Nacionales
Cinco hombres capturados con 140 kilogramos de droga son enviados a prisión
Durante la audiencia inicial en contra de cinco hombres que el 8 de marzo transportaban 140 kilogramos de droga valorada en $3.5 millones, el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel decretó instrucción formal con detención provisional, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sujetos fueron detenidos en la carretera que de La Unión conduce hacia San Miguel cuando llevaban la droga oculta en varios vehículos.
«Se obtuvo instrucción formal con detención provisional por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública. Se admitieron todos los elementos de prueba presentados en esta fase», señaló el fiscal del caso.
Entre los detenidos hay cuatro salvadoreños identificados como Moisés Fernando Rosa Hernández, de 23 años; Kevin Alexis Carranza Gómez, de 25; Óscar Alfonso García Velázquez, de 34, y Ángel Alexánder Bonilla Carranza, de 45. Además, el ciudadano guatemalteco Marvin Orlando Gabriel, de 40 años.
«Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo del corriente año cuando elementos de la Policía costera de La Unión dan persecución a tres vehículos de forma sospechosa, alrededor de la 1 de la mañana, que transitaban por el redondel Los Mangos en dirección a San Miguel», detalló la fuente fiscal
Los agentes policiales coordinaron la persecución y los sujetos fueron detenidos en la carretera Panamericana, a la altura del desvío a Uluazapa, en San Miguel.
A los hombres, además de la droga incautada, les decomisaron tres carros donde llevaban los estupefacientes. Según informaron las autoridades del Gabinete de Seguridad, la droga procedía de Nicaragua y su destino era Guatemala.
El 11 de marzo, en la colonia Brisas del Edén, de la ciudad migueleña, la PNC encontró $1.2 millones en efectivo ocultos en los compartimientos de un carro y, según las investigaciones, el dinero le pertenece a una estructura del narcotráfico.
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.
