Internacionales
Aún sigue abierta la herida de la peor masacre migrantes en México a 9 años del suceso
“Queremos un lugar seguro al cual llamar hogar», dice la voz en off de una mujer que representa a los migrantes asesinados en su camino por México para llegar a Estados Unidos. El 24 de agosto de 2010, el Ejército encontró en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos tirados bocabajo, eran 58 hombre y 14 mujeres.
Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados. Murieron de un disparado por la espalda. Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas habían secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU.
Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir. Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza.
Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.
Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.
Para Gary Moore, un periodista especializado en incidentes humanitarios internacionales que investigó sobre el caso en 2011, estos asesinatos son la mayor matanza registrada en un solo acontecimiento desde la Revolución Mexicana.
Hasta la fecha no hay condenados por la masacre. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo hace un año que había 11 procesados y una orden de aprehensión pendientes, pero ninguna sentencia por este delito de lesa humanidad.
En el octavo aniversario del asesinato, el gobierno otorgó una indemnización económica a una víctima directa y 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos. Jaime Rochín del Rincón, entonces comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que esto representaba el «reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre».
La indemnización económica forma parte del proceso de reparación del daño, una de las obligaciones internacionales que tienen el Estado mexicano con víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera medida para la búsqueda de justicia en este caso, pero hasta la fecha sigue inconcluso.
«Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron», dijo la salvadoreña Mirna Solórzano en 2017 al diario español El País.
Después de que los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando fueran encontrados se descubrieron 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio de Tamaulipas en 2011. Un año después se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.
La lucha de los familiares ha sido acompañada por la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, creada en 2011 con sede Ciudad de México y representantes en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para conmemorar el noveno aniversario de la masacre de San Fernando, la Fundación para la Justicia hizo un video donde recuerdan, entre otras cosas, que hay «más de 72 deudas con la verdad y la justicia». La voz en off continúa: «La gente no se pierde de este planeta, no se escapa por la estratósfera. Quien no está aquí, quien hace falta, quien está desaparecida, desaparecido, sólo puede estar en esta tierra, sólo nos puede hacer falta en esta tierra. Quienes caminamos aquí, no nos perdemos. Yo habito aquí en la memoria. Yo habito aquí hasta que me encuentren. Yo habito aquí en la tierra. Y ustedes habitan aquí rotos».
Consternación ha generado en Nicaragua la muerte de una niña de cuatro años, registrada el pasado 18 de agosto en la comunidad Denis Larios, municipio de Ticuantepe, Managua.
Según información difundida por medios oficialistas, las investigaciones preliminares señalan que la menor habría fallecido luego de que su madre, identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años, presuntamente la sumergiera en un balde con agua.
El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 6:40 de la tarde. Posteriormente, la niña fue trasladada a un centro hospitalario, donde se confirmó su fallecimiento.
Mairena fue detenida y presentada ante las autoridades por el delito de parricidio. De acuerdo con las versiones difundidas, la mujer presuntamente atravesaría un cuadro depresivo; sin embargo, esta circunstancia deberá ser determinada y valorada dentro del proceso correspondiente.
La investigación continúa y será la justicia la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes.
Ucrania anunció sanciones destinadas a limitar la difusión de la serie de animación infantil «Masha y el Oso», que narra las aventuras de una niña y un oso, al considerar que constituye un vehículo de propaganda rusa dirigido a los menores.
Kiev sostiene que la producción representa una herramienta de poder cultural en manos de Moscú y contribuye a proyectar una imagen positiva de Rusia, debido a que el oso pardo es utilizado con frecuencia como símbolo del país.
«Ucrania impuso sanciones contra los productores y distribuidores de la serie de animación rusa Masha y el Oso», afirmó este viernes la ministra de Cultura, Tetiana Berejna.
«La propaganda rusa no tiene cabida en las pantallas de los niños, ni en Ucrania ni en ningún otro lugar del mundo», agregó.
Según la funcionaria, las medidas establecen «una base legal para bloquear este contenido en Ucrania» y solicitar «a las plataformas internacionales que restrinjan su monetización y difusión».
Las sanciones adoptadas por Ucrania afectan, entre otros, a los creadores rusos de la serie y al estudio responsable de su producción, de acuerdo con un decreto publicado el jueves por la noche por la presidencia ucraniana.
El documento sostiene que la serie «transmite narrativas prorrusas disfrazadas de contenido infantil» y genera ingresos fiscales para Rusia.
A finales de junio, Ucrania ya había protestado por la decisión de Netflix de adquirir los derechos de dos nuevas temporadas y ampliar su licencia para esta serie de animación.
«Masha y el Oso» fue estrenada en 2009 por el estudio ruso Animaccord. La producción también se transmite en cadenas de televisión de todo el mundo y está disponible en YouTube.
Consultado este viernes sobre las sanciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que «Ucrania declaró la guerra a los dibujos animados».
«Masha y el Oso conquistaron al mundo entero» y únicamente promueven «las mejores cualidades humanas», afirmó.
Ucrania, que combate la invasión rusa a gran escala desde 2022, busca limitar la influencia cultural de Rusia mediante iniciativas orientadas a excluirla de ámbitos como el deporte, el cine y el arte.
Los ucranianos se han alejado de películas, series, libros y músicas rusas, que hasta entonces tenían una influencia considerable en el país.
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado más de 2,500 muertos y «avanza de forma exponencial», alertó este viernes Julien Harneis, coordinador principal para el ébola dentro de Naciones Unidas.
«La epidemia de ébola avanza de forma exponencial» y «se expande ampliamente: ya cubre una superficie superior a la de Francia», afirmó Harneis desde Bunia, en la RDC, durante una rueda de prensa transmitida en la ciudad suiza de Ginebra.
El funcionario precisó que, hasta el momento, la epidemia ha provocado «más de 2,500 muertos», de los cuales la mitad falleció «en los veinte últimos días».
«Su avance supera la rapidez de nuestra respuesta, se intensifica y se expande más rápido que los esfuerzos desplegados en toda la región», enfatizó Harneis.
En apenas tres meses, el brote ya superó en mortalidad al registrado entre 2018 y 2020 en el este de la RDC, considerado entonces el más mortífero de la historia del país. Durante ese periodo se contabilizaron 2,299 fallecidos de 3,381 casos confirmados, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), basadas en los reportes de las autoridades congoleñas.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica. Durante los últimos cincuenta años, la enfermedad ha causado más de 15,000 muertes en África.
Actualmente, no existe ninguna vacuna ni tratamiento específico aprobado contra la cepa Bundibugyo, responsable del brote actual, aunque hay ensayos clínicos en curso.
Esta semana se aprobó el envío a la RDC de un lote de 70,000 dosis de la vacuna Ervebo, homologada contra otra cepa del virus, Zaire, con el objetivo de evaluar su eficacia frente a la variedad Bundibugyo.
La respuesta sanitaria ha sido cuestionada por su lentitud y falta de organización, además de enfrentar la desconfianza de una parte de la población.
