El personal operativo y los inspectores de la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios (UPREV) participaron ayer en el Simulacro Nacional ante Terremoto 2026, coordinado por la Dirección General de Protección Civil.

La actividad tiene como objetivo fortalecer la preparación institucional para responder ante una emergencia sísmica que pueda ocurrir en cualquier momento.

“Los simulacros son fundamentales para evaluar nuestra capacidad de respuesta, fortalecer los procedimientos operativos y mejorar la coordinación entre las instituciones de primera respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil”, expresó el subdirector de Bomberos de El Salvador, Erick Vásquez.

La institución detalló que, durante el ejercicio, el personal operativo puso en práctica los procedimientos de evacuación y respuesta, mientras que los inspectores de UPREV contribuyeron a reforzar la cultura de prevención y la importancia de contar con planes de emergencia.

El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que busca eliminar la conciliación y la mediación en accidentes de tránsito que provoquen lesiones o muertes como consecuencia de la conducción peligrosa. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, surge en medio de la preocupación por los recientes siniestros viales que han dejado víctimas mortales y personas lesionadas en diferentes carreteras del país.

Uno de los principales cambios planteados consiste en modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, con el propósito de que las lesiones culposas ocasionadas mediante la conducción de vehículos automotores puedan ser investigadas de oficio por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto permitiría que el Ministerio Público inicie y continúe las investigaciones sin depender de una denuncia o solicitud particular de la persona afectada.

La propuesta también contempla reformar el artículo 38 para impedir que los casos de homicidio culposo y lesiones derivados de la conducción peligrosa puedan resolverse mediante conciliación o mediación. De aprobarse, los acuerdos entre el conductor responsable y las víctimas o sus familiares no serían suficientes para extinguir la acción penal en los supuestos establecidos por la reforma. El objetivo es garantizar que estos hechos sean sometidos al procedimiento judicial correspondiente, independientemente de posibles arreglos entre las partes.

Las modificaciones también alcanzarían a quienes faciliten vehículos de transporte público o de carga a personas que no cuenten con la autorización necesaria para conducirlos, conducta contemplada en el artículo 147-G del Código Penal. La iniciativa forma parte de las medidas que el Ejecutivo busca implementar para reforzar la seguridad vial y las consecuencias legales de las conductas de riesgo al volante. Por el momento, se trata de una propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa, por lo que deberá completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.