Internacionales
Más de 40 detenidos en una manifestación xenófoba en Costa Rica
Cientos de costarricenses han participado este sábado en una manifestación xenófoba contra inmigrantes nicaragüenses en el centro de San José, la capital del país. Cánticos de odio y agresiones físicas se reportaron en la protesta, que ha acabado con 44 detenidos y el decomiso de cuchillos y bombas caseras, ha informado el Ministerio de Seguridad Pública.
La manifestación se convocó por redes sociales, pero aún no se ha identificado a los organizadores. La turba centró sus acciones en un parque metropolitano conocido como «La Merced», donde suelen reunirse nicaragüenses que han llegado a Costa Rica desde hace años y durante la crisis política que vive Nicaragua desde abril, la cual ha propiciado que al menos de 23.000 de ellos solicitaran refugio en Costa Rica.
«Fuera, nicas«, «asaltantes» y expresiones patrioteras se escucharon en la manifestación. Varios portaban banderas de Costa Rica y vestían con la camiseta de la selección de fútbol. Al final cometieron agresiones físicas aleatorias contra nicaragüenses. La Policía intervino y detuvo a 44 personas, seis de ellas nicaragüenses y el resto costarricenses, ha reportado el ministro de Seguridad, Michael Soto, después de una reunión de emergencia en la Presidencia de la República.
Los policías encontraron 13 armas blancas, un bate de béisbol y ocho bombas caseras conocidas como «molotov». Varios de los detenidos llevaban una esvástica en la ropa o en sus cuerpos, ha informado Soto, que canceló un viaje a Estados Unidos para atender la crisis de este sábado. El ministro ha dicho también que entre los detenidos hay algunos que tienen antecedentes delictivos y miembros de grupos radicales y de «barras bravas» del fútbol.
En los videos registrados de la manifestación se registran también reproches al Gobierno de Carlos Alvarado por su apertura para recibir las peticiones de refugio de cientos de nicaragüenses que dicen ser perseguidos por los grupos afines a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Una ola de nicaragüenses ha entrado desde mayo por puestos oficiales o por pasos informales a este país donde ya residían unos 400.000 compatriotas con estatus legal o indocumentados. Se han activado también expresiones homofóbicas en redes sociales o en flancos políticos y han circulado numerosas noticias falsas que refuerzan esa discriminación, pero nunca algo parecido a la manifestación de este sábado.
«Los detenidos a raíz de estos lamentables hechos de violencia están acusados de provocar daños a las unidades policiales, agresiones contra varias personas y posesión de armas», ha señalado el ministro y ha agregado que la Policía se prepara ante otras convocatorias. Soto ha prometido aplicar la ley sin importar la nacionalidad y ha lamentado el mensaje de los manifestantes. «Los costarricenses no somos así», ha afirmado en la inusual rueda de prensa en la noche de este sábado.
A la manifestación acudió un excandidato a la Presidencia y recibió el apoyo público del asesor de una diputada del Partido Restauración Nacional, la agrupación de base cristiana evangélica que disputó la segunda ronda de las elecciones presidenciales en abril. Su presidente, un diputado llamado Carlos Avendaño, ha repudiado la política migratoria de Alvarado. «Nos está explotando una bomba en la cara y el Gobierno parece no darse cuenta de que lo que ocurre con la ola de inmigrantes es peor que la situación fiscal», dijo Avendaño en alusión al creciente déficit fiscal y el aumento de la deuda pública.
Alvarado asegura que Costa Rica solo sigue la tradición de refugio histórica y la acompaña con el esfuerzo por registrar a la mayor cantidad de inmigrantes. Para atenderlos el país necesitará más ayuda de la comunidad internacional, aunque ya la hay de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
El montañoso sur del departamento de Bolívar es una crónica trágica del calvario sin fin que padecen los civiles atrapados en las garras del conflicto armado colombiano. La AFP acompañó a una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), una de las pocas organizaciones que trabaja en la zona, y habló con los pobladores quienes pidieron mantener su identidad bajo reserva.
Bolívar es el tercer departamento más afectado por la violencia en el país, con casi 700.000 víctimas a lo largo del conflicto, según un informe oficial de junio. En 2020 se registraron 145 homicidios.
Ubicada en la región del Magdalena Medio, sus habitantes son blanco de guerrilleros del guevarista ELN, disidentes de las FARC que no firmaron la paz en 2016 y el Clan del Golfo, el mayor cartel del narcotráfico.
Las comunidades ingenian estrategias de supervivencia frente al cruce de disparos, asesinatos selectivos, confinamientos, campos minados, extorsiones y amenazas en uno de los países con más desplazados internos del mundo.
Cuando cesan las balas se impone su «mano invisible», pero omnipresente, «silenciosa y amenazadora», dice Javier, uno de los líderes comunitarios. «Rara vez se les ve de uniforme o con armas. Están ahí, vigilándonos sin dejar que los veamos».
Isla de oro
El sur de Bolívar tiene forma de «isla», rodeada por los brazos del río Magdalena, explica la delegada del CICR, Sara Lucchetta.
