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Cinco hombres capturados con 140 kilogramos de droga son enviados a prisión
Durante la audiencia inicial en contra de cinco hombres que el 8 de marzo transportaban 140 kilogramos de droga valorada en $3.5 millones, el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel decretó instrucción formal con detención provisional, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sujetos fueron detenidos en la carretera que de La Unión conduce hacia San Miguel cuando llevaban la droga oculta en varios vehículos.
«Se obtuvo instrucción formal con detención provisional por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública. Se admitieron todos los elementos de prueba presentados en esta fase», señaló el fiscal del caso.
Entre los detenidos hay cuatro salvadoreños identificados como Moisés Fernando Rosa Hernández, de 23 años; Kevin Alexis Carranza Gómez, de 25; Óscar Alfonso García Velázquez, de 34, y Ángel Alexánder Bonilla Carranza, de 45. Además, el ciudadano guatemalteco Marvin Orlando Gabriel, de 40 años.
«Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo del corriente año cuando elementos de la Policía costera de La Unión dan persecución a tres vehículos de forma sospechosa, alrededor de la 1 de la mañana, que transitaban por el redondel Los Mangos en dirección a San Miguel», detalló la fuente fiscal
Los agentes policiales coordinaron la persecución y los sujetos fueron detenidos en la carretera Panamericana, a la altura del desvío a Uluazapa, en San Miguel.
A los hombres, además de la droga incautada, les decomisaron tres carros donde llevaban los estupefacientes. Según informaron las autoridades del Gabinete de Seguridad, la droga procedía de Nicaragua y su destino era Guatemala.
El 11 de marzo, en la colonia Brisas del Edén, de la ciudad migueleña, la PNC encontró $1.2 millones en efectivo ocultos en los compartimientos de un carro y, según las investigaciones, el dinero le pertenece a una estructura del narcotráfico.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
