Este 1 de febrero son las elecciones en Costa Rica, contienda en la que se disputan la presidencia, 57 diputaciones y, principalmente, lo que múltiples sectores han nombrado como la “defensa de la democracia”. Ello se debe a que el continuismo ofrece conflictos entre los poderes, autoritarismo y discursos de odio, además de la amenaza de un proceso constitucional que garantice la reelección. Pese a la amenaza, el presidente Chaves cuenta con amplio apoyo popular y su candidata, Laura Fernández encabeza la intención de voto. Pocas opciones quedan para una oposición fragmentada y con una única opción: impulsar el ballotage.

En las elecciones del 2022 Rodrigo Chaves se presentó como un outsider. Trabajó 30 años fuera del país -en el Banco Mundial (BM)- y fue convocado a ser ministro de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado -de Acción Ciudadana-. Cargo pasajero debido a las diferencias con Alvarado en la implementación de la reforma fiscal -de las más regresivas en la historia-, posteriormente se unió al Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Fue la desconfianza construida hacia el bipartidismo histórico -Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC)-, la apatía hacia Acción Ciudadana y la necesidad de algo diferente lo que hizo que Chaves fuera electo presidente. Esto a pesar de que se hicieron públicas denuncias por violencia sexual que cometió mientras trabajaba en el BM y por las que fue sancionado.

La improvisación del presidente y su equipo resultó evidente desde el principio de la administración. El discurso de cambio se veía poco reflejado en el accionar del Ejecutivo y una bancada legislativa poco propositiva. Por ello resultó cómodo señalar a sus críticos y a las otras instituciones de impedir el avance de su administración. El discurso de Chaves -y el de todo su gabinete- es que él es víctima de una clase política enquistada en las instituciones públicas que no le permiten “comerse la bronca” -como su lema de campaña decía-.

Una de las cúspides del choque entre poderes se dio a las puertas de la campaña electoral, cuando la Corte Plena, por mayoría, avaló la acusación de la fiscalía general contra el presidente por el delito de concusión en un contrato millonario con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para avanzar en la investigación penal era necesario que fuera levantada la inmunidad de Chaves, decisión que dependía de la Asamblea Legislativa y que finalmente no alcanzó los 38 votos mínimos para ello. Dos semanas después, una nueva solicitud de desafuero fue planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el delito de beligerancia política -durante el período electoral- derivada de más de 15 denuncias presentadas contra el mandatario. Esto, dado que legalmente los funcionarios públicos tienen prohibido dar a conocer su elección partidaria y utilizar las plataformas estatales para favorecerla. Fueron dos votos los que hicieron falta para el desafuero; en ambas ocasiones los votos de Nueva República -conservador, evangélico- resultaron cruciales.

Otro punto de inflexión fue el video publicado por el TSE. Eugenia María Zamora, Magistrada Presidente, en compañía de otros Magistrados/as del TSE compartieron un mensaje público dirigido a Chaves: Zamora recalcó que en 76 años ningún magistrado presidente había tenido que referirse directa o públicamente al Ejecutivo, llamó la atención sobre el hecho de que él como presidente no tiene la facultad para destituirla e hizo hincapié en las numerosas faltas de Chaves sobre la legitimidad del TSE y sobre su integridad personal.

En el plano político-económico, Chaves profundizó la desigualdad y el neoliberalismo. El costo de la vida se disparó y políticas como la “ruta del Arroz” -decreto que eliminó el arancel al grano importado- llevó a una crisis existencial al campesinado y atentó contra la seguridad alimentaria. Por otro lado, según el informe del estado de la educación (2025) la inversión educativa tuvo la caída más grande en 40 años pese a que constitucionalmente se establece el 8% del PIB para ello; norma que no fue respetada lo que agravó la crisis que viene de años atrás. En esa misma materia, Chaves, rodeado de líderes religiosos, eliminó el programa de educación sexual debido a que “los materiales contenían erotismo y perversión”. Para el cierre del 2025, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) alertó sobre el aumento de embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual en el Pacífico Central. Como si ello fuera poco, el gobierno de Chaves Robles es el que más acumuló deuda con la CCSS y el régimen de pensiones. Con ello, Chaves atentó contra uno de los pocos sistemas de salud pública aún en pie en Nuestra América.

Caso contrario, los homicidios se dispararon: el 2023 fue el año más violento de la historia con 907 asesinatos y en 2025 se reportaron 873, con una taza de 16,7 por 100 mil habitantes. Paralelamente, el gobierno ordenó la salida del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) en puntos estratégicos del trasiego de droga, debilitó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y mantuvo un clima de hostilidad contra el aparato judicial. También en 2025, el OIJ arrestó a Celso Gamboa -ex ministro de seguridad pública, ex director de inteligente y seguridad nacional, magistrado de la Sala Tercera- porque fue requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ser extraditado e imputado por el presunto delito de tráfico internacional de drogas. Según la DEA, Celso era clave para el traslado de cocaína de Colombia a EE.UU. Recientemente Chaves fue señalado de reunirse con un narcotraficante y cuando fue alertado dijo “vamos a ver qué pasa si le damos las llaves de la casa ladrón».

Todo este contexto ha sido tierra fértil para el fortalecimiento de la retórica de mano dura de Rodrigo Chaves y, consecuentemente, su cercanía con Nayib Bukele, presidente -inconstitucional- de El Salvador. Bukele viajó a Costa Rica para colocar la primer piedra de la megacárcel, proyecto insignia de Chaves. En redes sociales Bukele se pronunció a favor del continuismo y la necesidad de que Laura Fernández sea electa. También Chaves recibió a Marco Rubio en su primer gira internacional y acordó el recibimiento de personas deportadas de EE.UU.

Ballotage ¿única opción?
La candidata oficialista encabeza las encuestas y la más reciente, del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), señala que Fernández podría superar el 40% mínimo para ser electa (escenario que desde 2010 no sucede). Muy lejos en las encuestas se encuentran los candidatos opositores que apenas alcanzan el 9%: Álvaro Ramos del PLN y Claudia Dobles de Coalición Ciudadana. Por debajo se encuentra Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 3,8%.

En ese contexto es fundamental la participación en las elecciones y la disminución del abstencionismo, para posicionar el ballotage. El oficialismo por su parte pide el apoyo legislativo para alcanzar una bancada mayoritaria de 40 diputaciones “para gobernar” -en claro reflejo de Bukele-; situación improbable y que no ha sucedido anteriormente. Aún así la incertidumbre se mantiene y por tanto la esperanza de detener un proceso regresivo y de avance de la ultraderecha conservadora en Centroamérica.