Internacionales
La USAID y la oposición venezolana en el ojo del huracán
En los últimos años, Venezuela ha sido escenario de una intensa lucha política, marcada por la polarización y la intervención extranjera. En este contexto, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha jugado un papel controversial, siendo acusada de desviar fondos destinados a la ayuda humanitaria y de estar involucrada en tramas de corrupción que involucran a figuras de la oposición venezolana.
Recientemente, se ha denunciado que opositores venezolanos desviaron 116 millones de dólares entregados por la USAID, lo que ha generado un escándalo que pone en tela de juicio la integridad de los líderes opositores y la efectividad de la ayuda internacional. Durante el periodo del denominado «Gobierno interino» de Juan Guaidó, se destinaron fondos significativos bajo el concepto de «ayuda humanitaria» para los venezolanos dentro del país. Sin embargo, esta asistencia fue canalizada a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) que, en realidad, están vinculadas a otros políticos y a familiares de estos, muchos de los cuales residen en el extranjero sin desempeñar ningún trabajo.
Documentos filtrados de la embajada de EE.UU. en Venezuela han revelado que el opositor venezolano, Carlos Vecchio, quien se encuentra prófugo de la justicia, habría sido el receptor de 116 millones de dólares a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ya se sabe que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga al exlíder de la oposición venezolana Juan Guaidó por corrupción y malversación de fondos.
Este desvío de fondos no solo representa una traición a la confianza de quienes realmente necesitan asistencia, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la oposición venezolana.
Además, el mercenario Jordan Goudreau (orquestó la incursión en territorio venezolano el 3 de mayo de 2020 para derribar al gobierno de Maduro) ha revelado que la CIA y el FBI habrían cubierto a elementos opositores venezolanos como Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes están acusados de estafar a la USAID. Denunció que en 2020 las agencias estadounidenses ya tenían pruebas del fraude, pero decidieron proteger a los dirigentes ultraderechistas. Estas revelaciones sugieren una complicidad más profunda entre la oposición y agencias de inteligencia estadounidenses. Ya para todo el mundo está evidente que la lucha por el poder en Venezuela no es solo un conflicto interno, sino también un juego geopolítico en el que los intereses de potencias extranjeras están en juego.
La situación ha llevado al gobierno venezolano a abrir investigaciones contra opositores vinculados a estas tramas de corrupción. Este movimiento es visto como un intento de desmantelar las redes de corrupción que han socavado la credibilidad de la oposición y de la ayuda internacional.
La USAID, por su parte, se encuentra en una posición complicada. Su misión de “promover el desarrollo y la asistencia humanitaria” se ve empañada por las acusaciones de corrupción y malversación de fondos. Esto no solo afecta su reputación, sino que también limita su capacidad para operar efectivamente en un país.
En conclusión, la USAID se ha consolidado como un instrumento geopolítico clave en la estrategia de Estados Unidos para influir en gobiernos y sociedades en diversas regiones del mundo, no solo en América Latina. A través de la canalización de fondos y la promoción de programas de «ayuda humanitaria», la agencia ha sido utilizada para desestabilizar gobiernos considerados adversos a los intereses estadounidenses, facilitando la intervención en asuntos internos de países soberanos. Así, la USAID, en lugar de ser vista como un agente de desarrollo, se convierte en un actor en el complejo entramado de la política internacional, donde la lucha por el poder y la influencia prevalece sobre las necesidades humanas fundamentales.
Lo que suponía ser un momento de regocijo y júbilo se convirtió en tragedia luego que un hombre que participaba de un bautizo religioso falleció ahogado en un lago.
Miguel Sud Mejía, de 44 años, es la persona que perdió la vida ahogado el pasado fin de semana en aguas del Atitlán, en San Lucas Tolimán, Guatemala, informaron medios locales.
Al ser un acto religioso realizado de manera abierta, los testigos estaban grabando con sus teléfonos celulares por lo que diversos videos que muestra los momentos de angustia fueron subidos a redes sociales.
En las imágenes se ve a cuatro personas en el agua y, posteriormente, se genera un alboroto porque uno de los participantes tuvo dificultades para mantenerse a flote.
Momento exacto en que mųerę en lago de Atitlan!
Observen detenidamente al de camisa negra y pantalón azul, de nombre Miguel Sut proveniente de Chichicastenango Quiché, ellos fueron hasta San Lucas Toliman a efectuar bautizo religioso. pic.twitter.com/3c6XTD30Ir
— fermin (@elcalladit) March 24, 2025
Ante los gritos, otros testigos que estaban en la orilla se meten al agua y forman una cadena humana logrando rescatar a tres de ellos con vida, mientras que Mejía es sacado ya sin signos vitales.
En varios puntos del lago de Atitlán, cientos de personas se congregan para participar en bautizos, por lo que las autoridades piden tomar precauciones para evitar este tipo de situaciones.
VIDEO: MOMENTO EXACTO DEL RESCATE | Durante una ceremonia de bautizo en el Lago de Atitlán, en San Lucas Tolimán, un participante entró en pánico y se ahogó. El trágico incidente fue registrado en video, mostrando los esfuerzos de los presentes por rescatar al individuo, quien… pic.twitter.com/OxwwGIUuYR
— La Voz de Xela (@lavozdexela) March 24, 2025
Internacionales
Arrojó a sus perritos por la ventana desde un octavo piso porque estaba «harta» de sacarlos
Imagen de referencia
Una mujer de 53 años fue detenida por la Policía Nacional en Alicante tras arrojar a sus dos perritos desde la ventana de su apartamento ubicado en un octavo piso. Según la información publicada por el diario ABC, la mujer confesó que estaba “harta” de sacarlos a pasear porque “siempre le tocaba a ella”.
El terrible suceso ocurrió el domingo al mediodía en el barrio de La Albufereta en Alicante. Varios vecinos fueron testigos del momento en que los animales cayeron desde gran altura. De acuerdo con los testigos, primero lanzó a uno de los perros, después algunos objetos del animal, y por último al segundo perro.
Los dos perros, de raza yorkshire terrier, murieron en el acto tras el impacto. La Policía confirmó que los animales eran propiedad de la mujer gracias a los microchips que llevaban.
Cuando los agentes subieron al apartamento de la mujer, ella misma reconoció lo que había hecho y fue arrestada inmediatamente. Los cuerpos de los perros fueron recogidos y llevados a una protectora, donde esperan los resultados de la necropsia.
La detenida pasó este lunes a disposición judicial, según confirmaron fuentes policiales al periódico ABC. Las autoridades no han revelado qué cargos enfrentará la mujer por estos hechos.
Este caso ha generado indignación entre defensores de los derechos de los animales y vecinos de la zona, quienes no pueden creer que alguien sea capaz de hacer daño a sus mascotas por un motivo tan trivial.
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
