Este sábado 10 de octubre de 2026, El Salvador recuerda una de las tragedias más dolorosas de su historia. Hace exactamente 40 años, a las 11:49 de la mañana del viernes 10 de octubre de 1986, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió violentamente San Salvador y convirtió en escombros edificios, viviendas y centros de trabajo. Bastaron aproximadamente 10 segundos para cambiar la vida de miles de familias y dejar una profunda huella en la memoria colectiva de los salvadoreños.

El movimiento telúrico tuvo su origen en fallas geológicas locales, a poca profundidad y muy cerca de la capital, factores que explican su enorme capacidad destructiva. La tragedia dejó aproximadamente 1,530 personas fallecidas, 10,000 heridas y alrededor de 200,000 damnificados, según estimaciones históricas. Las pérdidas materiales alcanzaron unos 1,031 millones de dólares, una cifra devastadora para un país que, además, atravesaba uno de los períodos más difíciles del conflicto armado.

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en el edificio Rubén Darío, ubicado en el centro de San Salvador, cuya estructura colapsó y sepultó a cientos de personas. También resultaron gravemente afectados el Gran Hotel San Salvador, el edificio Dueñas, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y numerosas construcciones históricas. La escuela Santa Catalina, en el barrio San Jacinto, fue otro de los escenarios de la tragedia. Incluso el Monumento al Divino Salvador del Mundo sufrió daños cuando la imagen cayó de su pedestal, convirtiéndose en una de las fotografías más recordadas de aquel desastre.

En medio del caos, los gritos de auxilio y las calles cubiertas de escombros, surgieron innumerables historias de solidaridad. Socorristas, bomberos, voluntarios y ciudadanos trabajaron durante horas y días para rescatar sobrevivientes, utilizando herramientas improvisadas y, en muchos casos, sus propias manos. Equipos de emergencia de Guatemala se sumaron a las labores de búsqueda, mientras cientos de familias permanecían en las calles por temor a nuevas sacudidas. Durante los cuatro días posteriores se registraron centenares de réplicas que prolongaron la angustia de una población golpeada por la pérdida de sus seres queridos.

Cuatro décadas después, el terremoto del 10 de octubre de 1986 sigue siendo una herida abierta en la historia salvadoreña, pero también un recordatorio de la importancia de la prevención, las construcciones seguras y la preparación ante emergencias. Aunque San Salvador ha cambiado su paisaje urbano y muchas de las estructuras destruidas desaparecieron, los recuerdos permanecen entre quienes sobrevivieron a aquella mañana. Hoy, el país honra a las víctimas, reconoce la valentía de los rescatistas y recuerda que, en apenas 10 segundos, una ciudad entera puede cambiar para siempre.

El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.

Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.

#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.

La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.

Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.

Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.

Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026

La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.

Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.

El Viceministerio de Transporte (VMT) mantiene desplegados equipos de inspección en diferentes carreteras de El Salvador para verificar que los vehículos de carga cumplan con las disposiciones de tránsito y las condiciones de seguridad exigidas por la ley. Los operativos incluyen revisiones mecánicas, documentación reglamentaria y controles de circulación, con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes y garantizar una movilidad más segura para conductores y peatones.

De acuerdo con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, las autoridades realizan entre 60 y 65 operativos diarios en todo el territorio nacional, que comprenden inspecciones en carretera, controles de pesaje, verificación de horarios restringidos y revisiones técnicas. Estas acciones están dirigidas a un parque vehicular de aproximadamente 160,000 unidades de transporte de carga, entre camiones, rastras y otros vehículos utilizados para el traslado de mercancías.

Los controles también se desarrollan en la zona oriental del país y en importantes corredores viales como la carretera Panamericana, el tramo de Los Chorros, la autopista a Comalapa, el bulevar del Ejército, el bulevar Constitución y la carretera al Puerto de La Libertad. En estos sectores, los gestores de tránsito verifican el cumplimiento de las restricciones de circulación, especialmente durante los horarios de mayor congestionamiento vehicular, así como las condiciones de las unidades y sus respectivos permisos.

Las inspecciones han permitido detectar más de 30 vehículos de carga con irregularidades, entre ellas fallas mecánicas, exceso de peso y modificaciones no autorizadas. Como parte del fortalecimiento de la seguridad vial, desde el 5 de octubre se exige la revisión técnica a los vehículos de volteo, mientras se amplían los diagnósticos preventivos para el transporte comercial. Las infracciones pueden generar multas de $50, $100 o $150, según su gravedad, además de sanciones específicas por sobrepeso que pueden alcanzar montos superiores.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en diferentes puntos del país para identificar unidades que representen riesgos en las carreteras. El VMT también mantiene la vigilancia sobre el estado de los neumáticos, sistemas de frenos, luces, dispositivos de seguridad y condiciones de la carga. Estas medidas forman parte de los esfuerzos para prevenir siniestros viales y promover el cumplimiento de las normas entre las empresas transportistas y los conductores de vehículos pesados.