Internacionales
Un español indemniza a su víctima de agresión sexual y se libra de la cárcel
Los hechos ocurrieron la tarde del 14 de mayo de 2019, cuando un sexagenario a cargo de una finca en Murcia pasó a buscar en un automóvil a la temporera paraguaya, identificada solo como Covadonga, que trabajaba recolectando albaricoques en esa finca, de acuerdo con el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia, fechado el 3 de mayo pasado.
Cuando llegaron a otra finca, la mujer dijo que quería irse, pero el hombre – identificado como Celso – se puso agresivo, la golpeó, le dijo que era «una puta» y «la introdujo en la parte trasera de la furgoneta», señaló la sentencia, que fue hecha pública por el diario El País.
Allí, primero la violó «vaginalmente» y luego la obligó a practicarle una felación. Al terminar, el agresor la amenazó, afirmando que si contaba lo sucedido tanto ella como sus «paisanos» perderían el trabajo, narró el escrito.
La mujer, que sufrió diversas lesiones, no se amedrentó y denunció al agresor que estuvo preso preventivamente durante seis meses.
Según el Código Penal español, una violación con agravante de violencia «particularmente degradante» o si existe «una relación de superioridad» con la víctima acarrea una pena de doce a quince años de prisión.
Pero según el fallo, la acusación y la defensa llegaron a un acuerdo mediante el cual el hombre reconoció los hechos y recibió una sentencia reducida por las atenuantes de confesión y de «reparación del daño», ya que había indemnizado anteriormente a la mujer con 6.000 euros (6.110 dólares)
El hombre fue condenado a dos años de prisión, pero como suele ocurrir en España con penas de dos años o menos, al no tener antecedentes penales, quedó suspendida y no irá a la cárcel. Tendrá, no obstante, que participar en un «programa formativo de educación sexual».
Además, tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima por siete años.
Un acuerdo similar se alcanzó en el caso de dos policías que violaron a una joven en 2018 en Estepona (Andalucía, sur), que evitaron la cárcel a cambio de una indemnización de 80.000 euros a la víctima y un curso de educación sexual, aparte de su expulsión del cuerpo policial, según informó El País.
El gobierno español del socialista Pedro Sánchez impulsa un endurecimiento de la legislación contra la violación, principalmente para establecer la obligación del consentimiento explícito, una medida que abanderó después del sonado caso de «La Manada», la violación grupal de cinco hombres a una joven de 18 años en Pamplona (norte) en 2016.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
