Nacionales
Autoridades continúan evaluando salud de vecinos de exfábrica de baterías Record
El Ministro de Gobernación, Mario Durán dijo que continuará cerco sanitario y la alerta roja en Sitio del Niño, tras el incendió de la exfábrica de Baterías Record hasta descartar el peligro las familias de los alrededores.
“Hay que reconocer que la explosión que se presentó en el este incendio es de suma peligrosidad, hasta no tener el último detalle de cómo se encuentra la gente en la zona; no podríamos no disponer de ese cordón sanitario.”expresó Mario Durán, Ministro de Gobernación.
La noche del domingo 2 de agosto se registró un siniestro en la exfábrica de Baterías Record, el incendio provocó enseguida una explosión. La antigua fábrica está ubicada en San Juan Opico, La Libertad.
Ante el peligro de los materiales que se quemaron y las densas columnas de humo que cubrieron el cielo de la zona, el Ministetio de Salud decretó un Cerco Sanitario de 500 metros a la redonda por 72 horas; mientras se efectúan las pruebas de los niveles toxicidad en el perímetro.
“Recordarles también que dicho cordón fue decretado por el MINSAL y es precisamente para eso, para cuidar de la salud de los habitantes.”, enfatizó el titular de Gobernación.
En Ministro de Gobernación dijo que muchas familias ya fueron examinadas.
“Tengo entendido que no ha habido ninguna persona intoxicada. Se hicieron exámenes de laboratorio hasta más de 40 familias; de las cuales en ese lugar, en ese momento, solo se establecieron 6 personas con síntomas leves, que después fueron dadas de alta.”, además enviaron ayuda alimentaria, agregó el funcionario.
Las pruebas de toxicidad también se están realizando a los bomberos, al equipo de Protección Civil y a los soldados quienes articularon la ayuda para apagar las intensas llamas del siniestro.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
