Nacionales
Cambios estructurales con administración Bukele cierran brecha de impunidad
Los cambios estructurales implementados por la administración del presidente Nayib Bukele han permitido no solo que El Salvador sea el país más seguro del hemisferio occidental, sino también cerrar la brecha de la impunidad que por tres décadas —durante los gobiernos de ARENA y el FMLN— favoreció a las estructuras criminales y a los funcionarios corruptos.
Recientemente, el presidente Bukele reafirmó que ahora «en El Salvador no se tolerará ni el más mínimo delito», y resaltó que «la efectividad de nuestra Policía es del 99 %» para lograr la captura de los delincuentes.
«Así que, si usted comete uno, sepa que tendrá que pagar en la cárcel», escribió el mandatario el 31 de agosto pasado en la red social X.
La publicación del gobernante fue en reacción a la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) minutos después de que hurtó el celular de una adulta mayor en el reparto Maquilishuat, en el distrito de Tonacatepeque, municipio de San Salvador Este.
Ante esta nueva realidad en seguridad que vive El Salvador, el abogado Juan Contreras explicó que el Plan Control Territorial (PCT), el régimen de excepción, reformas de leyes como el Código Penal, el fortalecimiento de la PNC y de la Fiscalía General de la República (FGR) constituyen los pilares de una nueva etapa de seguridad y justicia que ponen fin a décadas de impunidad.
«El cambio en la legislación secundaria, en normas procesales, procesal penal, adecuación de tipos penales en el Código Penal, todos esos cambios que la Asamblea Legislativa ha acompañado han permitido que las autoridades combatan mejor la delincuencia», explicó el abogado.
La fase III del PCT, conocida como Modernización, que inició el 30 de julio de 2019, permitió dotar de uniforme, equipo y armas a los agentes de la PNC para combatir a las pandillas a escala nacional.
«Los policías y los militares andaban con sus botas rotas, sus uniformes viejos, con armas que se encasquetaban, que no podían disparar, no tenían potencia de fuego; los pandilleros tenían mejores armas que la policía. Y ahora tenemos una policía bien equipada, con equipo de primera generación, con drones, con vehículos de primer nivel. Hay un fortalecimiento institucional también en el trabajo de la policía», razonó el abogado.
Luego, en julio de 2023 —un año y cuatro meses después de la implementación del régimen de excepción, y a propuesta del Gabinete de Seguridad—, la Asamblea Legislativa aumentó de 45 a 60 los años de prisión contra los cabecillas de pandillas.
Esa misma pena fue impuesta contra los financistas de los grupos delincuenciales. Además del fortalecimiento de la normativa contra las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó en febrero pasado —a iniciativa del Ejecutivo — la Ley Anticorrupción, cuya vigencia inició el 11 de agosto anterior, según reportó la prensa nacional e internacional.
Este cuerpo de ley creó el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, conformado por 12 instituciones, como la FGR, la PNC, la Corte de Cuentas de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero para combatir la corrupción en la esfera de la función pública.
La nueva normativa —respaldada por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, PCN y PDC— fortalecerá el combate de la corrupción, aunque este flagelo ya estaba en la agenda de trabajo del Gobierno del presidente Bukele.
En octubre de 2023 fue capturado Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal (banco estatal) por los delitos de soborno y actos arbitrarios. Y en abril de 2024 fue capturado Cristian Flores, comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, también por soborno.
«Todos esos cambios estructurales han permitido que tengamos estos resultados [en seguridad y en el combate de la impunidad]. No hay otro liderazgo como el del presidente Bukele. El presidente ha logrado posicionar a El Salvador como un referente, particularmente en el tema de la seguridad», añadió Contreras.
Para el docente y analista Rafael Góchez, el Ejecutivo impulsa un nuevo paradigma en cuanto al combate de la criminalidad en los territorios, la persecución y represión del delito en todas las esferas de la realidad nacional, a diferencia de lo obrado por el bipartidismo representado por ARENA y FMLN.
«Las políticas de persecución al crimen en El Salvador se han endurecido como una reacción de sentido común ante la desprotección progresiva que sufrió la población durante casi tres décadas frente a estructuras criminales empoderadas», planteó el académico.
ENTREGA ESPECIAL
De fuente protegida de El Faro a capturado: cae “Little Man”, pandillero que acusó a Bukele de pactos con la 18
Remberto Ismael Colindres Rajo apareció en una investigación periodística haciendo graves señalamientos sobre supuestos acuerdos políticos con pandillas. Más de un año después, fue localizado en México y trasladado nuevamente a El Salvador. Su captura ha reabierto una polémica que ahora también alcanza al papel de los periodistas que lo entrevistaron.
La historia de Remberto Ismael Colindres Rajo, alias “Little Man”, dio un giro que difícilmente pasará inadvertido en la discusión política salvadoreña. El hombre que en 2025 apareció como una de las fuentes utilizadas para sostener explosivas acusaciones sobre supuestos pactos entre políticos y la Pandilla 18 fue localizado en México y terminó nuevamente bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que Colindres Rajo, de 37 años, se encontraba entre cinco salvadoreños entregados por autoridades mexicanas en la frontera de El Carmen, San Marcos. La institución guatemalteca los identificó como presuntos integrantes de estructuras de pandillas y posteriormente los trasladó hacia la frontera con El Salvador. En el caso de “Little Man”, Guatemala indicó que registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en grado de tentativa.


