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Desaparecen misteriosamente tres mecánicos en mercado Colón de Santa Ana
La mañana del 29 de enero doña Liliana salió junto a sus tres hijos de su casa ubicada en Santa Ana, hacia la zona del mercado. Jamás se imaginaría que cuando se bajó de la camioneta ese medio día sería la última vez que los vería. Ahora vive en angustia y pide a Dios poder volverlos a ver con vida.
Doña Lilian cuenta que desde entonces inició su calvario. Ese día en que salieron los tres una camioneta con franjas color negro, propiedad de un familiar. Los tres muchachos se dirigían hacia Santa Ana para comprar repuestos para un vehículo que estaban reparando, pero ya no volvieron a casa.
Se trata de Jaime Ernesto, de 22 años; Óscar Alejandro, de 24, y José Mario, de 27, todos de apellidos Salazar Serrano, de acuerdo a lo informado por su madre. Los jóvenes desaparecieron misteriosamente en la calle Campiña, en las cercanías del Mercado Colón de Santa Ana.
«Yo me bajé a realizar unas compras y cuando regresé ya no los encontré», relató muy angustiada doña Liliana.
Contó que ellos son originarios de Chalchuapa, del mismo departamento, y que sus hijos son personas de bien, honradas y trabajadoras. Agregó que no tenían problemas con nadie y no habían sido amenazados.
«Me siento muy mal, ya que son el único tesoro que tengo y que me los arrebaten no es justo», expresó preocupada la madre de familia.
Con la preocupación de no saber el paradero de sus hijos, asistió a la Policía Nacional Civil (PNC) a interponer la denuncia.
Por el momento, la Policía aún no les ha dicho nada sobre ellos y que el caso está en investigación. Por su parte, la Fiscalía manifestó que no se tiene mayor información y que también está bajo investigación.
«A las autoridades les digo que se toquen la mano en el corazón y que nos ayuden a encontrarlos. Son personas que se ganan la vida honradamente», reiteró.
Óscar y José están casados y tienen hijos con sus respectivas parejas, mientras que Jaime está soltero y estudia en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador (UES).
La madre de los tres jóvenes desaparecidos manifiesta que todos se dedicaban a reparar vehículos en un taller de mecánica.
«Hago un llamado para que me ayuden a encontrarlos porque mamá los espera con los brazos abiertos», dijo.
Asimismo, pidió a la población de que si los han visto que por favor se comuniquen inmediatamente al 7906-5155.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
