El día de ayer, Gerardo Quijada Orellana recibió una condena de más de seis años de prisión tras ser hallado culpable del delito de estafa agravada. Además, deberá pagar a la sociedad víctima un monto que asciende a $929,673.10 dólares como responsabilidad civil, aseguró la Fiscalía General de la Republica (FGR).

En 2008, Quijada Orellana acordó arrendar un inmueble perteneciente a la sociedad agraviada, pero desde 2009 no realizó ningún pago por el arrendamiento. El proceso judicial en su contra se había desarrollado desde 2009, y debido a leyes anteriores, logró manipular y evadir la justicia.

Quijada Orellana no se presentó a la lectura del fallo en su contra, lo que llevó a que se le considerara prófugo de la justicia. Sin embargo, gracias a la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se logró su ubicación y captura el día de hoy.

#Condena I El día de ayer, Gerardo Quijada Orellana ha recibido una condena de más de 6 años en prisión, tras ser encontrado culpable por el delito de estafa agravada y deberá pagar a la sociedad víctima un monto que asciende a $929,673.10 dólares, como responsabilidad civil.

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— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 19, 2024

Edras Adillas Cadenas Cartagena fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado imperfecto o tentado y privación de libertad. Al imputado se le impuso una pena de cárcel de 13 años.

El imputado fue perfilado como miembro activo de la Mara Salvatrucha y junto a otros sujetos privaron de libertad a la víctima y luego la llevaron hasta el lugar conocido como El Salamar, cantón Tonala de Sonsonate.

En ese lugar ataron a la víctima y le golpearon hasta dejarle inconsciente, luego los imputados se retiraron de la zona pues les avisaron de que en el sector circulaba la policía. El hecho sucedió el 28 de julio de dos mil dieciocho.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate decidió imponer 10 años de cárcel por el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado, y tres años y seis meses por por privación de libertad.

Gerardo Quijada, propietario de Talleres GQ y conocido en redes como «Mr. Miyagi», enfrenta graves acusaciones de estafa agravada, además de un proceso judicial que lo obligó a desalojar su taller en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Las autoridades ejecutaron la orden de desalojo, debido a una deuda millonaria acumulada por no pagar el alquiler de los terrenos.

El empresario, cuyas deudas ascienden a más de $3 millones en impuestos e intereses, se encuentra actualmente detenido por cargos de estafa agravada. La empresa Desarrollos Inmobiliarios Comerciales, S.A. de C.V. (DEICE) reclama que Quijada ocupó ilegalmente los terrenos desde 2007, año en que fueron adquiridos por DEICE.

#CRONIO #ATENCIÓN #ÚltimaHora Clausuran taller en Santa Elena de Gerardo Quijada, conocido en TikTok como “Mr. Miyagui”, por su presunta participación en un esquema de falsedad ideológico y prevaricato. pic.twitter.com/XSIGi67WDZ

— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2024

El proceso legal contra Gerardo Quijada no solo implica la disputa por los terrenos en Santa Elena, sino que también abarca otras investigaciones relacionadas con estafa agravada. DEICE, S.A. de C.V. llegó a la conclusión de que Quijada nunca tuvo la intención de cumplir con los contratos suscritos, y que su verdadera intención era permanecer indefinidamente en los inmuebles arrendados. En una instancia del litigio, DEICE le ofreció que abandonara los inmuebles a cambio de condonar las cuotas del canon pendientes, sin éxito.

Según las autoridades judiciales, el empresario utilizaba su popularidad en redes sociales para atraer clientes, quienes ahora lo acusan de haber incumplido acuerdos comerciales y de haber manipulado transacciones financieras, dejando varios vehículos sin reparaciones completas.

Quijada dueño de GQ Racing SPORT, se ha quejado y atacado en redes sociales al Gobierno, señalando que la justicia en este país es selectiva. pic.twitter.com/WuGHrdvGHc

— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2024

Además, la suma total que Quijada adeuda no solo incluye el alquiler impago de los terrenos, sino también los intereses acumulados y las penalizaciones fiscales correspondientes a los ingresos no declarados por su negocio. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación más amplia sobre sus actividades financieras, ya que se sospecha que los fraudes cometidos podrían haber afectado a un número considerable de personas y empresas.

Ayer, clientes y empleados del taller se encontraron con el establecimiento cerrado y bajo resguardo policial mientras las autoridades ejecutaban el desalojo. Este incidente marca el más reciente capítulo en el proceso judicial contra Quijada, quien enfrenta múltiples demandas por incumplimiento de pago y fraudes a nivel comercial.