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Uso de mascarillas disminuye síntomas de gravedad en pacientes asmáticos
El uso de la mascarilla, popularizado en los dos últimos años a raíz de la pandemia, ha ayudado a que las consultas y la gravedad por crisis asmáticas disminuyan, de acuerdo con el doctor Óscar Benítez, neumólogo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Esto se debe a que la exposición ambiental de los pacientes con asma ha sido minimizada por el uso de esta medida de prevención y control del virus.
«El uso de la mascarilla reduce significativamente la exposición ambiental y, por lo tanto, las crisis asmáticas. En los últimos dos años han disminuido notablemente en las unidades de emergencias del ISSS. Tomemos en cuenta que el factor ambiental es el principal desencadenante de exacerbaciones asmáticas», dijo el médico.
Los datos oficiales proporcionados por el especialista especifican que la población actual en el ISSS en la especialidad de neumología es de 25,086 derechohabientes; de estos, 10,220 pacientes corresponden a la población asmática, es decir, de toda la consulta, el 40.7 % corresponde a pacientes asmáticos.
De acuerdo con Benítez, al combinar la disciplina que el paciente tiene, el uso de la mascarilla y un esquema de vacunas pertinente, la persona se aleja de complicaciones generadas no solo por su condición de asmática, sino también por las complicaciones que podría generar la COVID-19.
«El paciente asmático en El Salvador tiende a presentar síntomas de leves a moderados. Realmente, el paciente disciplinado controla bien la enfermedad. En el paciente asmático bien controlado el riesgo de complicaciones asociadas a la COVID-19 es menor. Así que es bien poca la crisis asmática que hemos estado viendo en los últimos dos años. Es importante recalcar que esta población debe contar con dos o tres dosis, como mínimo, de vacunas anti-COVID-19, también con la del neumococo y la influenza», enfatizó Benítez.
El médico agregó que los principales desencadenantes de exacerbaciones son los cuadros gripales y la exposición a aeroalérgenos; por ende, el paciente con asma debe evitarlos a toda costa, y en caso de adquirir una infección, consultar de inmediato.
«Lo más importante cuando un paciente asmático contrae COVID-19 es que tenga una estrecha relación con su médico tratante; segundo, continuar su tratamiento de base para el asma bronquial y, tercero, iniciar tratamiento para la COVID19 en el momento oportuno. Ante cualquier complicación que se presente, debe ir a uno de los diferentes griparios del ISSS», dijo Benítez.
Por otra parte, con respecto a la tasa de mortalidad por esta enfermedad, el doctor compartió que, de acuerdo con las estadísticas establecidas en el «Global Burden of Disease Study», a escala mundial se registra una disminución del 59 % debido a las mejoras en el tratamiento en los últimos años.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
