Internacionales
Abuela metió a su nieta de 4 años en agua hirviendo por orinarse en el sofá; pasará 12 años en prisión
Una mujer en Indiana que se declaró culpable de de bañar a su nieta de 4 años con agua hirviendo por haberse orinado en el sofá cumplirá 12 años de cárcel.
Seguido del tiempo en prisión, Gretta Feil, de 50 años y residente en Lebanon, deberá completar cuatro años en probatoria por dos cargos de agresión agravada.
Los hechos por los que resultó convicta la mujer se reportaron en abril pasado cuando la menor estaba al cuidado de Feil.
“Las cicatrices físicas están sanando, y esperamos que esta sentencia hoy la ayude al proceso de sanación de las cicatrices emocionales”, dijo Heidi Jennings, fiscal de Víctimas Especiales del condado Boone.
Medios locales informaron que la mujer se supone que cuidara a la menor y a su hermano luego de recogerlos en la casa de su hijo en Alabama a principios de ese mes.
A finales de abril, la abuela fue arrestada luego que trabajadores de bienestar infantil detectaran quemaduras de tercer grado en el rostro, el cuero cabelludo y los genitales de la pequeña.
En principio, la menor dijo que se había quemado en el baño. Pero parientes indicaron a la Policía que la niña fue golpeada con un
rascador de espalda de madera y luego la mujer la llevó a bañarse.
La investigación reveló que la mujer puso a la víctima en la bañera luego de que se mojara por accidente u orinara en la cama y por cortar una parte del sofá.
La temperatura del agua a la que la niña fue sometida alcanzó los 132 grados en unos 15 segundos, y en 30 segundos, llegó a 137 grados.
De permanecer demasiado tiempo bajo agua, la menor pudo haber muerto.
Feil, quien se declaró culpable en septiembre, en principio alegó que su nieta se había quemado con unas cremas y lociones que se colocó en la piel.
Internacionales
Fiscalía de Milán pide cadena perpetua para salvadoreño acusado de feminicidio de Jhoanna Nataly Quintanilla
La Fiscalía de Milán solicitó este 20 de octubre la pena de cadena perpetua (ergastolo) para el salvadoreño Pablo González Rivas, de 50 años, acusado del feminicidio de su compañera, la salvadoreña Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, de 40 años.
Según la acusación, González Rivas habría asfixiado a Nataly la noche del 24 al 25 de enero de 2025, en el apartamento que compartían en la piazza dei Daini, zona Bicocca, en Milán. Posteriormente habría colocado el cuerpo en una maleta deportiva y lo arrojó al río Adda, donde fue hallado en marzo de 2025 en Zelo Buon Persico.
La fiscal Alessia Menegazzo pidió el ergastolo por homicidio voluntario agravado y ocultamiento de cadáver ante la Corte de Asís de Milán.
El caso conmocionó a la comunidad salvadoreña en Italia. La víctima era originaria de El Salvador y trabajaba como niñera. Su pareja confesó el crimen alegando un «juego erótico» que terminó mal, versión que la autopsia y la fiscalía desmintieron.
La familia de Nataly, su tía y su prima, viajaron desde El Salvador para constituirse como parte civil y exigen justicia.
Se espera que el tribunal de Milán dicte sentencia en los próximos días.
Internacionales
Guatemalteco recibe 30 años de cárcel por su papel en la tragedia de 53 migrantes en Texas
Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco por su participación en la operación de tráfico de migrantes que terminó con 53 muertos en San Antonio, Texas, en junio de 2022. La sentencia fue dictada este martes 20 de octubre por el juez Orlando García.
Miranda Orozco admitió haber organizado el viaje y alojamiento de tres personas que terminaron en el camión: dos fallecieron y una sufrió lesiones graves. Fue detenido en Guatemala en 2024 y extraditado a Estados Unidos en 2025. Posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con el ingreso irregular de migrantes con resultado de muerte y lesiones.
La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando un remolque con migrantes fue abandonado en una carretera de San Antonio. Según las autoridades, el sistema de aire acondicionado falló durante el recorrido desde Laredo. Dentro del vehículo murieron 48 personas y otras cinco fallecieron después en hospitales. Los traficantes cobraban hasta 15,000 dólares por persona para realizar el traslado.
El proceso también ha derivado en condenas contra otros integrantes de la red. Felipe Orduna Torres, identificado por los fiscales como uno de sus líderes en Estados Unidos, recibió prisión perpetua, mientras Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años. Otros involucrados, incluido el conductor del camión, permanecían pendientes de sentencia, de acuerdo con los reportes consultados.
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Ébola en RD del Congo: más de 9,400 casos y 4,500 muertes mientras el brote se extiende
La República Democrática del Congo acumulaba 9,415 casos de ébola y 4,536 fallecimientos al 16 de octubre, según el balance recogido por Reuters. Las cifras actualizan los más de 9,000 casos y 4,300 decesos mencionados en reportes anteriores y reflejan la gravedad del brote detectado en mayo de 2026.
La epidemia se extendió a una octava provincia, Ubangi del Norte, donde el Instituto Nacional de Investigación Biomédica confirmó dos casos, uno de ellos mortal. Su ubicación fronteriza con la República Centroafricana añade dificultades a la vigilancia sanitaria. Ituri continúa como el principal foco de transmisión dentro del territorio congoleño.
El brote es causado por el virus Bundibugyo, para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La transmisión ocurre mediante contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas, así como con materiales contaminados. La atención temprana y los cuidados de soporte pueden mejorar las posibilidades de supervivencia.
La respuesta sanitaria enfrenta dificultades para detectar rápidamente a los pacientes y dar seguimiento a sus contactos. La OMS advierte que las muertes fuera de los centros de tratamiento reflejan retrasos en el acceso a la atención. El control del brote requiere aislamiento y cuidado de los enfermos, protección del personal sanitario, entierros seguros y colaboración con las comunidades.
