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Amenazas de muerte contra el alcalde de San José Guayaval provenían de la ranfla MS
El alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, afirmó esta mañana de viernes que la Fiscalía le notificó sobre un plan organizado por la MS para atentar contra su vida.
El edil afirma que el atentado se habría organizado para acabar con el plan de seguridad que él ha implementado en el municipio de Cuscatlán que dirige.
La orden de atentar contra su vida habría salido de un penal de parte de cabecillas de la MS, por lo que la Fiscalía le notificó a inicios del mes de marzo.
«Me dan a conocer que la ranfla de la MS toma la decisión de atentar contra mi vida, pero más atentar contra el modelo que se ha tomado en Guayabal… es fácil, matándome a mi ¿quién va querer retomar el modelo?», afirmó Vilanova.
El alcalde afirmó que tras la información que le fue ofrecida por la Fiscalía, él tomó medidas de seguridad, además de confiar en la institucionalidad del Estado.
Tras ello se desarrollaron las investigaciones correspondientes, que han dejado a siete detenidos en la zona, uno de ellos era un corredor de programa, que maneja la información de la MS a gran escala nacional.
En una conferencia brinda este viernes en un hotel capitalino el edil afirmó no tener temor a las amenazas. “No le tengo miedo a la ranfla, le tengo miedo a Dios”.
Vilanova denunció amenazas a muerte contra su persona por parte de las estructuras criminales. Por estas amenazas, ya fueron capturados cuatro pandilleros mientras a tres más se les intimó en un centro penal.
Entre los detenidos se encuentran un cabecilla de la MS y seis palabreros. No descarta que estas estructuras pretendan llamar la atención de la prensa para “que sientan que la ranfla pueda jugar con los salvadoreños”.
“La orden no hay duda que vino de un centro penal”, añadió Vilanova cuyo modelo de seguridad basado en la colaboración de la población y de su propia persona, arroja resultados importantes en el tema de seguridad.
“Escuché el audio que me presentó la fiscalía y hablaban de tirarme granadas al vehículo que uso para andar circulando entre El Guayabal hasta San Martín”, detalló
Vilanova recibió la notificación de la fiscalía el 2 de marzo y el 4 de ese mismo día se reunió para escuchar los audios, luego se levantó una carta en donde se le notifica que la “ranfla de la MS” toma la decisión de atentar contra mi vida y el modelo en San José Guayabal”.
El municipio presenta una tasa mínima de criminalidad. Este año se presentó un caso de Feminicidio y una muerte violenta en el límite con Guazapa.
Las estadísticas muestras solo un caso o cero homicidios en los últimos 4 años. El alcalde lo atribuye a la gestión local más que a la presencia policial.
Por eso mismo no duda en decir que “está de acuerdo en que los alcaldes salgan a patrullar pero no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que no son los encargados de la seguridad”.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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