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Desaparecen misteriosamente tres mecánicos en mercado Colón de Santa Ana
La mañana del 29 de enero doña Liliana salió junto a sus tres hijos de su casa ubicada en Santa Ana, hacia la zona del mercado. Jamás se imaginaría que cuando se bajó de la camioneta ese medio día sería la última vez que los vería. Ahora vive en angustia y pide a Dios poder volverlos a ver con vida.
Doña Lilian cuenta que desde entonces inició su calvario. Ese día en que salieron los tres una camioneta con franjas color negro, propiedad de un familiar. Los tres muchachos se dirigían hacia Santa Ana para comprar repuestos para un vehículo que estaban reparando, pero ya no volvieron a casa.
Se trata de Jaime Ernesto, de 22 años; Óscar Alejandro, de 24, y José Mario, de 27, todos de apellidos Salazar Serrano, de acuerdo a lo informado por su madre. Los jóvenes desaparecieron misteriosamente en la calle Campiña, en las cercanías del Mercado Colón de Santa Ana.
«Yo me bajé a realizar unas compras y cuando regresé ya no los encontré», relató muy angustiada doña Liliana.
Contó que ellos son originarios de Chalchuapa, del mismo departamento, y que sus hijos son personas de bien, honradas y trabajadoras. Agregó que no tenían problemas con nadie y no habían sido amenazados.
«Me siento muy mal, ya que son el único tesoro que tengo y que me los arrebaten no es justo», expresó preocupada la madre de familia.
Con la preocupación de no saber el paradero de sus hijos, asistió a la Policía Nacional Civil (PNC) a interponer la denuncia.
Por el momento, la Policía aún no les ha dicho nada sobre ellos y que el caso está en investigación. Por su parte, la Fiscalía manifestó que no se tiene mayor información y que también está bajo investigación.
«A las autoridades les digo que se toquen la mano en el corazón y que nos ayuden a encontrarlos. Son personas que se ganan la vida honradamente», reiteró.
Óscar y José están casados y tienen hijos con sus respectivas parejas, mientras que Jaime está soltero y estudia en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador (UES).
La madre de los tres jóvenes desaparecidos manifiesta que todos se dedicaban a reparar vehículos en un taller de mecánica.
«Hago un llamado para que me ayuden a encontrarlos porque mamá los espera con los brazos abiertos», dijo.
Asimismo, pidió a la población de que si los han visto que por favor se comuniquen inmediatamente al 7906-5155.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
