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Antes de ser emboscado y asesinado por pandilleros, policía celebraba que su hija iba a iniciar una carrera universitaria
Antes de ser emboscado y asesinado por pandilleros, el policía Carlos Antonio Flores Martínez, de 41 años de edad, destacado en la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), celebraba que su hija iba a iniciar una carrera universitaria este año.
Flores Martínez andaba muy contento, pues la hija que había procreado con su esposa iba a estudiar en una universidad capitalina, pero su sueños de verla coronar una carrera fueron truncados después de ser asesinado por supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la lotificación Miraflores, municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, la mañana del lunes 14 de enero.
Según lo manifestado por una fuente policial, antes de las 6:00 de la mañana el agente salió de su casa con una mochila en su hombro caminando por una calle de polvo que lo conduciría a la calle principal para tomar el transporte colectivo que lo llevaría hacia San Salvador. Luego tomaría otro bus que lo llevaría a su trabajo.
Había caminado aproximadamente tres cuadras en esa calle rural, llena de cercos, arbustos y árboles. Y fue justo en ese momento cuando fue emboscado por un grupo de al menos cuatro sujetos armados.
«Venía de su casa e iba para su trabajo. Iba en un callejón hacia el oriente, pero ya lo estaban esperando y cuando lo vieron le dispararon», explicó la fuente policial.
El agente de la DECO recibió varios balazos de fusiles. Presentaba heridas en el costado izquierdo que le quitaron la vida inmediatamente.
Vestía una camisa tipo Polo de rayas azules con rojas, un pantalón de lona tipo jeans y unos zapatos negros deportivos. Además, portaba una mochila, donde presuntamente llevaba su arma de equipo, la cual no pudo sacar a tiempo para repeler el ataque.
En el lugar donde ocurrió el crimen, se realizó un fuerte operativo en donde participaron elementos de la Sección Táctica Operativa (STO), soldados y otros miembros de unidades policiales.
«Se detuvieron algunas personas, pero de momento no se puede determinar si tuvieron participación en la muerte del agente», sostuvo la fuente policial consultada por este medio.
En cuanto a si anteriormente ya había sido amenazado o estaba siendo vigilado, la fuente aclaró que todos los agentes por su condición de ser policías corren siempre un peligro inminente ante los ataques de las pandillas.
Entre 20 a 21 años de servicio en la PNC
El agente Flores, con ONI 16904, tenía entre 20 a 21 años de servicio dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) y una basta experiencia en cuanto a la operatividad.
Antes de estar en la DECO, estuvo en la delegación de la Paz, también en Investigaciones y fue parte de la extinta Unidad Táctica Operativa (UTO). Además, estuvo destacado en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
«Era buena persona y bien educado; estaba casado y fue considerado como un buen elemento policial», detalló la fuente. Lamentó que un agente tan preparado y con un gran espíritu de servicio haya perdido la vida a manos de delincuentes.
«Hacerles un llamado a los delincuentes y decirles que van a responder por los hechos que cometen contra la población y a los agentes en el cumplimiento del deber. Van a tener su paga», sentenció la fuente.
Con esta nueva baja, la Policía suma dos agentes caídos en el cumplimiento del deber; además un empleado administrativo también ha sido asesinado en el comienzo del 2019.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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