Nacionales
Alcalde Muyshondt pide ayuda a diputados por crisis de basura, cuando ha recibido más de $16 millones en cobros de tasa municipal
El alcalde de San Salvador por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt, llegó a la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para pedir apoyo por la crisis en la recolección de desechos sólidos que tiene en su comuna, alegando que es culpa del Gobierno central.
Muyshondt ha despilfarrado en gastos innecesarios el presupuesto que debería haber invertido en obras para la población. El edil gastó $360,000 en la compra de una bandera nacional que este día fue instalada en el redondel Masferrer, en la capital, cuando aún no ha pagado a tiempo el salario a más de 4,500 empleados y ha gastado alrededor de $500 mil en publicidad para la campaña electoral.
Además, tiene una deuda millonaria con diversos proveedores para la recolección y disposición de desechos sólidos. Sin embargo, en su ejercicio fiscal del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2018 recibió más de $16 millones de contribuciones por el servicio de recolección de la basura y parte de ello, tenía que transferirlo a la empresa Manejo Integran de Desechos Sólidos (MIDES).
“En dos años no ha pagado a la gran empresa, no ha pagado a las MYPES por dos años, no paga el ISSS, no paga a los trabajadores y por eso no hacemos la pregunta ¿dónde está el dinero?”, criticó el ministro de Trabajo, Rolando Castro y recalcó que “hoy el alcalde de San Salvador habla de un bloqueo, es irónico, mentiroso, cínico al culpar a los demás. Si fuera mínimamente decente y pagara lo que debe, tanto a los proveedores y a los trabajadores. En buen salvadoreño eso se llama sinvergüenza”, puntualizó.
La empresa MIDES informó que la alcaldía de San Salvador tiene facturas pendientes de pago por servicio brindados a la comuna, cuya deuda ya supera los $4 millones.
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.
