Internacionales
A sus 81 años fallece el expresidente argentino Fernando de la Rúa
A los 81 años, murió Fernando de la Rúa. El ex presidente estaba internado en grave estado en la clínica Fleming desde el 28 de enero. En las últimas horas su estado había empeorado a raíz de una descompensación cardíaca y renal.
La noticia fue confirmada por el presidente Mauricio Macri. «Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento», aseguró.
El ex mandatario había sido hospitalizado el 1° de enero en Pilar por un problema cardiovascular. Luego de ser sometido a una intervención quirúrgica, donde le colocaron tres stents, estuvo varios días en terapia intensiva. Y durante la internación, también se le realizó una traqueotomía para desvincularlo de la asistencia ventilatoria mecánica.
El ex jefe de Estado ya había tenido varios problemas coronarios. Durante su presidencia, en junio de 2001, fue sometido a una angioplastia.
Luego, en 2010 y 2014, fue intervenido por temas similares, mientras que en enero de 2016 pasó por el quirófano por un problema en la vejiga.
Su última aparición pública se dio en el marco de la cumbre del G20 que se realizó en noviembre pasado en la ciudad de Buenos Aires. El ex presidente participó de la gala que se llevó a cabo en el Teatro Colón.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/11/30202117/teatro-colon-g20-43.jpg?w=740&ssl=1)
De la Rúa fue presidente de la Argentina entre 1999 y 2001, cuando debió dejar su cargo inmerso en la peor crisis económica de la historia del país. El 19 de diciembre, el ex jefe de Estado declaró el estado de sitio y al otro día renunció a la presidencia, yéndose de la Casa Rosada en helicóptero, una imagen que quedará en la memoria de los argentinos para siempre.
De la Rúa dijo que tenía conciencia del «sufrimiento de la gente» y que sabía distinguir entre «los necesitados y los delincuentes». «La mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo», sentenció.
Minutos después de que se transmitiera el mensaje presidencial, los ciudadanos salieron espontáneamente a la calle a protestar con cacerolas y miles de personas llegaron a la Plaza de Mayo. Allí se desataron dos días de violencia y locura que terminaron con 39 muertos.
El 21 de diciembre, en su último acto de Gobierno, De la Rúa levantó el estadio de sitio. El Congreso de la Nación nombró como presidente provisional al titular del Senado, el peronista Ramón Puerta. Se abrió una grieta institucional en el país. A Puerta lo sucedieron Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Este último fue el que logró pacificar el país e instrumentar la transición hasta el 25 de mayo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner.
En su carta de renuncia a Ramón Puerta, De la Rúa afirmó: «Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un Gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al honorable Congreso que tenga a bien aceptarla».
Antes de llegar a la presidencia, el abogado había sido el primer jefe de Gobierno porteño, tres veces senador, una vez diputado y candidato a vicepresidente en 1973.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/12/18171639/Represion-incidentes-De-La-Rua-diciembre-de-2001-12.jpg?w=740&ssl=1)
Su primera senaduría fue en 1973, cargo en el que estuvo hasta el golpe de Estado de 1976, cuando se retiró de la política para ejercer la abogacía representando a Bunge&Born. Con el retorno de la democracia, en 1983, le disputó la elección interna de la UCR a Raúl Alfonsín por la presidencia, perdiendo en manos de quien luego sería presidente hasta 1989.
A pesar de esto, en 1983 fue candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires y venció a Carlos Ruckauf, postulante del peronismo. Durante esos años, votó en contra de la ley del divorcio. En 1989 consigue renovar su banca pero en 1991 es candidato a diputado nacional, llegando así a la presidente del bloque del radicalismo en la Cámara baja. Rápidamente, en 1993, De la Rúa vuelve al Senado, tras imponerse en territorio porteño con más de 50% de los votos.
