Internacionales
Tribunal colombiano ordena suspender las operaciones de una brigada militar de EE.UU.
La sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado que el presidente de Colombia, Iván Duque, debe anular la autorización de las actividades de la brigada militar de EE.UU. desplegada en el país latinoamericano entre el pasado 27 de mayo y el 2 de junio.
La tutela correspondiente fue interpuesta por varios congresistas, que consideraron que la autorización del despliegue de los 53 efectivos estadounidenses debía de pasar por el Senado de la República.
El tribunal ha aclarado que se trata de una medida temporal, tomada con fin de que el gobierno de Duque en menos de 48 horas proporcione al Senado «toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad» del Ejército de EE.UU., (SFAB por sus siglas en inglés).
La reacción del Gobierno
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
Al mismo tiempo, señaló que esta orden judicial se impugnará con el fin de que sea revisada por el Consejo de Estado —el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia— porque, asegura, «la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República«.
Además, Holmes Trujillo subrayó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. «El Gobierno Nacional continuará fortaleciendo esa lucha en el marco del ordenamiento jurídico vigente», concluyó.
Polémica en torno al despliegue
El anuncio del despliegue militar fue hecho el pasado 27 de mayo por la Embajada de Washington en Bogotá. Según esta oficina, se trata de una unidad especializada del Ejército de EE.UU. que tiene como objetivo «ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos». De acuerdo con la Embajada estadounidense, la acción contó con el aval del Ministerio de Defensa colombiano.
La llegada de militares estadounidenses al territorio colombiano causó reacciones cruzadas en ese país sudamericano. Así, muchos dirigentes locales criticaron que una decisión de esas características tendría que haber sido aprobada previamente por el Congreso. Así, el pasado 3 de junio, el Consejo de Estado pidió explicaciones al presidente Duque por el despliegue de la brigada del Ejército estadounidense.
La petición fue hecha a través de una carta, firmada por el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas, en la que solicitó al mandatario un «informe oficial» para aclarar el tema. Por su parte, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que la presencia de los militares de EE.UU. en Colombia «atenta contra la soberanía nacional y además es inconstitucional».
En contrapartida, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que «en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares». Más en detalle, aclaró: «Se trata de un grupo de élite, netamente de carácter consultivo y técnico».
Internacionales
Video muestra cómo un hombre fue salvado de morir electrocutado por la rápida acción de su amigo
Un video que circula en redes sociales se ha viralizado al mostrar el momento en que un hombre interviene para auxiliar a un amigo que estaba recibiendo una fuerte descarga eléctrica.
En las imágenes se observa cómo la víctima permanece atrapada por la corriente eléctrica, mientras su compañero reacciona de inmediato e intenta apartarlo de la fuente de peligro.
El hecho quedó registrado en video y ha generado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han destacado la rápida acción del rescatista durante la emergencia.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