Sus montañas, que ocupan casi todo el territorio de 17.000 km2 (casi el tamaño de El Salvador), son corredores logísticos con la vecina Venezuela para el tráfico de oro de numerosas minas artesanales, contrabando y cocaína.
«Aislado y remoto, el sur de Bolívar ha sido históricamente un territorio de guerrilla y violencia. También es una zona de conflicto de la que se habla poco en comparación con otras regiones», describe Lucchetta.
Aparte de algunos grafitis en las paredes con sus siglas, la presencia de estas guerrillas y ejércitos del narco es casi imperceptible, constató la AFP en los municipios de Morales y Arenal. Los campesinos siguen trabajando en sus plantaciones de maíz, papa y cacao.
«Las consecuencias del conflicto sobre la población civil se han convertido en estructurales», remarca Lucchetta.
La coca, principal componente de la cocaína, ha dejado de ser rentable y se cultiva menos.
«El verdadero problema de la guerra ahora es el oro», dice el minero José.
En las últimas semanas el ELN y las AGC se enfrentaron de nuevo en la región y provocaron el desplazamiento de al menos 1.400 personas en un «clima de miedo y zozobra», según el gobierno.
Ratones y águilas
«La gente tiene miedo. Están constantemente en alerta, esperando la desgracia, (pendientes de) si vienen hombres armados a la puerta por la noche», describe Carlos, otro poblador.
Los grupos suelen tener aliados en las poblaciones. «Pero, sobre todo, las comunidades intentan mantenerse al margen. Es una cuestión de convivencia», subraya Javier.
«A causa del conflicto, hay normas con las que hemos aprendido a vivir. Por ejemplo, está prohibido caminar de noche», señala.
Con redes urbanas y colaboradores los tres grupos conocen y aprueban cada movimiento: para comprar una moto se necesita el permiso del comandante y justificar de dónde proviene el dinero, explica otro campesino.
La gente aquí está acostumbrada a hablar de una «tensa calma», pero en cuanto estallan las hostilidades «nos encontramos en medio del fuego cruzado, con las balas zumbando sobre nuestras cabezas», dice Wilson, otro líder local.
«Cuando sólo hay un actor (armado), más o menos sabes qué hacer, te adaptas. El problema es cuando son varios y te encuentras en medio», sostiene Juan.
«Nos encontramos como ratones asustados con un nido de águilas sobre nuestras cabezas», añade.
Siempre sospechoso
Carlos denuncia la «estigmatización» de los civiles, pues los grupos acaban sospechando que son «colaboradores» del bando contrario. La poca presencia del ejército detona la arremetida de las organizaciones, añade.
«Para unos, somos guerrilleros. Para otros, somos paracos (paramilitares) (…). Si uno se desplaza de un territorio a otro, es rápidamente acusado, interrogado, o incluso peor… Un extraño siempre es sospechoso», explica Juan.
Muchos viven cerca de campos con minas y otros artefactos explosivos sin detonar. Algunas de estas zonas peligrosas están identificadas con una calavera y huesos cruzados, firmada por el grupo responsable.
Según el CICR, al menos 10 personas fueron víctimas de estos artefactos en 2023, frente a 4 el año anterior.
La violencia sumada al aislamiento, hipoteca el acceso al agua potable, educación y salud.
«Si no fuera por el conflicto, estaríamos viviendo bastante bien. Las condiciones son duras, pero la tierra es generosa», sostiene Juan. «El problema es esta guerra, que es el cuento de nunca acabar».
La pesadilla comenzó cuando la policía respondió a una llamada de emergencia en la madrugada del domingo, alertando sobre la amenaza de un familiar de atacar a su propia familia.
Dos agentes llegaron al lugar y comenzaron a interrogar al sospechoso, pero repentinamente este los atacó con un cuchillo, dejándolos heridos.
En defensa propia, uno de los policías respondió disparando al agresor, causándole heridas mortales. Los investigadores descubrieron a un niño de 11 años gravemente herido frente a la casa, quien lamentablemente falleció en el hospital.
En el interior de la residencia, se encontraron los cuerpos de otras tres personas: un niño de 12 años, una mujer de 44 y un hombre de unos 30 años.
De igual forma, una víctima de 61 años resultó gravemente herida y fue hospitalizada, a pesar del brutal suceso, los policías heridos se encuentran fuera de peligro.
Las autoridades chinas emitieron una alerta sobre riesgos potenciales por bajas temperaturas y desastres ocasionados por lluvias y nevadas en las regiones oriental y central del país en diciembre.
Se prevé que tres olas de frío azoten China este mes, indica un análisis conjunto de agencias gubernamentales, entre las que están el Ministerio de Gestión de Emergencias y la Administración Meteorológica de China.
Las agencias también pronosticaron riesgos elevados de incendios forestales en las zonas meridional y suroccidental del país, e indicaron que la nación podría experimentar olas más destructivas que lo normal este mes.
