Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.

La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.

El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.

De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.

Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.

El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.

Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.

Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.

Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.

De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.

La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Guatemala capturaron a un ciudadano salvadoreño identificado como Henry N., de 34 años, señalado de participar en el robo de joyas valoradas en Q600,000, equivalentes a $78,720.24.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades guatemaltecas, el hecho ocurrió el 29 de abril de 2026, cuando el sospechoso habría ingresado a una joyería ubicada en Chimaltenango para sustraer piezas de alto valor económico.

Según la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, este caso constituye el robo de mayor cuantía registrado recientemente en el país.

La captura fue realizada tras una serie de diligencias desarrolladas por investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público, quienes presentaron los elementos recopilados ante un juzgado de Chimaltenango, el cual emitió una orden de captura por el delito de robo agravado.

Las autoridades informaron que el pasado 1 de junio se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona 1 de Chimaltenango, donde fueron encontrados indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación y ubicación del sospechoso.

La detención se llevó a cabo en la colonia Vivibien, zona 5 de Chimaltenango, como parte de las acciones de seguimiento al caso.