Nacionales
Exfiscal general de la República, Astor Escalante avaló los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele en la lucha contra la delincuencia
El abogado y Analista político Astor Escalante avaló los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele y el gabinete de Seguridad en la lucha contra la delincuencia, pues asegura que la población manifiesta sentirse más segura al término de 100 días . Así lo sostuvo en el programa El Salvador Today, con Luís Alvarado de Órbita TV, este martes 5 de septiembre, en donde se abordó la temática: «100 días del gobierno de Nayib Bukele. Principales logros en seguridad».
Escalante es del pensamiento que, hay que apoyar a las autoridades para que el país mejore, ya que “si a las autoridades les va bien, al país le va bien y por ende a todos les va bien”, por tal motivo es importante el apoyo de parte de todos los órganos del estado.
“Tiene que haber un convenio de temas importantísimos que se deben tratar de parte del órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero creo que paso a paso se tienen que ir haciendo estos ajustes para ir mejorando” aseguró el analista
Asímismo piensa que la clave del éxito para lograr un balance positivo ha sido “hacer las cosas” a fin de golpear las estructuras delincuenciales.
Sin embargo, sostiene que se tienen que hacer más cosas para mejorar en temas de seguridad, como el abordaje integral del tema de desaparición forzada, implementando el tema de la prevención, ya que para Escalante «es fundamental evitar mas casos de desaparecidos y no es un tema que lo va a resolver sólo la fiscalía, ni sólo la PNC, ni el ejercito, sino unidos con la sociedad civil».
«Para ello se requiere de la cooperación de la víctima, a veces no colaboran por obvias razones, las instituciones tienen que mejorar en esos temas y cuidar a las víctimas y testigos, sino el crimen organizado los mata y los casos quedan en la impunidad». enfatizó el exfiscal general de la República.
Además, opina que en el tema de las extorsiones se tiene que facilitar una herramienta tan importante como es de la denuncia, y más y mejor seguridad tecnológica.
De igual manera, opina que para mejorar en temas de seguridad no deben de existir intereses personales de los agentes policiales en su trabajo para afectar a los jóvenes, «esas medidas deben sancionarse, deben depurarse los malos elementos» apuntó Escalante.
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
Judicial
Prisión provisional para empleado de farmacia acusado de desviar más de $49,000
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.

Judicial
Padre acuerda pagar $1,840 de deuda alimenticia tras proceso judicial en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.







