Internacionales
“Muerte lenta” le llaman al licor artesanal que quitó la vida a 9 personas tras una fiesta de año nuevo en Venezuela
En una botella de vidrio queda un poco del licor artesanal amarillento que arruinó la celebración del año nuevo en un pueblo de Venezuela, al dejar nueve personas sin vida, 16 hospitalizados y muchas preguntas por responder.
“Muerte lenta” es el nombre con el que los vecinos de Chivacoa, población agrícola en el estado Yaracuy (centro-oeste), bautizaron la bebida.
La fiesta se realizó en una casa rural del sector Pueblo Nuevo. Cuentan los vecinos, que no hablan de otra cosa, que la celebración se prolongó toda la noche al son de música tradicional, pues muchos en el grupo eran músicos, poetas y artistas.
Y a las horas inició la tragedia.
“Empezó el 1 de enero con la pérdida de la vista. Estaba muy mareado”, recuerda Joselyn Oropeza, ama de casa de 27 años, refiriéndose a su tío Oswaldo Oviedo, una de las víctimas fatales.
Oviedo asistía al funeral de otro fallecido cuando los síntomas empeoraron, obligándole a acudir a un centro de salud.
“Le pusieron algo como para desintoxicar”, pero al poco tiempo tuvo que ir a un hospital en San Felipe -capital de Yaracuy, a unos 30 km-, donde falleció, relata Oropeza.
“Sus órganos fueron totalmente destruidos por lo que ingirieron”.
El gobernador Julio León confirmó el balance de nueve fallecidos y 16 hospitalizados “a causa de una intoxicación etílica de un producto artesanal sin registro sanitario”.
Una fuente policial dijo a la AFP que el licor fue adulterado con metanol, sustancia que suele ser usada para aumentar el nivel alcohólico de bebidas clandestinas, pero que puede provocar ceguera, lesiones hepáticas y, en última instancia, la muerte.
El consumo de bebidas alcohólicas artesanales ha aumentado en Venezuela, por sus bajos costos, en medio de la profunda crisis económica que ha diluido el poder adquisitivo de sus habitantes. Son habituales en fiestas en barriadas populares de las grandes ciudades y en poblaciones del interior del país.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
Internacionales
La OMS y agencia de salud africana lanzan plan de $518 millones para combatir brote de ébola
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron un plan conjunto valorado en 518 millones de dólares para responder al brote de ébola que afecta a África central.
Las instituciones informaron que la estrategia se ejecutará entre junio y noviembre. El brote fue declarado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), aunque se considera que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola pudo haber estado propagándose de manera inadvertida antes de su detección.
De acuerdo con las cifras más recientes de la OMS, en la RDC se han confirmado 381 casos y 64 fallecimientos. El brote afecta a tres provincias del país, con epicentro en Ituri, donde se concentra el 90 % de los casos confirmados y el 76 % de las muertes, según los CDC de África.
En Uganda, país vecino de la RDC, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.
Durante una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el plan contempla acciones de coordinación de emergencias, vigilancia epidemiológica, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria.
El funcionario indicó que la iniciativa tiene un plazo definido de junio a noviembre y cuenta con un presupuesto de 518 millones de dólares. Según los CDC de África, el actual brote de la cepa Bundibugyo supera en magnitud a los registrados en 2007 y 2012.
Autoridades de Estados Unidos informaron sobre el hallazgo de un túnel que conectaba la ciudad mexicana de Tijuana con un local comercial ubicado en el Puerto de Entrada Mesa de Otay, en San Diego, California, y que presuntamente era utilizado para el tráfico de drogas.
Según las autoridades, el paso subterráneo se extendía a lo largo de 590 metros, se encontraba a una profundidad de 16,8 metros y tenía una altura de hasta 1,4 metros. La estructura contaba con paredes reforzadas, sistemas de vías, ventilación y suministro eléctrico, además de un montacargas eléctrico que facilitaba el acceso.
La investigación fue desarrollada por agentes de Seguridad Nacional, quienes durante varios meses realizaron labores de vigilancia sobre personas vinculadas a la tienda Buy 4 Less, situada en el lado estadounidense de la frontera.
Durante un allanamiento al establecimiento, las autoridades encontraron más de una tonelada de cocaína que, según la investigación, había sido transportada a través del túnel. Las autoridades estiman que por esta vía se movilizó cocaína valorada en aproximadamente 45 millones de dólares.
Justin de la Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego, señaló que las organizaciones criminales continúan buscando formas de explotar la frontera entre ambos países.
Como resultado de la investigación, cuatro personas fueron acusadas por su presunta relación con el tráfico de drogas. Entre ellas se encuentran dos residentes de San Diego y dos ciudadanos mexicanos.
