del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele que desde junio de 2019 ha logrado disminuciones históricas en homicidios, feminicidios, extorsiones, robos, violaciones, entre otros delitos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que los capturados tienen el rango de palabreros, corredores de clica o programa y daban órdenes de cometer crímenes a otros miembros de las maras.
Villatoro informó que del 13 al 20 de marzo aprehendieron a 34 personas relacionadas a delitos de homicidio, también detuvieron a 72 personas relacionadas al delito de droga.
«También detuvimos 34 personas relacionadas con el delito de armas y en términos generales en lo que va del año tenemos más de 6,700 detenciones por diferentes delitos, esto es parte del accionar de la PNC. Seguimos manteniendo el compromiso con la población, para llevar ante los tribunales a todas las estructuras que tienen la cultura de muerte como medio para convivir dentro de la sociedad», destacó el titular de Seguridad.
Por su parte, el Fiscal General Rodolfo Delgado mencionó que estas capturas son estratégicas pues son pandilleros que ostentan un nivel de jerarquía dentro de sus organizaciones criminales. «Estas personas fueron las encargadas de ordenar sistemáticamente la comisión de homicidios en los últimos días. De acuerdo a las investigaciones, estas personas están ligadas con estructuras criminales y se dedican a mantener en zozobra a la población que vive en determinados territorios».
Delgado detalló que cada una de estas investigaciones están dirigidas por fiscales que aplican diferentes técnicas especiales a fin de que la Policía logre este tipo de resultados. Reiteró que su institución continuará realizando coordinaciones con las instituciones de seguridad del Estado con el objetivo de realizar operaciones estratégicas dirigidas a determinados objetivos.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
