Internacionales
Dos latinos demandan a restaurante “Salt Bae” en Nueva York por discriminar a los empleados según su nacionalidad
Dos ex empleados hispanos de un restaurante de carnes en Manhattan propiedad del famoso chef turco Nusr-et Gökçe, más conocido como “Salt Bae”, han presentado demandas separadas por $500,000 dólares alegando discriminación laboral basada en su nacionalidad.
Según las demandas separadas, los trabajadores turcos son tratados mejor en el restaurante que aquellos que no lo son. El peruano Angelo Maher y Elizabeth Cruz -hija de dominicanos- alegan que fueron discriminados al trabajar como camareros, según las quejas presentadas contra la compañía del chef la semana pasada en la Corte Suprema de Manhattan.
Maher, un peruano que comenzó a trabajar allí en 2017, afirma que lo colocaban regularmente en secciones del restaurante menos lucrativas que los empleados turcos y que estos estaban protegidos por la gerencia, incluso si tenían un desempeño deficiente o una mala conducta. También alega en su demanda que a él y a otros trabajadores no turcos se les ocultaba información sobre cómo pagaban las propinas en el restaurante.
El camarero peruano afirmó que se vio obligado a renunciar a propinas cuando servía a amigos famosos del chef, incluido el rapero French Montana. Al quejarse por la presunta discriminación a Recursos Humanos en septiembre de 2019, recibió represalias, según los documentos.
En una demanda separada, Cruz dice que fue contratada en abril de 2019 y poco después fue sexualizada de una manera en que las trabajadoras turcas y otros empleados varones no lo fueron.
En particular, Cruz llegó con el uniforme normal, pero le dijeron que se fuera a casa y se pusiera “una falda corta, tacones altos y una blusa reveladora”, alega el expediente. Aparentemente el gerente le dijo: “Mi esposa es dominicana, sé cómo son ustedes las mujeres” y eso “estaba sugiriendo que Cruz era sexualmente promiscua” debido a su origen.
Unas semanas después, Cruz le preguntó al gerente si podía volver a usar el uniforme normal porque se sentía degradada y físicamente incómoda con el otro, pero fue despedida unos días después, afirma la demanda.
Un abogado de la empresa de Gökçe no ha respondido a las solicitudes de comentarios, según New York Post. El chef Gökçe ha sido mencionado en otras querellas similares, incluidas unas en 2019 que alegaban que afectó a los trabajadores con propinas y pago de horas extras en Nueva York. También fue nombrado en una demanda por infracción de derechos de autor de $5 millones de dólares por presuntamente usar una imagen de una obra de arte.
En 2018 Gökçe fue criticado por publicar un video atendiendo personalmente en su costoso restaurante de Estambul al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, sirviéndole carne pese a la crisis alimentaria que se vive en ese país.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
