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Encuentran con vida a joven de 14 años que se había escapado por segunda vez de su casa en Chalchuapa
Luego de 11 días desaparecida, Celín S., de 14 años, regresó a su casa con vida. La adolescente se había escapado de su hogar, según versiones de su familia, pero este martes 21 de agosto terminó el calvario cuando una mujer que la había encontrado en la zona de Los Chorros la entregó a la Policía.
El padre contó a El Salvador Times que recibió una llamada de la Policía Nacional Civil de Santa Tecla que por fin le cortó la zozobra. La joven fue entregada por una persona adulta que la tuvo en su casa de habitación, ubicada en la residencial Los Chorros.
«Yo estaba trabajando, pero la policía de Santa Tecla nos llamó, dijeron que la tenían en ese lugar y que la fuéramos a traer. Me la entregaron ayer (martes) al mediodía y la llevamos a la casa», dijo el padre de la joven.
Según su progenitor, se había ido con algún novio. Sin embargo, todavía no se conoce que es lo que ocurrió, pues la menor no ha querido decir mucho y las autoridades tampoco le han dado detalles.
El caso está en manos de la Fiscalía. El martes le realizaron exámenes médicos, clínicos y sicológicos para tratar de medir posibles daños de todo tipo. Por el momento no hay respuesta de los resultados. «Pregunté y me dijeron que están pendientes, que ellos me van a avisar», agregó el papá de Celín.
El padre dice que la menor desde que regresó a la casa se encuentra retraída y no ha querido comentar nada de lo ocurrido.
La menor desapareció hace 11 días, luego de haberse escapado de la casa. «Tenía todo planeado. Esperó que el hermano entrara al baño y en ese momento se escapó. Averiguamos y nos dijeron que la vieron en el bus que va a Chalchuapa a San Salvador, es la última vez que la vieron», detalló en su momento el padre.
El primer autobús en el que la vieron es el de la ruta 234 que transita entre el cantón El Coco, donde ellos habitan, hasta Chalchuapa. Luego en el bus que circulas entre Chalchuapa y San Salvador. Cuando este medio le llamó era todo lo que se sabía.
El papá de la joven puso la denuncia de su desaparición en la subdelegación de Chalchuapa, pero no había tenido respuesta. Celín se había escapado de casa durante una noche en el mes de febrero, pero esta vez fueron 11 días, lo que tenía preocupada a la familia, ya que llegaron a pensar lo peor.
Tras lo ocurrido en febrero, la familia de la joven decidió sacarla de la escuela para que no tuviera motivos para salir de casa, pero habían detectado que ella se conectaba a redes sociales. «No le veíamos teléfono, ni cargado ni nada, pero se detectó que se conectaba con los amigos en redes sociales», agregó Edenilson.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
