Internacionales
Estados Unidos activa el Título 8 y arrasa con las deportaciones aceleradas
Desde las 12 de la madrugada de este viernes, el Gobierno de Estados Unidos se despidió de la expulsión exprés del Título 42 y la reemplazó con la rigurosa deportación acelerada del Título 8 en las fronteras con México. Los migrantes que lleguen a los puertos de entrada sin una cita previa de petición de asilo o que no demuestren que solicitaron este beneficio en un país de tránsito y fueron rechazados estarán sujetos a consecuencias más graves.
Ayer, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, reiteró durante una conferencia telefónica que las fronteras no están abiertas y que se aplicarán medidas muy serias para los migrantes que crucen de manera irregular.
Con el Título 8, los migrantes serán entrevistados por agentes fronterizos para determinar si existe «miedo creíble» o motivos suficientes para quedarse en territorio estadounidense. De no ser así, las autoridades aplicarán de forma automática la deportación inmediata. Solo ese primer paso es un verdadero desafío para los migrantes. Organizaciones humanitarias cuestionan que los agentes son racistas o que no tienen la capacidad para atender a esta población.
Además, para las personas deportadas, desde hoy queda prohibido el reingreso durante cinco años. Esto deja sin efecto las peticiones de asilo y deberán enfrentar un proceso penal por intentar ingresar de nuevo irregularmente.
«Estamos ampliando significativamente el uso de la expulsión acelerada. Esta es la consecuencia tradicional bajo las autoridades de inmigración, a la que denominamos Título 8, para las personas que se encuentren en puntos tratando de ingresar de manera ilícita», indicó Nuñez-Neto.
El director de políticas en el Consejo de Inmigración Estadounidense, Aaron Reichlin-Melnick, señaló que la nueva restricción de asilo opera en gran medida como una «prohibición de entrada», que bloquea el asilo para las personas que cruzan la frontera entre los puertos de entrada. «Es una semana trascendental en el mundo de la inmigración, pero quiero recordar que los inmigrantes de los que estamos hablando son personas con esperanzas y sueños, no invasores», publicó en su Twitter.
El directivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Jonathan Blazer, divulgó el miércoles que el presidente Joe Biden «ha cerrado la posibilidad de asilo en Estados Unidos a la mayoría de las personas […] Está terminando el trabajo del expresidente Donald Trump».
Pero esas no son las únicas medidas con el levantamiento del Título 42. El Gobierno dio potestad a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés) y a la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) para ampliar más sus capacidades de detención, lo que conlleva al aumento de los vuelos de expulsión y el traslado de agentes y oficiales a regiones de «alta prioridad a lo largo de la frontera suroeste», como ocurrió el martes en El Paso, Texas.
Incluso, ICE dispondrá de 5,000 camas más esta semana en los centros de detención. Nuñez explicó que solo en el último año, se extendió la capacidad con más de 7,000 camas en las instalaciones. Además, el Gobierno desplegará hasta 4,000 agentes en las fronteras, como una barrera humana contra la migración.
El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, señaló el miércoles que se triplicará el número de vuelos semanales de deportación para algunos países. Los registros indican que, cada semana, ICE realiza hasta 66 vuelos de repatriación desde Estados Unidos y que si la cifra se triplica ascenderá a 198 vuelos. En cada viaje abordan aproximadamente 130 personas.
Internacionales
Impactante accidente aéreo: dos aviones militares chocaron en plena exhibición en EE.UU.
Los equipos de emergencia respondieron de inmediato tras reportarse un grave incidente en el Gunfighter Skies Air Show. La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home confirmó a través de sus canales oficiales que las instalaciones quedaron bajo una orden de cierre estricto (lockdown) de manera preventiva mientras se asiste el siniestro.
A través de una publicación en redes sociales, las autoridades militares señalaron que los equipos de respuesta rápida ya se encuentran trabajando en el lugar del impacto y que se ha iniciado una investigación formal para determinar las causas de la colisión. Además se informó que no hay víctimas fatales.
Múltiples asistentes al evento registraron el momento del accidente. Testigos presenciales reportaron haber visto el instante exacto en que las dos aeronaves impactaron en el aire.
Los videos publicados en internet y redes sociales muestran una secuencia dramática: tras el fuerte choque, cuatro paracaídas lograron abrirse en el cielo mientras los restos de los dos aviones se precipitaban a gran velocidad hacia el suelo, en un área cercana a la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de la ciudad de Boise.
El Gunfighter Skies Air Show es uno de los eventos de aviación más masivos y populares de la región. Organizado como una celebración de la historia aeronáutica y una exhibición de las capacidades militares modernas, el festival atrae a miles de familias cada año.
Las autoridades del festival suspendieron las actividades restantes del domingo mientras la junta de investigación de accidentes de la Fuerza Aérea toma el control pericial de la zona del desastre.
Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua acusado de corrupción y lavado de dinero, informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.
Como tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), Francisco «Chico» López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país. Había sido separado del cargo en enero.
La Policía Nacional lo capturó y trasladó el pasado jueves a la cárcel «La Modelo», en la capital Managua, indicó el diario digital Confidencial este sábado.
Según el medio, el arresto fue ordenado por Murillo bajo acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los mismos cargos presentados contra otros exfuncionarios que han sido encarcelados.
La fiscalía no ha presentado oficialmente una acusación.
El diario La Prensa, en tanto, precisó que el motivo de la detención fue la incapacidad de López para explicar el paradero de bienes del FSLN que administró anteriormente el histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.
Opositores exiliados afirman que el caso de Arce forma parte de una purga en los círculos de poder dirigida por Murillo con el aval de Ortega para asegurar la sucesión.
Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.
En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.
El empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue deportado por Venezuela hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por lavado de dinero y corrupción. La medida marca un nuevo giro en la relación entre Caracas y Washington tras la caída de Maduro.
Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado.
Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.
Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.
«La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional», detalla el texto difundido este sábado.
El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una «deportación».
Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.
Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.
Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.
Venezuela lo calificó de «secuestro» mientras lo defendía como un «héroe» que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.
Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.
Caída en desgracia
Tras su excarcelación, Saab fue el encargado de gestionar el sector productivo del país como ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.
Así es que Saab se reunía con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.
Se mantuvo como uno de los hombres cercanos de Maduro hasta su caída.
Bajo la administración de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, Saab no sobrevivió ni siquiera un mes en el Gobierno. Fue destituido rápidamente de ambos cargos.
Su esposa, Camilla Fabri, quien fungía como viceministra de Relaciones Exteriores a la vez que encabezaba un programa migratorio, también fue cesada en marzo.
