Internacionales
Se diluye la esperanza de hallar sobrevivientes tres días después del sismo en Birmania
Las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros se desvanecen este lunes tras el potente terremoto que mató a por lo menos 1.700 personas en Birmania y la vecina Tailandia.
En Mandalay, la segunda ciudad de Birmania, situada cerca del epicentro, algunos habitantes pasaron una tercera noche bajo a la intemperie. Muchos durmieron en medio de las carreteras, lo más lejos posible de los edificios.
Los esfuerzos de rescate bajaron de intensidad en esa ciudad central de Birmania con más de 1,7 millones de habitantes, en medio de condiciones difíciles y con temperaturas cercanas a los 40 ºC.
El fuerte calor acelera la descomposición de cuerpos, lo cual podría complicar su identificación.
La junta birmana declaró una semana de luto nacional y anunció que las banderas birmanas ondearán a media asta «en señal de compasión por la pérdida de vidas y los daños causados por el violentísimo terremoto».
Una escena de desesperación se vivió en un edificio de apartamentos colapsado la noche del domingo en Mandalay, cuando los rescatistas creyeron haber rescatado con vida a una mujer embarazada que pasó más de 55 horas entre los escombros.
Le amputaron una pierna para liberarla, pero tras sacarla fue declarada muerta.
«Intentamos hacer todo lo posible para salvarla», comentó un rescatista, añadiendo que había perdido demasiada sangre por la amputación.
Los fieles musulmanes se congregaron el lunes cerca de una mezquita destruida en la ciudad para la primera oración del Aíd al-Fitr, la festividad que se celebra después del mes de ayuno musulmán del Ramadán.
Este lunes se esperan cientos de funerales de víctimas.
El sismo inicial de magnitud 7,7 se registró la tarde del viernes cerca de Mandalay, seguido de una réplica, minutos después, de magnitud 6,7.
Los temblores colapsaron edificios, derribaron puentes y bloquearon carreteras en el centro de Birmania.
Pánico por réplicas
A lo largo del fin de semana se sintieron réplicas en Mandalay, donde los vecinos salían a las calles en pánico.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) lanzó este domingo un llamado de emergencia por más de 100 millones de dólares para ayudar a las víctimas.
Según la IFRC, las necesidades crecen cada hora, al tiempo que el calor y la cercanía de la temporada de lluvias aumentan el riesgo de «crisis secundarias».
El país del sudeste asiático de más de 50 millones de habitantes ya enfrentaba enormes desafíos desde antes del terremoto.
Birmania se ha visto arrasada por cuatro años de guerra civil tras el golpe militar de 2021.
Incluso después del sismo se han reportado combates esporádicos. Un grupo rebelde dijo el domingo a AFP que siete de sus combatientes murieron en un bombardeo poco antes de que se sintieran los temblores.
La guerra civil provocó el desplazamiento de unas 3,5 millones de personas, muchas de las cuales están al borde de la hambruna.
Colapso en Bangkok
En la capital tailandesa, Bangkok, a unos 1.000 km de Mandalay, siguen las operaciones por hallar sobrevivientes en el lugar donde colapsó un edificio en construcción de 30 pisos por el terremoto del viernes.
Al menos 18 personas murieron en la megalópolis tailandesa. Se registran además 33 heridos y 78 desaparecidos, según las autoridades de la ciudad.
La mayoría de los fallecidos en la torre colapsada eran trabajadores y gran parte de los desaparecidos habrían quedado atrapados bajo el cúmulo de escombros.
Los rescatistas trabajaron contra reloj el fin de semana en busca de sobrevivientes, utilizando excavadoras mecánicas para remover los escombros mientras las familias esperaban noticias de sus seres queridos.
Perros rastreadores y drones con imágenes térmicas buscaban señales de vida en el edificio colapsado, ubicado cerca del mercado Chatuchak, un sitio muy visitado por turistas.
Internacionales
Gerente de medios de pago del banco estatal CHN muere por balas en zona 4 de Ciudad de Guatemala
Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, de 42 años, gerente de Medios de Pago del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), falleció este miércoles 14 de octubre de 2026 tras recibir dos impactos de bala en la espalda mientras caminaba por la 7.ª avenida y vía 1 de la zona 4 de Ciudad de Guatemala, cerca del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).
Según la información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho se originó en una discusión de tránsito entre el conductor de un automóvil tipo sedán blanco y un motorista que realizaba entregas a domicilio. Testigos indicaron que el automovilista sacó un arma de fuego y disparó contra el motorista; sin embargo, los proyectiles alcanzaron a Mazariegos Díaz, quien transitaba por el lugar y, de acuerdo con esa versión, no participaba en el altercado. Ambos involucrados huyeron del sitio y las primeras búsquedas policiales no lograron localizarlos.
Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron tras reportes de detonaciones. Realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizaron un monitor cardíaco y administraron medicamentos por vía intravenosa, pero el gerente falleció en la escena. La PNC consignó preliminarmente el caso como muerte por balas perdidas, aunque aclaró que la investigación —a cargo de agentes y del Ministerio Público, que revisa cámaras de seguridad— deberá esclarecer la secuencia exacta, el móvil y las responsabilidades. El CHN confirmó a medios locales el cargo que desempeñaba la víctima.
Mazariegos Díaz lideraba desde 2022 proyectos de modernización de tarjetas de crédito y débito, canales electrónicos y pagos digitales en el CHN, institución bancaria estatal con más de 95 años de trayectoria, especializada en financiamiento de vivienda popular y programas sociales como Mi Primera Casa, con respaldo estatal para sus operaciones.
El incidente provocó el cierre parcial de carriles y afectó la circulación en una avenida transitada de la capital. Las autoridades continúan las diligencias para identificar a los responsables mientras se procesa la escena.
Internacionales
México emplaza a las redes sociales para eliminar contenido que incite a la violencia
El Gobierno de México dio este miércoles un plazo de un mes a las redes sociales para ajustar sus sistemas y comenzar a retirar contenidos que inciten a la violencia, según un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La medida, que cuenta con el acuerdo de las plataformas, se anunció después de varios incidentes de violencia registrados en centros educativos del país.
«En un mes, tienen que tener ajustados sus algoritmos, esquemas, para que bajen de sus plataformas cualquier contenido de violencia relacionado con las cuentas de niños, niñas y adolescentes», declaró Sheinbaum durante su conferencia diaria, tras firmar el decreto.
Las empresas Meta, TikTok, X, Apple y Microsoft deberán cumplir con las restricciones. La mandataria advirtió que, si no lo hacen, el Gobierno avanzará hacia una ley que contemple sanciones.
Días antes, el Gobierno anunció que preparaba el decreto luego de que dos exalumnos de 18 años mataran a una subdirectora e hirieran a otras tres personas durante un ataque con armas blancas en una escuela de la ciudad de Torreón, en el norte de México.
Sheinbaum aseguró que, en ese caso y en otro incidente, se identificaron «similitudes» relacionadas con «un comportamiento vinculado con la comunicación a través de redes sociales».
El nuevo decreto prohíbe que las plataformas digitales permitan a menores de edad acceder a «imágenes y videos que generen o promuevan violencia en el entorno escolar, abuso, suicidio, autolesiones, ciberbullying, discursos de odio».
Además, las redes sociales deberán alertar a las autoridades «cuando identifiquen contenido que atente contra la vida».
El pasado martes, un profesor fue asesinado a balazos dentro de una escuela en el estado de Oaxaca. Sin embargo, según medios de comunicación, los agresores fueron hombres armados que irrumpieron en el centro educativo.
México es un país golpeado por la violencia del crimen organizado, aunque los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles una nueva serie de operativos de seguridad acompañados de toques de queda, que se ejecutarán del 1 al 10 de noviembre en provincias de la región costera, como parte de las acciones del Gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
«Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre con toque de queda en las provincias de la costa», indicó el mandatario durante una entrevista con Radio Centro, en la ciudad de Ambato, ubicada en la zona central del país.
Noboa explicó que la medida se adoptará tras los resultados reportados por el Gobierno en anteriores operativos de seguridad y restricciones a la movilidad nocturna. Según el mandatario, estas acciones permitieron reducir los delitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.
El presidente aseguró que durante el último toque de queda, aplicado del 17 al 30 de septiembre en cuatro provincias costeras, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, se registró una reducción del 40 % de los delitos.
Asimismo, afirmó que varias de las semanas recientes registraron algunas de las cifras más bajas de homicidios en lo que va del año.
«Estamos viendo también una reducción significativa de las extorsiones», añadió Noboa, quien destacó que los operativos de seguridad han permitido capturar a presuntos cabecillas de organizaciones criminales vinculadas a cárteles de la droga.
El mandatario también señaló que, solo en septiembre pasado, las autoridades incautaron más de ocho toneladas de droga. Según su estimación, este decomiso representó una afectación de 400 millones de dólares a las economías criminales.
«Entonces, más que una percepción, me baso en los números, y los números muestran que está funcionando», sostuvo el presidente al ser consultado sobre los resultados de las medidas de seguridad.
Noboa afirmó que la lucha contra el crimen organizado requiere planificación a mediano y largo plazo. También destacó la necesidad de implementar medidas para prevenir que los jóvenes se incorporen a estructuras delictivas, mediante oportunidades de capacitación, empleo y educación técnica.
Desde 2024, el Gobierno de Noboa mantiene un «conflicto armado interno» contra grupos criminales vinculados al narcotráfico, en medio de una escalada de violencia en Ecuador.