En 1994 se reforma la Constitución Nacional y allí se estableció que la ciudad de Buenos Aires pase a ser un territorio autónomo. Antes, el intendente lo elegía el presidente de turno pero con esta reforma se implementaría lo que hoy se conoce como jefe de Gobierno. En 1996, De la Rúa se postula para el cargo por la UCR y es electo con el 40% de los votos frente a Norberto Luis La Porta, del Frepaso, y Jorge Domínguez, peronista que era el intendente.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/12/15163927/de-la-rua-helicoptero-01.jpg?w=740&ssl=1)
A partir de allí la carrera política del dirigente iría en ascenso. Cuando en 1997 se forma la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, coloquialmente conocida como La Alianza -la formaban varios partido políticos, aunque los más grandes eran la UCR y el Frepaso-, De la Rúa se ubica como el principal candidato a presidente para derrotar al peronismo en 1999. Acorde a lo establecido por la coalición, el postulante se definiría a través de una interna en todo el país. Fue así que en 1998, el entonces jefe de Gobierno compite con Graciela Ferndández Meijide -candidato del Frepaso- y se impone con el 62% de los votos, convirtiéndose así en candidato a presidente.
En las elecciones de octubre de 1999, en fórmula con Carlos «Chacho» Álvarez, De la Rúa obtuvo el 48,5% de los votos y consiguió una cómoda victoria frente a Eduardo Duhalde y Ramón Ortega, que se alzaron con el 38,09% de los sufragios. En tercer lugar quedó Domingo Cavallo con el 10,09%.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/02215724/Fernando-De-La-Rua-6.jpg?w=740&ssl=1)
Una vez en el poder, lanzó un plan de ajuste feroz en el Estado y subió los impuestos a las clases medias y altas. El objetivo era controlar el gasto público y bajar las tasas de interés y para ello hubo un recorte de sueldo de entre el 8% y 20% a los empleados públicos, fuerzas de seguridad y empleados judiciales. También hubo despidos masivos y recortes de presupuesto en varias áreas.
En el 2000, el gobierno de De la Rúa debió acudir al Fondo Monetario Internacional y el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, negoció lo que se conoció como el blindaje, que fue presentado como un paquete de salvataje de 40 mil millones de dólares. Antes, en octubre, había renunciado el vicepresidente Álvarez, lo que agravó la situación política.
En el 2001 la crisis económica se deterioró, se disparó el riesgo país y los depósitos bancarios bajaron exponencialmente. La confianza de la gente y del mundo en las finanzas argentinas y en la presidencia estaba perdida. La reacción del Gobierno fue convocar a Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, quien anunció más recortes a los jubilados y empleados estatales y emitió deuda por tres mil millones.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/02215844/Fernando-De-La-Rua-17.jpg?w=740&ssl=1)
En noviembre, se inicia la reestructuración de deuda conocida como Megacanje, pero la desconfianza y la falta de inversiones golpeaban fuerte al gobierno. La gente comenzó a retirar la plata del banco y para frenar esto Cavallo anunció el «corralito». A partir del 1 de diciembre, solo se permitía retirar 250 pesos en efectivo por semana y se prohibía enviar dinero al exterior, entre otras medidas.
Ante esto, el FMI endureció su posición y no envió los 1260 millones de dólares que debía prestar en el marco del «Blindaje». El argumento fue que Argentina no había alcanzado el déficit cero, tal como había prometido Domingo Cavallo. Así, el país entró en cesación de pagos y precipitó la caída del gobierno.
Los abogados del ex mandatario estadounidense Donald Trump interrogan nuevamente a David Pecker, ex editor de The National Enquirer, con el propósito de desacreditar el testimonio del principal testigo de la Fiscalía en el juicio por “dinero en secreto”. El ex jefe de Estado está acusado de falsificar registros comerciales para ocultar dinero que habría pagado para silenciar a dos mujeres durante su campaña presidencial en 2016.
La defensa de Trump buscó este viernes socavar el testimonio de Pecker de que la práctica de un tabloide ayudó a enterrar historias vergonzosas sobre Trump como “parte de un plan” para colaborar en la campaña republicana de 2016.
David Pecker, ex editor del National Enquirer, regresó al estrado de los testigos por cuarto día consecutivo mientras los abogados defensores intentaban encontrar lagunas en su testimonio sobre los esfuerzos de su tabloide para proteger a su viejo amigo.
El testimonio de Pecker es crucial para los fiscales, quienes alegan que el esfuerzo fue una forma de influir ilegalmente en las elecciones de 2016.
Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Trump están tratando de demostrar que cualquier trato que Trump haya tenido con Pecker tenía como objetivo proteger a Trump, su reputación y su familia pero no su campaña.
Pecker ha testificado que tramó un plan con Trump y el entonces abogado del ex mandatario Michael Cohen, en agosto de 2015, para que el National Enquirer ayude en la campaña presidencial de Trump.
Pero, al ser interrogado por el abogado de Trump, Emil Bove, Pecker reconoció que en esa reunión no se mencionó el término “atrapar y matar”, que describe la práctica de los tabloides que compran los derechos de las historias para que nunca vean la luz del día.
En la reunión tampoco se discutió ninguna “dimensión financiera”, como que el National Enquirer pagara a personas en nombre de Trump por los derechos de sus historias, dijo Pecker.
Bove también confrontó a Pecker con las declaraciones que hizo a los fiscales federales en 2018 que, según el abogado defensor, eran “inconsistentes” con el testimonio del ex editor a principios de esta semana. Pecker testificó anteriormente que Trump le agradeció durante una visita a la Casa Blanca en 2017 por su ayuda.
Sin embargo, según notas citadas por Bove en el tribunal, Pecker había dicho previamente a las autoridades federales que Trump no le expresó ningún agradecimiento durante la reunión.
Pecker se ciñó a la historia que contó en el tribunal. “El FBI observa que alguien que está escribiendo aquí podría estar equivocado”, dijo; y agregó: “Sé cuál es la verdad”.
El contrainterrogatorio de Pecker culmina una semana trascendental en los casos penales que enfrenta el ex presidente mientras compite por recuperar la Casa Blanca en noviembre.
“Disgustado”
Este jueves, David Pecker recordó a un iracundo Donald Trump llamándole un día después de que The Wall Street Journal publicara un artículo poco antes de las elecciones de 2016 que denunciaba el pago de USD 150.000 del tabloide National Enquirer a Karen McDougal por los derechos de la historia de la ex modelo de Playboy que afirmaba haber tenido un affaire con el candidato presidencial.
“Donald Trump estaba muy disgustado, diciendo: ‘¿Cómo ha podido pasar esto? Creía que lo tenías bajo control. O tú o uno de los tuyos filtró la historia’”, declaró Pecker. Dijo que le respondió a Trump que tal vez McDougal o alguien relacionado con ella había avisado al Journal. “Nuestra llamada terminó muy abruptamente. No se despidió, lo que fue muy inusual”, testificó Pecker.
El periodista declaró también que la respuesta del propietario del National Enquirer, American Media, al Journal de que la compañía “no había pagado a gente para matar historias perjudiciales sobre el señor Trump” era mentira. “Quería proteger a mi empresa, quería protegerme a mí mismo y quería también proteger a Donald Trump”, explicó Pecker en el estrado.
Poco después, el tribunal hizo una pausa para almorzar y Trump abandonó la sala sin dirigirse a los periodistas en el pasillo.
Escépticos sobre la inmunidad
Por otro lado, en Washington, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró el jueves escéptico ante el pedido de Donald Trump para gozar de inmunidad judicial absoluta por haber sido presidente del país, pero hubo jueces que se inclinaron por no resolver totalmente el asunto y devolverlo a tribunales inferiores.
En una audiencia histórica de más de dos horas, los nueve magistrados (seis conservadores y tres progresistas) interrogaron al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la potencial inmunidad del republicano.
El alto tribunal debe decidir si debe anularse el juicio pendiente en un tribunal federal de Washington sobre Trump por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio. La mayoría de los jueces se mostraron escépticos al pedido de Trump de inmunidad absoluta al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas y no aquellas que tienen carácter personal.
Pero también hubo magistrados conservadores críticos con el manejo del caso por parte de la Fiscalía y sugirieron que podrían devolver el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para determinar si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado.
Tres carabineros fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile, víctimas de una emboscada el día en que se conmemora el aniversario de la institución policial, en el peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas de orden en la zona.
«Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros», informó en su cuenta de X el presidente Gabriel Boric, que se trasladó a la zona junto a una gran comitiva de autoridades.
Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 km al sur de Santiago.
La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.
El atentado ocurrió el día en que Carabineros, la policía militarizada chilena, celebra su aniversario 97.
«No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar», dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.
Las actividades conmemorativas en todo Chile se cancelaron tras los asesinatos y el presidente Boric declaró tres días de duelo oficial.
El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de «usurpación violenta de predio», hurto y «atentado contra la autoridad» a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.
Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.
«Terrible crimen»
Según relató a la prensa la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, «se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros».
«Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados», agregó Tohá, que también viajó a la zona.
La camioneta en que se trasladaban los policías era blindada. Los cuerpos fueron hallados en la parte posterior del vehículo y habrían sido dejados allí tras recibir ráfagas de disparos en la ruta, donde cayeron abatidos, de acuerdo a la investigación preliminar.
«Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen», aseguró Boric, quien calificó a los autores del este triple asesinato como «terroristas».
Junto con Boric, en una señal de unidad institucional, viajaron a la ciudad de Concepción los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios, y el presidente de la Corte Suprema.
«Acá no hay fisuras; somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena en contra de esos delincuentes, en contra de esos terroristas que hayan cometido este asesinato que enluta a todo el país», agregó el mandatario.
Al arribar a Concepción, Boric informó que no descarta convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el más alto organismo consultivo en estas materias.
En Santiago, en tanto, centenares de personas se reunieron en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, para protestar por el asesinato de los tres policías.
Boric decretó hace casi dos años la militarización de la provincia de Arauco, junto a otras localidades de la vecina región de la Araucanía, en un intento de contener los frecuentes ataques incendiarios registrados allí, sobre todo en contra de las actividades de la industria forestal.
Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión de Boric, en marzo de 2022.
Algunas comunidades radicales mapuches reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales. En la zona también se han desbaratado a bandas dedicadas al robo de madera.
Unos diez mil militantes y simpatizantes socialistas de toda España, según fuentes del partido, se congregaron este sábado (27.04.2024) en los alrededores de la sede central del PSOE en Madrid, para demostrar su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su decisión de reflexionar durante cinco días sobre su futuro al frente del Ejecutivo.
La concentración, en la que se oyeron gritos de «Pedro quédate» y «democracia sí, fascismo no», coincidió con la celebración del Comité Federal de la formación, máximo órgano del partido entre congresos, al que no asiste Sánchez, a pesar de ser su secretario general, y que tenía en un principio como objetivo ratificar la lista para las elecciones europeas del 9 de junio, encabezada por la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera. «Pedro, merece la pena, quédate, contamos contigo para los grandes desafíos que tenemos que superar juntos», dijo la ministra de Transición Energética.
En la inauguración del mitin, transmitido a través de pantallas instaladas en la calle, la vicesecretaria general del partido y también vicepresidenta del Gobierno, María José Montero, denunció la «guerra sucia» contra Sánchez y su familia por el Partido Popular y asociaciones de extrema derecha, comparándolo con fenómenos y campañas que tuvieron lugar en Brasil, Estados Unidos, Argentina y «muchos países europeos». «Begoña, compañera, estamos todas contigo», dijo en referencia a la esposa de Sánches. «Las mujeres sabemos lo que cuesta construir una carrera profesional, ser miradas siempre con lupa y exigirnos siempre más», añadió.
El Comité se reconvirtió en una reunión de apoyo al presidente del Gobierno, que el pasado miércoles comunicó, en una carta a la ciudadanía, su intención de retirarse a reflexionar sobre si merecía la pena continuar en el cargo después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia presentada contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. El denunciante es el autodenominado sindicato «Manos Limpias», de ultraderecha, cuyo secretario general, Miguel Bernad, admitió poco después que su acción se basó en informaciones periodísticas que no había comprobado y cuya veracidad deberán, dijo, investigar los jueces.
El PP y Vox acusan a Pedro Sánchez de victimizarse y montar «un espectáculo» que avergüenza al país a nivel internacional, desviar la atención de sospechas de corrupción y de hacer una campaña electoral en vísperas de varias elecciones
