Esta noche, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), llevan a cabo una serie de operaciones de registro en diversas propiedades vinculadas a Gerardo Quijada Orellana, propietario de los talleres GQ Racing Sport.

Según informaron fuentes cercanas a la investigación, la estructura criminal liderada por Quijada Orellana se dedicaba a rentar locales comerciales en zonas de alta plusvalía por períodos de entre tres y cinco años. Durante los primeros meses, la red cumplía con los pagos de alquiler, pero posteriormente dejaba de hacerlo, dejando a los propietarios con grandes pérdidas económicas. Cuando los dueños de los inmuebles intentaban contactarlos, la sociedad ya había desaparecido, operando bajo un nuevo nombre y con un diferente representante legal.

Las víctimas de esta estafa intentaron recuperar sus pérdidas a través de denuncias, pero se encontraron con otro obstáculo: los abogados contratados por Quijada Orellana dilataban los procesos legales, impidiendo que la justicia avanzara y permitiendo que el estafador evadiera sus responsabilidades.

Ante esta situación, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, en su cuenta oficial de X, condenó las prácticas de Quijada Orellana, afirmando que “la cultura del más vivo que muchos quieren seguir practicando, son lobos con piel de oveja que piensan que podrán burlar la Ley, pero nosotros siempre estamos un paso adelante.”

El Ministro subrayó el compromiso del gobierno para “proteger y defender el patrimonio de los salvadoreños de bien,” y anunció que la PNC, en coordinación con la FGR, había logrado ubicar y capturar a Gerardo Quijada Orellana, quien en el pasado había quedado absuelto tras resoluciones fallidas de un sistema judicial corrupto. No obstante, esta vez Quijada Orellana ha sido condenado a seis años de prisión por uno de los múltiples delitos de los que deberá rendir cuentas junto a su clan familiar.

El Ministro advirtió que “a todo aquel estafador que pretenda aprovecharse de la buena voluntad de otro ciudadano le caerá todo el peso de la justicia,» reafirmando así la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de un sistema judicial que busque restablecer la confianza de los salvadoreños en las instituciones.