Pero el nombre de Colindres Rajo ya había trascendido mucho antes de esta operación.
En 2025, “Little Man” apareció como fuente en una investigación difundida por El Faro y N+ Univision sobre presuntos acuerdos entre dirigentes políticos y miembros de la Pandilla 18. En aquel trabajo, el pandillero sostuvo que la estructura criminal había utilizado su control territorial para presionar a comunidades y conseguir respaldo electoral para Nayib Bukele durante su ascenso político.
Su testimonio fue particularmente polémico. “Little Man” afirmó que desde la estructura se giraban instrucciones para obligar a familiares y habitantes de comunidades controladas por la pandilla a votar por Bukele bajo amenazas. También aseguró que durante determinados períodos existió un entendimiento para reducir enfrentamientos y que Carlos Marroquín, funcionario vinculado a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, habría tenido contacto con integrantes de la organización. Bukele negó públicamente aquellas acusaciones.
El personaje utilizado como fuente tampoco fue presentado por los propios reportajes como un ciudadano ajeno a las estructuras criminales. Publicaciones de la época describieron a “Little Man”, también identificado con el alias “Tasmania”, como un integrante con peso dentro del Barrio 18 y señalaron que su rostro y ubicación no serían revelados durante la publicación del material.
Ese detalle cobra una dimensión distinta después de su captura.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aprovechó la detención para atacar directamente al medio que entrevistó al pandillero. El funcionario lo describió como uno de los sujetos a los que El Faro habría dado espacio en sus investigaciones y fue todavía más lejos: afirmó que periodistas involucrados en el reportaje supuestamente ofrecieron gestionar para Colindres Rajo asilo y tranquilidad en México a cambio de su participación.
Precisamente ahí aparece la nueva controversia.
Una cosa es que un periodista proteja la identidad o ubicación de una fuente —una práctica utilizada habitualmente cuando revelar esa información puede poner en peligro a quien proporciona datos— y otra muy distinta sería colaborar activamente para que una persona requerida por la justicia escape de las autoridades. La primera pertenece al terreno de la protección de fuentes; la segunda, de comprobarse, plantearía cuestionamientos de naturaleza completamente diferente. Por ahora, la acusación pública del ministro no permite confundir ambas situaciones.
La captura también coloca bajo una nueva lupa las declaraciones que “Little Man” realizó en 2025. Haber sido detenido o poseer antecedentes no demuestra por sí solo que aquello que declaró fuera falso; del mismo modo, que haya participado como fuente tampoco convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos comprobados. Su testimonio debía ser —y continúa debiendo ser— evaluado frente a documentos, otras fuentes y evidencias independientes.
El caso resulta todavía más explosivo porque El Faro ha publicado durante años investigaciones sobre supuestas negociaciones entre distintos gobiernos salvadoreños y estructuras criminales. En 2021, por ejemplo, el medio publicó información basada en documentos de una investigación de la Fiscalía denominada “Catedral”, en la que se señalaban reuniones entre funcionarios y representantes de las principales pandillas dentro de centros penitenciarios.
Ahora, sin embargo, uno de los hombres que apareció contando desde adentro su versión sobre esos supuestos entendimientos ya no está oculto ni fuera del alcance de las autoridades salvadoreñas.
“Little Man” pasó de fuente protegida a detenido.
Y con su regreso a El Salvador se abre una interrogante que probablemente continuará alimentando el enfrentamiento entre el Gobierno y uno de sus medios más críticos: ¿la captura servirá únicamente para procesar al presunto pandillero por los delitos que las autoridades le atribuyen, o también permitirá comprobar —o desmontar— algunas de las acusaciones que durante meses colocaron su testimonio en el centro de la tormenta política?
Por ahora hay una certeza: el hombre cuya identidad y ubicación fueron protegidas mientras hacía acusaciones capaces de sacudir al poder político salvadoreño ya está en manos de ese mismo Estado.

Nacionales
Automóvil cae a un barranco de 25 metros en carretera a playa El Espino
Un automóvil particular cayó esta mañana en un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad, en el departamento de Usulután.
El vehículo circulaba sobre la carretera que conduce hacia la playa El Espino cuando, por circunstancias no precisadas, cayó al precipicio.
De manera preliminar, se reportó que el conductor del automotor resultó lesionado tras el aparatoso siniestro vial.
Hasta el cierre de esta nota, el automóvil permanecía en el fondo del barranco, a la espera de la llegada de una grúa para ser retirado del lugar.
Nacionales
Más de 500 familias son beneficiadas con jornada de fumigación en San Salvador Centro
La Administración de la Zona 1 de la alcaldía de San Salvador Centro, en coordinación con Promoción de Salud, realizó una jornada de fumigación en los condominios Palo Verde, Belloso, Cuscatlán, Palmas, Jardines de Versalles y Libertad.
De acuerdo con las autoridades edilicias, estas acciones benefician a más de 500 familias de las colonias intervenidas.
La jornada tiene como objetivo prevenir los contagios de dengue, zika y chikungunya, enfermedades asociadas a la proliferación de zancudos.
Asimismo, el personal municipal brindó recomendaciones a las familias beneficiadas para prevenir la formación de criaderos de zancudos y contribuir a evitar la propagación de estas enfermedades.
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