Trascendió a este medio, la abogada Tania Ávalos intepuso denuncia penal por la presunta comisión del delito de “PREVARICATO” (Resolver deliberada o negligentemente contrario a la ley) contra el Juez Juan Antonio Durán Ramírez, quien actualmente se encuentra ejerciendo indefinidamente como Magistrado Interino de la Cámara 3ª de lo Penal de San Salvador. El hecho principal de la denuncia se encuentra en la resolución dictada por ese Tribunal, en el incidente de apelación referencia 131-2020, en el que se absuelve de toda responsabilidad penal, al representante legal de la Sociedad INTRATEX, S.A. DE C.V., respecto del delito de evasión de impuestos.

El 12 de octubre de 2020, la reconocida abogada, quie aspira a una candidatura a diputación no partidaria, Tahnya Pastor, manifestó a través de su cuenta de Twitter @TahnyaPS que: “Primero la Cámara sobresee cuando en casos idénticos, tenemos muchas condenas previas. Me parece un claro caso para investigación por posible Prevaricato. Ahora todos reclamarán ese mismo trato preferencia de interpretación especial”

El caso en mención, inició al momento en que Fiscalía giró orden de detención administrativa contra el Directivo de INTRATEX, S.A DE C.V., posteriormente se presentó Requerimiento Fiscal y en audiencia inicial el Juez 6º de Paz de San Salvador, decretó instrucción con aplicación de medidas cautelares lo que incluía una fianza por la suma de $500,000,oo que el representante legal canceló para recobrar su libertad. No obstante, la defensa interpuso una apelación que según la profesional del derecho fue resuelta en tiempo “record”, a pesar de la complejidad del caso y que el Magistrado Durán, actuando como “Juez y Parte” completó los vacios que solamente la investigación durante la etapa de instrucción podían conocerse, determinando “de oficio” y sin más pruebas que se trataba de un “error” en la declaración de impuestos y con ese argumento dictó el Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado.

El Sobreseimiento Definitivo se da cuando existe la certeza que el hecho no ha existido o no es delito, sin embargo a criterio de la abogada, acá no la había, lo cual quedó confirmado con la aplicación de una medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional en el Amparo 354-2020, interpuesto por la Sociedad INTRATEX, S.A. DE C.V., respecto a la fiscalización del ejercicio impositivo del año 2017, en que ordenó al juzgado suspender la tramitación del proceso penal en el Juzgado 6º de Instrucción de San Salvador, hasta que se completase el procedimiento administrativo de fiscalización. Entonces, si lo que advierte la Sala de lo Constitucional es que está pendiente una resolución de fondo, de naturaleza administrativa que es previa para continuar con la etapa de instrucción ¿De dónde saca Toni Durán la certeza que el hecho no es delito?

La abogada también recordó que esta misma Cámara en recientes antecedentes a pesar que existían condiciones de procesabilidad claramente determinadas por la ley o los hechos demostraban que no correspondían a la materia penal, Durán decidió que no era posible resolver el fondo, porque según su criterio, no se podía fallar en cuanto el fondo del asunto, sin esperar posibles elementos de prueba durante la instrucción. Es decir que sus decisiones a criterio de la denunciante, se van acomodando en atención a la persona que juzga y quién sabe bajo qué criterios e intereses.

Un Juez interino para resolver casos polémicos.

Para Tania Ávalos, la Corte Suprema de Justicia, si pretende contribuir al Estado de Derecho, debe suspender de inmediato las prácticas de nombramientos de tantos Jueces y Magistrados interinos, que son nombrados de forma “indefinida” pues ello incide directamente en la vulneración a la independencia judicial, a partir de no existir una estabilidad en el cargo. Pues recordó que la indepdencia judicial juega un doble interés, del juez que sabe que solamente será removido de su cargo conforme a procedimientos debidamente reglados de forma previa y para el ciudadano, que requiere que no existan criterios “extra judiciales” para la selección y designación de jueces de forma interina en sedes judiciales y magistraturas específicas.

Recordó que hubo un nefasto antecedente cuando el Ex Magistrado Sidney Blanco, como coordinador de la Comisión de Evaluación Judicial de Corte Plena, en clara identidad de fines con el Ex fiscal general Douglas Meléndez, efectuaron remociones y traslados de jueces y colocaron otros “a modo” que tuvieron a su cargo resolver y siguen resolviendo casos polémicos. Uno de los casos más serios, señaló fue el del Juez Rigoberto Chicas, trasladado del Juzgado de Instrucción de Apopa, al Juzgado 4º de instrucción de San Salvador, como titular; sin embargo, luego se le da un interinato como Juez de Extinción de Dominio y además ejerce como Magistrado suplente en la Cámara de lo Penal de Santa Tecla. ¿Por qué hacer estas designaciones habiendo más jueces, qué intereses hay en el fondo de estos movimientos? Dejó a forma de pregunta, la abogada.

Posible impunidad si Fiscalía no recurre la sentencia.

Finalmente la denunciante, recordó que en cuanto a la resolución dictada por la Cámara 3ª de lo Penal, la Fiscalía contaba con 10 días para interponer Recurso de Casación, lo cual es sumamente importante que se haga, pues de no recurrir estaría enviando un mensaje claro de impunidad y que la justicia no es igualitaria. Sobre todo porque recordó que la medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional, no puede abarcar un proceso penal, en curso, pues hay dos criterios que el citado Tribunal se estaría saltando y que están contemplados en el Art. 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales consistentes en el agotamiento previo de los recursos ordinarios, que en el particular no se había suscitado según la profesional, por precisamente estar pendiente el Recurso de Casación.