Internacionales
Colombia revive los fantasmas de la era de Pablo Escobar tras atentado contra candidato
El reciente atentado contra el aspirante presidencial Miguel Uribe, perpetrado por un adolescente de 15 años, ha reavivado en Colombia el debate sobre el uso de menores por parte de estructuras criminales, una práctica que remite a los años más oscuros del narcotráfico en el país.
Uribe fue atacado a tiros el sábado mientras se reunía con simpatizantes en un parque de Bogotá. Según la Fiscalía, el menor imputado le disparó en tres ocasiones, dejándolo en estado crítico. Imágenes difundidas muestran el momento exacto en que el atacante, camuflado entre la multitud, saca un arma y abre fuego, desatando el caos.
La fiscal general Luz Adriana Camargo advirtió que grupos delincuenciales utilizan a adolescentes debido a que la ley contempla penas más leves para ellos. En lo que va del año, casi 5,000 menores han sido procesados penalmente en Colombia, muchos por delitos graves como homicidio, según el Ministerio de Justicia.
Expertos coinciden en que los jóvenes reclutados provienen de entornos marginales, marcados por la pobreza, el abandono escolar y la falta de oportunidades. “Buscan soluciones inmediatas para llevar comida a casa”, explica Mathew Charles, exasesor de Unicef.
Investigaciones apuntan a que las bandas ofrecen entre 50 y 500 dólares por asesinato, aunque muchos menores nunca reciben el pago prometido. En el caso Uribe, el joven afirmó haber recibido órdenes desde un punto de venta de drogas, conocido en el país como «olla».
En Colombia, la pena máxima para un menor por homicidio es de ocho años, mientras que un adulto podría enfrentar hasta 50. El sistema judicial para adolescentes prioriza sanciones educativas y no penas privativas de libertad.
El atentado recordó asesinatos similares en décadas pasadas: en 1990, un joven de 16 años mató al candidato presidencial Bernardo Jaramillo, y en 1984, otro menor asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
Aunque los responsables eran menores, muchas de esas muertes aún no han sido esclarecidas por completo, dejando una marca profunda en la memoria colectiva del país.
Internacionales
Fiscalía de Milán pide cadena perpetua para salvadoreño acusado de feminicidio de Jhoanna Nataly Quintanilla
La Fiscalía de Milán solicitó este 20 de octubre la pena de cadena perpetua (ergastolo) para el salvadoreño Pablo González Rivas, de 50 años, acusado del feminicidio de su compañera, la salvadoreña Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, de 40 años.
Según la acusación, González Rivas habría asfixiado a Nataly la noche del 24 al 25 de enero de 2025, en el apartamento que compartían en la piazza dei Daini, zona Bicocca, en Milán. Posteriormente habría colocado el cuerpo en una maleta deportiva y lo arrojó al río Adda, donde fue hallado en marzo de 2025 en Zelo Buon Persico.
La fiscal Alessia Menegazzo pidió el ergastolo por homicidio voluntario agravado y ocultamiento de cadáver ante la Corte de Asís de Milán.
El caso conmocionó a la comunidad salvadoreña en Italia. La víctima era originaria de El Salvador y trabajaba como niñera. Su pareja confesó el crimen alegando un «juego erótico» que terminó mal, versión que la autopsia y la fiscalía desmintieron.
La familia de Nataly, su tía y su prima, viajaron desde El Salvador para constituirse como parte civil y exigen justicia.
Se espera que el tribunal de Milán dicte sentencia en los próximos días.
Internacionales
Guatemalteco recibe 30 años de cárcel por su papel en la tragedia de 53 migrantes en Texas
Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco por su participación en la operación de tráfico de migrantes que terminó con 53 muertos en San Antonio, Texas, en junio de 2022. La sentencia fue dictada este martes 20 de octubre por el juez Orlando García.
Miranda Orozco admitió haber organizado el viaje y alojamiento de tres personas que terminaron en el camión: dos fallecieron y una sufrió lesiones graves. Fue detenido en Guatemala en 2024 y extraditado a Estados Unidos en 2025. Posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con el ingreso irregular de migrantes con resultado de muerte y lesiones.
La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando un remolque con migrantes fue abandonado en una carretera de San Antonio. Según las autoridades, el sistema de aire acondicionado falló durante el recorrido desde Laredo. Dentro del vehículo murieron 48 personas y otras cinco fallecieron después en hospitales. Los traficantes cobraban hasta 15,000 dólares por persona para realizar el traslado.
El proceso también ha derivado en condenas contra otros integrantes de la red. Felipe Orduna Torres, identificado por los fiscales como uno de sus líderes en Estados Unidos, recibió prisión perpetua, mientras Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años. Otros involucrados, incluido el conductor del camión, permanecían pendientes de sentencia, de acuerdo con los reportes consultados.
Internacionales
Ébola en RD del Congo: más de 9,400 casos y 4,500 muertes mientras el brote se extiende
La República Democrática del Congo acumulaba 9,415 casos de ébola y 4,536 fallecimientos al 16 de octubre, según el balance recogido por Reuters. Las cifras actualizan los más de 9,000 casos y 4,300 decesos mencionados en reportes anteriores y reflejan la gravedad del brote detectado en mayo de 2026.
La epidemia se extendió a una octava provincia, Ubangi del Norte, donde el Instituto Nacional de Investigación Biomédica confirmó dos casos, uno de ellos mortal. Su ubicación fronteriza con la República Centroafricana añade dificultades a la vigilancia sanitaria. Ituri continúa como el principal foco de transmisión dentro del territorio congoleño.
El brote es causado por el virus Bundibugyo, para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La transmisión ocurre mediante contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas, así como con materiales contaminados. La atención temprana y los cuidados de soporte pueden mejorar las posibilidades de supervivencia.
La respuesta sanitaria enfrenta dificultades para detectar rápidamente a los pacientes y dar seguimiento a sus contactos. La OMS advierte que las muertes fuera de los centros de tratamiento reflejan retrasos en el acceso a la atención. El control del brote requiere aislamiento y cuidado de los enfermos, protección del personal sanitario, entierros seguros y colaboración con las comunidades.
