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Colombia extraditará a El Salvador a jefe pandillero que vivía en mansión rodeada de celebridades de la música

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En agosto del año pasado, la Fiscalía General de la República detectó que desde Colombia, Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias «El Tatuado», estaba dirigiendo una estructura de extorsionistas y estafadores, investigación que alertó a las autoridades de ese país quienes comenzaron a seguir los rastros del criminal reclamado por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Es perfilado como pandillero de la facción revolucionaria de la pandilla 18 y junto a otros siete detenidos engañaron a personas a través de un grupo creado en una red social, donde les prometían liberar a sus parientes privados de libertad, pero debían pagar como mínimo $3,000.

Pintor Rodríguez se cambió de nombre para no ser localizado y tenía trabajos fachada, pero llamó la atención de las fuerzas de seguridad del país sudamericano la vida de lujo que llevaba pues residía en mansiones de Llanogrande, una de las zonas más exclusivas en Antioquia, en donde un mes de alquiler sobrepasa los $8,000.

En el exclusivo complejo habitacional tienen sus mansiones celebridades de la música colombiana, entre ellos J Balvin, el valor de las casas es muy elevado y sobrepasan los $2 millones, solo un metro cuadrado de terreno está valuado en $1,000.

El nivel de gastos de Pintor Rodríguez es excéntrico, había adquirido motocicletas de gama alta, le decomisaron una BMW S1000RR, que tiene un costo de $33,700 aproximados y una BMW F900 XR de unos $19,200, en ese país.

Llevaba una vida de clase alta, practicaba deportes extremos y pretendía hacer creer que era italiano, para acreditarlo entre su grupo de personas cercanas con las que ya había entablado un círculo de amistad, a veces se refería con palabras italianas.

Expediente judicial

El proceso penal judicializado a finales de agosto de 2024, la Fiscalía destaca que Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, es el cabecilla de la banda. Según el informe, el salvadoreño contactaba a las víctimas y les pedía entre $2,000 y $25,000, para, supuestamente, liberar a sus familiares detenidos.

El 14 de agosto de ese año la estructura fue desarticulada mediante operativos realizados en Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, San Martín y La Libertad.

Entre las capturas hay personas que prestaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero. Cuatro mujeres vinculadas a la red están en prisión, se trata de Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.

En las pesquisas realizadas detectaron que el dinero que las víctimas pagaban, era depositado en las cuentas bancarias y luego era remesado a Colombia.

Según las pesquisas, contactaron a sus víctimas a través de unas páginas de las redes sociales, una de ellas de nombre TDL, creada en Facebook, les aseguraban que sus parientes iban a quedar en libertad para mientras les entregaban el dinero.

Cuando las víctimas no les querían pagar las amenazaban con llamar a la Policía para que las detuviera por el régimen de excepción, así denunciaron las personas afectadas por la estructura.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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