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A sus 81 años fallece el expresidente argentino Fernando de la Rúa
A los 81 años, murió Fernando de la Rúa. El ex presidente estaba internado en grave estado en la clínica Fleming desde el 28 de enero. En las últimas horas su estado había empeorado a raíz de una descompensación cardíaca y renal.
La noticia fue confirmada por el presidente Mauricio Macri. «Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento», aseguró.
El ex mandatario había sido hospitalizado el 1° de enero en Pilar por un problema cardiovascular. Luego de ser sometido a una intervención quirúrgica, donde le colocaron tres stents, estuvo varios días en terapia intensiva. Y durante la internación, también se le realizó una traqueotomía para desvincularlo de la asistencia ventilatoria mecánica.
El ex jefe de Estado ya había tenido varios problemas coronarios. Durante su presidencia, en junio de 2001, fue sometido a una angioplastia.
Luego, en 2010 y 2014, fue intervenido por temas similares, mientras que en enero de 2016 pasó por el quirófano por un problema en la vejiga.
Su última aparición pública se dio en el marco de la cumbre del G20 que se realizó en noviembre pasado en la ciudad de Buenos Aires. El ex presidente participó de la gala que se llevó a cabo en el Teatro Colón.
De la Rúa fue presidente de la Argentina entre 1999 y 2001, cuando debió dejar su cargo inmerso en la peor crisis económica de la historia del país. El 19 de diciembre, el ex jefe de Estado declaró el estado de sitio y al otro día renunció a la presidencia, yéndose de la Casa Rosada en helicóptero, una imagen que quedará en la memoria de los argentinos para siempre.
De la Rúa dijo que tenía conciencia del «sufrimiento de la gente» y que sabía distinguir entre «los necesitados y los delincuentes». «La mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo», sentenció.
Minutos después de que se transmitiera el mensaje presidencial, los ciudadanos salieron espontáneamente a la calle a protestar con cacerolas y miles de personas llegaron a la Plaza de Mayo. Allí se desataron dos días de violencia y locura que terminaron con 39 muertos.
El 21 de diciembre, en su último acto de Gobierno, De la Rúa levantó el estadio de sitio. El Congreso de la Nación nombró como presidente provisional al titular del Senado, el peronista Ramón Puerta. Se abrió una grieta institucional en el país. A Puerta lo sucedieron Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Este último fue el que logró pacificar el país e instrumentar la transición hasta el 25 de mayo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner.
En su carta de renuncia a Ramón Puerta, De la Rúa afirmó: «Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un Gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al honorable Congreso que tenga a bien aceptarla».
Antes de llegar a la presidencia, el abogado había sido el primer jefe de Gobierno porteño, tres veces senador, una vez diputado y candidato a vicepresidente en 1973.
Su primera senaduría fue en 1973, cargo en el que estuvo hasta el golpe de Estado de 1976, cuando se retiró de la política para ejercer la abogacía representando a Bunge&Born. Con el retorno de la democracia, en 1983, le disputó la elección interna de la UCR a Raúl Alfonsín por la presidencia, perdiendo en manos de quien luego sería presidente hasta 1989.
A pesar de esto, en 1983 fue candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires y venció a Carlos Ruckauf, postulante del peronismo. Durante esos años, votó en contra de la ley del divorcio. En 1989 consigue renovar su banca pero en 1991 es candidato a diputado nacional, llegando así a la presidente del bloque del radicalismo en la Cámara baja. Rápidamente, en 1993, De la Rúa vuelve al Senado, tras imponerse en territorio porteño con más de 50% de los votos.
En 1994 se reforma la Constitución Nacional y allí se estableció que la ciudad de Buenos Aires pase a ser un territorio autónomo. Antes, el intendente lo elegía el presidente de turno pero con esta reforma se implementaría lo que hoy se conoce como jefe de Gobierno. En 1996, De la Rúa se postula para el cargo por la UCR y es electo con el 40% de los votos frente a Norberto Luis La Porta, del Frepaso, y Jorge Domínguez, peronista que era el intendente.
A partir de allí la carrera política del dirigente iría en ascenso. Cuando en 1997 se forma la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, coloquialmente conocida como La Alianza -la formaban varios partido políticos, aunque los más grandes eran la UCR y el Frepaso-, De la Rúa se ubica como el principal candidato a presidente para derrotar al peronismo en 1999. Acorde a lo establecido por la coalición, el postulante se definiría a través de una interna en todo el país. Fue así que en 1998, el entonces jefe de Gobierno compite con Graciela Ferndández Meijide -candidato del Frepaso- y se impone con el 62% de los votos, convirtiéndose así en candidato a presidente.
En las elecciones de octubre de 1999, en fórmula con Carlos «Chacho» Álvarez, De la Rúa obtuvo el 48,5% de los votos y consiguió una cómoda victoria frente a Eduardo Duhalde y Ramón Ortega, que se alzaron con el 38,09% de los sufragios. En tercer lugar quedó Domingo Cavallo con el 10,09%.
Una vez en el poder, lanzó un plan de ajuste feroz en el Estado y subió los impuestos a las clases medias y altas. El objetivo era controlar el gasto público y bajar las tasas de interés y para ello hubo un recorte de sueldo de entre el 8% y 20% a los empleados públicos, fuerzas de seguridad y empleados judiciales. También hubo despidos masivos y recortes de presupuesto en varias áreas.
En el 2000, el gobierno de De la Rúa debió acudir al Fondo Monetario Internacional y el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, negoció lo que se conoció como el blindaje, que fue presentado como un paquete de salvataje de 40 mil millones de dólares. Antes, en octubre, había renunciado el vicepresidente Álvarez, lo que agravó la situación política.
En el 2001 la crisis económica se deterioró, se disparó el riesgo país y los depósitos bancarios bajaron exponencialmente. La confianza de la gente y del mundo en las finanzas argentinas y en la presidencia estaba perdida. La reacción del Gobierno fue convocar a Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, quien anunció más recortes a los jubilados y empleados estatales y emitió deuda por tres mil millones.
En noviembre, se inicia la reestructuración de deuda conocida como Megacanje, pero la desconfianza y la falta de inversiones golpeaban fuerte al gobierno. La gente comenzó a retirar la plata del banco y para frenar esto Cavallo anunció el «corralito». A partir del 1 de diciembre, solo se permitía retirar 250 pesos en efectivo por semana y se prohibía enviar dinero al exterior, entre otras medidas.
Ante esto, el FMI endureció su posición y no envió los 1260 millones de dólares que debía prestar en el marco del «Blindaje». El argumento fue que Argentina no había alcanzado el déficit cero, tal como había prometido Domingo Cavallo. Así, el país entró en cesación de pagos y precipitó la caída del gobierno.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
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Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
