Judicial
CAMPO PAGADO / Fiscal de caso Rais-Martínez reconoce ilegalidad en escuchas telefónicas
La Fiscalía reconoció públicamente la ilegalidad de las escuchas telefónicas que sirven de prueba en el caso Rais-Martínez.
La fiscal Ana Liliana Guadalupe Jovel Guzmán admitió ante el juez que ventila el proceso que el ministerio público usó las grabaciones pese a que sabía que eran ilegales.
La Ley Especial de Escuchas Telefónicas señala que las escuchas solo tienen vigencia por seis meses, aún así se presentaron como parte de la acusación contra el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Rais.
“Se pasaron los seis meses que establece el plazo de la ley y llegó el 14 de octubre que hablan los querellantes… y no hubo un fiscal operativo que conociera de esta investigación”.
Guadalupe Jovel Guzmán
La fiscal también reconoció que tampoco hubo un fiscal que conociera el caso, reconoció que las escuchas utilizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra los procesados son ilegales, porque conforme con el articulo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas (LEIT), ya se había vencido el plazo de seis meses para que estas puedan ser utilizadas. “
Es decir, la Fiscalía violó la normativa de escuchas. Tras la declaración de la funcionaria, los defensores preguntan si las escuchas también han sido alteradas o editadas.
Desde el principio han pedido que se invaliden las escuchas por lo que insisten en esta petición al juez.
Por su parte, los abogados del empresario Enrique Rais han reiterado que las escuchas telefónicas que la Fiscalía han presentado en los juzgados como pruebas contra Rais son ilegales porque su cliente “no era sujeto de investigación”.
De acuerdo con los representantes legales de Rais, en similares circunstancias se encuentran los otros acusados en el proceso; Hugo Ernesto Blanco, Héctor Francisco Grimaldi, Luis Ernesto Peña Ortiz, Hilda Guadalupe Trigueros y Mauricio Álvarez Gálvez por quienes la FGR no solicitó autorización en su momento para realizar escuchas telefónicas.
Fue hasta 16 meses después cuando Will Walter Ruiz y exfiscal general Douglas Meléndez pidieron a los fiscales que fabricaran el caso contra Enrique Rais.
Prueba de ello es que las declaraciones de los fiscales difieren y cambian radicalmente en lo dicho en agosto de 2016, con las declaraciones de ahora como imputados.
Por eso está claro que el licenciado Campos Crespo reconoció en su derecho de última palabra en su defensa que él se tomó la responsabilidad y no informó al ex Fiscal Luis Martínez.
Lic. Hernán Cortez
Apoderado de Enrique Rais
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Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
