Internacionales
Aún sigue abierta la herida de la peor masacre migrantes en México a 9 años del suceso
“Queremos un lugar seguro al cual llamar hogar», dice la voz en off de una mujer que representa a los migrantes asesinados en su camino por México para llegar a Estados Unidos. El 24 de agosto de 2010, el Ejército encontró en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos tirados bocabajo, eran 58 hombre y 14 mujeres.
Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados. Murieron de un disparado por la espalda. Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas habían secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU.
Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir. Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza.
Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.
Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.
Para Gary Moore, un periodista especializado en incidentes humanitarios internacionales que investigó sobre el caso en 2011, estos asesinatos son la mayor matanza registrada en un solo acontecimiento desde la Revolución Mexicana.
Hasta la fecha no hay condenados por la masacre. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo hace un año que había 11 procesados y una orden de aprehensión pendientes, pero ninguna sentencia por este delito de lesa humanidad.
En el octavo aniversario del asesinato, el gobierno otorgó una indemnización económica a una víctima directa y 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos. Jaime Rochín del Rincón, entonces comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que esto representaba el «reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre».
La indemnización económica forma parte del proceso de reparación del daño, una de las obligaciones internacionales que tienen el Estado mexicano con víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera medida para la búsqueda de justicia en este caso, pero hasta la fecha sigue inconcluso.
«Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron», dijo la salvadoreña Mirna Solórzano en 2017 al diario español El País.
Después de que los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando fueran encontrados se descubrieron 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio de Tamaulipas en 2011. Un año después se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.
La lucha de los familiares ha sido acompañada por la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, creada en 2011 con sede Ciudad de México y representantes en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para conmemorar el noveno aniversario de la masacre de San Fernando, la Fundación para la Justicia hizo un video donde recuerdan, entre otras cosas, que hay «más de 72 deudas con la verdad y la justicia». La voz en off continúa: «La gente no se pierde de este planeta, no se escapa por la estratósfera. Quien no está aquí, quien hace falta, quien está desaparecida, desaparecido, sólo puede estar en esta tierra, sólo nos puede hacer falta en esta tierra. Quienes caminamos aquí, no nos perdemos. Yo habito aquí en la memoria. Yo habito aquí hasta que me encuentren. Yo habito aquí en la tierra. Y ustedes habitan aquí rotos».
Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó el sábado sobre el noreste de Estados Unidos, informó la NASA. La desintegración del objeto generó una serie de estruendos en la región con una potencia equivalente a aproximadamente 300 toneladas de TNT.
Según detalló Jennifer Dooren, subdirectora de prensa de la agencia espacial, la bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14:06 hora local (18:06 GMT).
La NASA precisó que el fenómeno no estuvo relacionado con ninguna lluvia de meteoros activa y que se trató de un objeto natural. Asimismo, descartó que correspondiera a la reentrada de desechos espaciales o de un satélite.
De acuerdo con la agencia, la energía liberada durante la desintegración explica la intensidad de los estruendos percibidos por los habitantes de la zona. El meteoro viajaba a más de 120,000 kilómetros por hora y se encontraba a una altitud superior a los 60 kilómetros cuando se fragmentó.
Tras el evento, residentes del área reportaron sorpresa y preocupación por los fuertes ruidos. En redes sociales, varios usuarios señalaron que el estruendo fue tan intenso que provocó vibraciones en algunas viviendas.
Siete personas privadas de libertad murieron la madrugada del domingo durante un enfrentamiento registrado al interior de una cárcel de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, según informó la Secretaría de Seguridad local.
Las cárceles de Sinaloa albergan a numerosos integrantes del cártel de Sinaloa, organización criminal cuya pugna interna ha dejado más de 1,000 fallecidos desde 2024.
De acuerdo con las autoridades, la situación en el centro penitenciario de Culiacán, capital del estado, fue controlada. No obstante, se suspendieron las visitas familiares como medida preventiva.
Las facciones involucradas en el conflicto son conocidas como la “chapiza” y la “mayiza”, grupos afines a los históricos líderes del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, quienes permanecen encarcelados en Estados Unidos.
Las autoridades no detallaron las causas que originaron el enfrentamiento, pero informaron que se activó un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales para realizar una revisión exhaustiva dentro del penal.
Los centros penitenciarios mexicanos enfrentan problemas recurrentes de hacinamiento y, con frecuencia, son escenario de enfrentamientos entre integrantes de grupos criminales rivales.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
