Los hechos ocurrieron la tarde del 14 de mayo de 2019, cuando un sexagenario a cargo de una finca en Murcia pasó a buscar en un automóvil a la temporera paraguaya, identificada solo como Covadonga, que trabajaba recolectando albaricoques en esa finca, de acuerdo con el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia, fechado el 3 de mayo pasado.

Cuando llegaron a otra finca, la mujer dijo que quería irse, pero el hombre – identificado como Celso – se puso agresivo, la golpeó, le dijo que era «una puta» y «la introdujo en la parte trasera de la furgoneta», señaló la sentencia, que fue hecha pública por el diario El País.

Allí, primero la violó «vaginalmente» y luego la obligó a practicarle una felación. Al terminar, el agresor la amenazó, afirmando que si contaba lo sucedido tanto ella como sus «paisanos» perderían el trabajo, narró el escrito.

La mujer, que sufrió diversas lesiones, no se amedrentó y denunció al agresor que estuvo preso preventivamente durante seis meses.

Según el Código Penal español, una violación con agravante de violencia «particularmente degradante» o si existe «una relación de superioridad» con la víctima acarrea una pena de doce a quince años de prisión.

Pero según el fallo, la acusación y la defensa llegaron a un acuerdo mediante el cual el hombre reconoció los hechos y recibió una sentencia reducida por las atenuantes de confesión y de «reparación del daño», ya que había indemnizado anteriormente a la mujer con 6.000 euros (6.110 dólares)

El hombre fue condenado a dos años de prisión, pero como suele ocurrir en España con penas de dos años o menos, al no tener antecedentes penales, quedó suspendida y no irá a la cárcel. Tendrá, no obstante, que participar en un «programa formativo de educación sexual».

Además, tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima por siete años.

Un acuerdo similar se alcanzó en el caso de dos policías que violaron a una joven en 2018 en Estepona (Andalucía, sur), que evitaron la cárcel a cambio de una indemnización de 80.000 euros a la víctima y un curso de educación sexual, aparte de su expulsión del cuerpo policial, según informó El País.

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez impulsa un endurecimiento de la legislación contra la violación, principalmente para establecer la obligación del consentimiento explícito, una medida que abanderó después del sonado caso de «La Manada», la violación grupal de cinco hombres a una joven de 18 años en Pamplona (norte) en 2016.